En el Estado Bolívar pareciera que la supervisión para los colegios privados no existe y si existe será solo de nombre. Aquí se dan los casos más insólitos. Por ejemplo hay instituciones que cobran un aumento hasta del 100 por ciento en las tarifas a la hora de registrar a los estudiantes, es decir en julio. Luego el Ministerio del Poder Popular para la Educación por decisión central, declara ilegal como tiene que ser, el cobro realizado y la única sanción al comerciante propietario de la marca, es que devuelva el dinero a los padres y representantes, lo cual se cumple en octubre o noviembre, pero sin ningún interés. Es decir que los intereses generados por la suma depositada por parte del o los propietarios del colegio, se queda en casa y el usuario salió trasquilado.
Pero lo peor se ha presentado con una unidad educativa privada, cuyo nombre nos reservamos para suministrarlo a las autoridades en caso que se interesen. Nos reservamos el nombre, porque se trata de una marca que identifica a un colectivo de niñas, niños y adolescentes, que de alguna manera pudieran verse afectados si encuentran el nombre de su colegio, porque así lo asumimos cuando estudiamos, inmerso en una cuestión vergonzosa.
Se trata de las maniobras del propietario de ese instituto para sacar del bolsillo de los representantes la multa que le impuso el Instituto Venezolano del Seguro Social, por estar en mora con la seguridad de los venezolanos. El ciudadano en cuestión descuenta las cotizaciones del IVSS a trabajadoras y trabajadores de la institución, pero no los deposita a la cuenta de la seguridad social, sino en su cuenta particular.
Por esta actividad delictiva la institución gubernamental le aplicó una multa, que ahora este propietario pretende sacarla a los padres y representantes imponiéndoles una cuota especial de 600, para poder inscribir a sus representantes o de lo contrario no hay cupo. Por otro lado, un docente de su confianza se ha encargado de intimidar en las aulas a los estudiantes, haciéndoles saber que puede haber “sorpresitas “para fin de año, para los hijos de quienes denunciaron la arbitrariedad. En otras palabras puede haber aplazados, por represalias.
Pero hay otras irregularidades que muchos no se atreven a denunciar por temor a represalias, como es el caso de que allí los proyectos pedagógicos siempre son para beneficio de la unidad educativa, ya sea para pintar el edificio, ambientar espacios, reparar pupitre o cualquier actividad que representa ahorros para el propietario, por cuanto todos los materiales los deben proveer los alumnos. Cada fin de año, pretende que los estudiantes, pinten y reparen los pupítres y demás útiles, lo cual es solicitado, con la insinuación que de allí depende la nota.
Es una situación insoportable, que la inmensa mayoría calla por lo que representa buscar cupo en las instituciones tanto públicas como privadas, que están copadas. Otra situación es que la comunidad educativa la maneja la dirección del instituto, quien establece las cuotas. Todos los años cobran 50 bolívares, para la dotación del carnet y nunca lo entregan.
Pero también las usuarias y usuarios de este servicio acceden a las peticiones económicas, porque el ciudadano propietario, los persuade que de lo contrario va a cerrar al colegio y los 2000 estudiantes que allí cursan estudios quedarían en la calle.
Es una irregularidad que las autoridades educativas deben investigar, en esta unidad educativa, ubicada en la parroquia Agua Salada del Municipio Heres del Estado Bolívar. Allí también saltándose la LOPNA a la torera, expulsan de clase al estudiante, hasta por una deuda de cinco bolívares que tenga su representante con la administración o si por alguna circunstancia no tiene correctamente cortado el cabello. En fin allí no se respeta nada. Por eso la pregunta es: ¿Donde está la supervisión de los colegios privados?
Periodista*
CNP 2414 cd2620@gmail.com