Vivimos en un Estado de Derecho y Justicia Social, pero los hechos contradicen en parte esta afirmación, y es el caso de los privados de libertad sin el debido proceso, criminalizando las luchas, abriendo expedientes judiciales fraudulentos, y entre estos casos está el caso de Rodney Álvarez y Rubén González, a los cuales solo daré la referencia a dos enlaces url a continuación de breves reseñas audiovisuales de los mismos:

Explicación sobre el caso de Rodney Álvarez

https://www.aporrea.org/trabajadores/n350144.html

Explicación sobre el caso de Rubén González

https://www.aporrea.org/trabajadores/n334997.html

pero lo que nos ocupa es si este gobierno es autoritario o tiene rasgos autoritarios, para ser autoritario tendría que abandonar por completo el estado de derecho y de justicia que consagra nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en muchos aspectos la reivindica, y sus leyes. Pero autoridades y funcionarios han criminalizado la protesta de los trabajadores y del pueblo. Estoy convencida que era necesaria una Ley Contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en función de enfrentar una dirigencia de ultraderecha que convoco al fascismo entre sus seguidores, con saldo de hombres quemados vivos y fallecidos, odio hacia quienes no piensen igual que ellos, de otras posiciones políticas, lanzándoles objetos desde lo alto de los edificios produciendo fallecidos, quema de lugares públicos con gente adentro como guarderías, centros de salud y centros de organismos públicos. Así como la propaganda de guerra que genera ese odio sin sentido. Entes que desistieron de hacer política a través del argumento y el debate para conseguir votos. Por el contrario su base social está apoyada en personas disociadas producto de la guerra económica y el descontento natural por las políticas públicas y el natural rechazo que produce el desgaste de un gobierno en funciones.

No es razonable que se criminalicen las luchas genuinas, no fascistas, del pueblo trabajador, que se le invente un expediente judicial a un trabajador y peor aún que no se le siga juicio oportuno, caso de Rodney Álvarez. Pero no es un caso aislado resulta que ya son muchas las protestas de los trabajadores que terminan con decenas de trabajadores privados de libertad.

Es una política de Estado amedrentar a los trabajadores para dividirlos y debilitar sus luchas, o es el accionar de sus aparatos represivos y quienes los dirigen son autoridades subalternas. Es una pregunta o una respuesta expresa.

Yo opino que el gobierno no es autoritario, si no que tiene rasgos autoritarios. Las redadas en los barrios, buscando delincuentes, ofrecen víctimas que no están ligadas a ninguna banda delincuente, pero se reseña como delincuente, al fin y al cabo, fue un enfrentamiento, la palabra de los descalzos contra la palabra de los funcionarios. Difícil tener periodistas capaces de cubrir dichos enfrentamientos, para dar una voz imparcial.

Es cierto, que el Gobierno ha sido señalado con cifras abultadas de asesinatos extrajudiciales, pero tengo la referencia cierta y comprobable de por lo menos un evento donde varios jóvenes desarmados fueron asesinados frente a su familia. Es necesario que la comisión de la verdad asuma estos casos, con total responsabilidad. Porque si bien el Estado es de Justicia y de Derecho, la aplicación de la justicia adolece del debido proceso y un exceso de abuso de autoridad y crimen, en hechos muy puntuales, que deben corregirse, por qué puede salirse de control tanta impunidad.