Reseña de la lucha ambientalista desarrollada en El Valle del Río Mucujún, frente a la pretensión de construir 15.000 mts. de infraestructura entre las quebradas La Cuesta y La Valencia, para el funcionamiento de un Distrito Tecnológico adscrito a AIT-PDVSA.

 I. Haciendo memoria en El Valle

El Valle del Río Mucujún queda al norte de la meseta de Mérida, y es la principal fuente de agua potable de la ciudad. El régimen de administración especial que rige esta zona protectora fue la conquista de importantes luchas populares libradas en defensa del ambiente y contra los apetitos de poderosos intereses económicos, muchas veces ligados a la clase política. En el año de 1982, la población de El Valle se movilizó y logró frustrar la construcción de un complejo militar en una zona ubicada a escasos metros de la quebrada La Valencia y la toma de agua del acueducto de la quebrada La Cuesta. Junto con la toma del Río Mucujún, estas dos tomas surten el 80% del agua consumida en Mérida. En 1985 se crea por decreto presidencial la Zona protectora, y el año siguiente su Reglamento de uso, luego de que la comunidad de El Valle, especialmente la de El Playón, enfrentara con tenacidad unos ambiciosos planes ganaderos que contaban con el apoyo del alto gobierno nacional, logrando en efecto revertir la situación y consagrar la protección legal de la subcuenca del Mucujún. El reglamento reconoce y establece claramente la vocación productora de agua del área, e impide legalmente realizar desarrollos que no estén en sintonía con esta vocación. Cabe mencionar que el gobierno adeco del momento manipuló a miembros de las comunidades ubicadas al norte de El Playón, bajo los argumentos de que quienes defendían el ambiente estaban en contra del desarrollo y el progreso de la zona, apoyando la formación, con miembros de esas comunidades, de grupos de choque para que disolvieran las protestas populares, en las que participaban también estudiantes universitarios y sectores progresistas de la ciudad de Mérida. Este enfrentamiento entre distintas comunidades de la zona fue llamado "La guerra del Valle".

Desde ese entonces, las autoridades del Ministerio del Ambiente y la Guardia Nacional, encargados de velar por el cumplimiento del Reglamento de uso, han sido en gran medida negligentes, permitiendo que los capitales burlen las disposiciones legales, particularmente en lo que se refiere a desarrollos hoteleros. Sin embargo, el reglamento ha sido más de una vez un instrumento eficaz, junto con la movilización popular, para impedir el urbanismo desmesurado que los capitalistas de la construcción ansían, destacándose la paralización de un gran proyecto de viviendas adelandado por la poderosa constructora Grespan, a finales de los años 90. Este proyecto estaba destinado a realizarse en tierras cercanas al sector Los Pinos, sector donde se ubican las ruinas de un par de casetas y algunas calles, abandonadas a medio construir en 1982 por la Fuerza Armada Nacional.

II. El proyecto de construir el Distrito Tecnológico de AIT-PDVSA en la Zona Militar

En septiembre de 2006, se instala en la Hospedería San Javier del Valle un equipo comisionado por la Dirección de Automatización, Informática y Telecomunicaciones de PDVSA (AIT-PDVSA), para desarrollar el proyecto de una sede definitiva para un Distrito Tecnológico (DT), encargado de realizar investigación científica y tecnológica al servicio de los requerimientos de la industria petrolera nacional.

La gerencia del proyecto de DT escoge el área de la Zona Militar, en el Sector Los Pinos, para construir su sede, luego de evaluar otras siete opciones. De acuerdo con esa gerencia, "resultó la mejor opción técnico-económica"(1). Desconocemos los términos económicos del acuerdo planteado entre la Gobernación del Estado Mérida, propietaria del terreno, la Fuerza Armada Nacional, quien posee el comodato del terreno, y AIT-PDVSA. Pero estamos seguros de que hubiera resultado difícil encontrar una peor opción desde el punto de vista legal o ambiental. Una mínima asesoría en estas áreas habría ahorrado a PDVSA los cuantiosos recursos humanos y materiales empleados durante meses en una campaña ciega a favor de la instalación del DT en la Zona Militar.

De acuerdo con la propaganda difundida por la gerencia que promueve el proyecto, se trata de 15.000 mts de construcción, distribuidos en siete edificaciones: Oficina de Gerencia y Estudios Sociales, Oficina de Proyectos y Estudios Tecnológicos, Laboratorios de Tecnologías no contaminantes (sic), Cocina y comedor, Centro de Formación Ambiental, Centro de Información, y Salas de confrontación de ideas.(2)

De acuerdo con el Reglamento de uso, en su artículo 53: "No se permitirá el establecimiento de nuevos desarrollos urbanísticos, excepto aquellos permisados antes de la promulgación del presente Reglamento a objeto de mantener el carácter rural de la cuenca".

Si bien se permiten actividades científicas, el reglamento explícitamente establece que se trata de actividades de campo, que no requieren la edificación de nueva infraestructura, o actividad científica de carácter "comunal complementario" al uso residencial rural.

La Ley de Aguas, en el numeral 2 del artículo 54, establece como zona protectora de cuerpos de agua "la superficie definida por una franja de trescientos metros a ambas márgenes de los ríos, medida a partir del borde del área ocupada por las crecidas correspondientes a un período de retorno de dos coma treinta y tres (2,33) años."

El lugar escogido por la gerencia del proyecto se encuentra a escasos 30 mts de la quebrada La Valencia.

En el artículo 65 de esta misma ley se lee: "Toda persona que se crea con derecho o causa justificada podrá oponerse al otorgamiento de las concesiones, asignaciones y licencias de aprovechamiento de aguas y licencias de vertido. Son causales fundamentales para la oposición:

(...) - Afectación al ambiente y generación de impactos ambientales y socioculturales irreversibles.

- Estar en contraposición con los planes de ordenación territorial."

Un videoclip promocional de la gerencia a cargo del proyecto anuncia que el consumo de agua de las instalaciones del DT sería de 1 litro por segundo, (86.400 lts. diarios). El comité Pro Defensa del Mucujún observa que "aún descontando el agua destinada a riego y pérdidas por evaporación, (estos volúmenes) deben producir todavía un respetabilísimo volumen de desecho".(3)

Adicionalmente, esta propaganda audiovisual de PDVSA anuncia la ampliación de la carretera del sector Los Pinos, que da acceso a la zona militar. Efectivamente, el día 5 de Junio un equipo técnico realiza mediciones en la carretera, y su tarea es interrumpida por una comisión del Ministerio del Ambiente, por no contar con los permisos requeridos. En una reunión con un consejo comunal de la zona, el día 6 de Junio, personal de PDVSA anuncia la construcción de un estacionamiento en la zona militar. Se trata de un proyecto inacabado, según confesión de sus promotores, en el que, a medida que se afinan los detalles, cada vez mayores trasgresiones al ambiente y a la ley se hacen evidentes.

III. La campaña de Carlos Castellano

Las características de la campaña promocional del proyecto de AIT-PDVSA se explica parcialmente por la imposibilidad legal, en el orden ambiental, de construir el Distrito Tecnológico en el lugar escogido para ello.

El primer paso estratégico del gerente Carlos Castellano consistió en desembarazarse de sus socios iniciales en el proyecto, Fundacite y Cenditel, dos instituciones relacionadas con las áreas de investigación que el DT pretende desarrollar. En una reunión realizada el 29 de Marzo de 2007, representantes de estas instituciones y el DT acordaron conformar comisiones para evaluar el impacto social, ambiental y económico del proyecto en el lugar escogido. Los responsables del DT no se presentaron a la próxima reunión, el 16 de Abril, ni a ninguna otra reunión pautada a tal efecto, y las comisiones que debían evaluar el impacto del proyecto nunca se conformaron.

Es en este contexto que Carlos Castellano lanza una agresiva campaña para ganar el aval de los consejos comunales de la zona para un proyecto del cual sólo existen líneas muy gruesas. Se trata de una campaña para darle un baño de popularidad a un proyecto sin visos de legalidad.

Castellanos comienza por citar a título personal a miembros de distintos consejos comunales, para exponerles sus intenciones; algunos de ellos le explican los impedimentos legales para la realización del proyecto en la Zona Militar. En lo sucesivo estas personas no serán invitadas por la gerencia del DT a las reuniones para la discusión del proyecto.

La gerencia participa junto con el Ministerio del Ambiente en la promoción de una "readecuación" del Reglamento de uso vigente, una gestión cuyo interés no está oculto para nadie.(4) La primera reunión abierta en la que se exponen las intenciones de Castellano a las comunidades de El Valle se realiza en San Javier, donde se hospeda el equipo de AIT-PDVSA, pero, curiosamente, un gran cartel anuncia que se trata de un acto de "ratificación" del apoyo a la construcción de las instalaciones en el Valle. Como un ingrediente fundamental de la campaña, Castellano hablará a nombre de un Distrito Tecnológico Social, realizando un amplio inventario de los apremios sociales de las comunidades, en el entendido de que la instalación de PDVSA significará la solución de todos estos problemas. En reunión realizada el 15 de Agosto, el gerente general de AIT-PDVSA y superior directo de Carlos Castellano, el gerente Ober Manrique, le aclararó a algunos miembros del Comité Pro Defensa del Mucujún que AIT no ha conformado aún un Distrito Social en Mérida, que tan sólo existe el proyecto de instalar un Distrito Tecnológico con fines de investigación.

Los avales del Sr. Castellanos fueron comprados con moneda falsa.

Una nota publicada por aporrea.org da una muestra del tipo de agenda que se desarrolló en las reuniones con los consejos comunales:

"En la referida asamblea con la autoridad local de Pdvsa, la comunidad y el NUDES, sugirieron a la estatal petrolera que asuma el costo del proyecto, el cual involucra el mejoramiento del servicio y alumbrado vial. Asimismo la recuperación de la vialidad, el sistema de tratamiento para aguas residuales, educación y salud. El Parque Domingo Peña, ahora convertido en "el Centro Comunitario Domingo Peña", también se encuentra entre las solicitudes para ser recuperadas por parte del ente estatal."(5) La nota también reseña proyectos de tipo ambiental, como viveros.

En una dinámica propia del populismo salvaje de la derecha venezolana, se presentan todos estos beneficios sociales como las afortunadas contraprestaciones que seguirán a la instalación del DT en la zona.

IV. Manipulación mediática

En una nota de la Agencia Bolivariana de Noticias (31-7-07) se puede leer lo siguiente:

"Los consejos comunales de la microcuenca del río Mucujún, estado Mérida, se sumaron al esfuerzo del Ejecutivo Nacional para convertir esta entidad en un centro productor de conocimiento con la creación del Distrito Tecnológico Social de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la zona de El Valle. El funcionario (Florencio Ramírez, director de participación ciudadana de la Gobernación de Mérida,) aseguró que los consejos comunales de la zona se han informado acerca de las consecuencias ambientales que implicará el desarrollo del proyecto y han manifestado su apoyo al mismo, debido a los beneficios que traerá la plena ejecución de la propuesta. (...) Una vez analizada la propuesta en todas sus dimensiones, así como el verdadero impacto ambiental que traerá el desarrollo del proyecto, en mesas de trabajo con los consejos comunales; los miembros de las organizaciones populares parecen haber aprehendido los beneficios del mismo."(6)

Esta joya de la manipulación mediática es digna de los momentos más inspirados de la prensa privada venezolana. Lamentablemente la publicación no es El Nacional, sino la oficial ABN. Cabe aclarar algunos puntos:

1) Se habla de "los consejos comunales" sugiriendo un apoyo unánime a la instalación de el DT en la zona militar. Esta unanimidad, pese al populismo y los chantajes, nunca existió.

2) Se plantea que se trata de un proyecto del Ejecutivo Nacional.

3) Es imposible que los consejos comunales se hubieran informado del "verdadero impacto ambiental" del proyecto, por cuanto la gerencia a cargo del mismo no ha realizado hasta el momento ningún estudio de impacto ambiental. El volante promocional del DT editado en agosto aún plantea esta como una tarea pendiente.

4) En virtud de esto, el proyecto no pudo haber sido analizado "en todas sus dimensiones".

5) Lo único cierto en la nota es que el funcionario Florencio Ramírez funge como promotor del DT, y que el apoyo conseguido en un importante número de consejos comunales se ha ganado con la promesa de "los beneficios que traerá la plena ejecución de la propuesta".

Esta es apenas una muestra de una política comunicacional sistemática, que tendrá entre sus voceros hasta diputados nacionales, como Oscar Ramírez y Manuel Briceño. Este último declara que PDVSA resarcirá los perjuicios ambientales ocasionados por su instalación en El Valle, pero no explica cómo.

V. La manipulación de los avales

Firmado por un tal Luís Pérez Rojas, aparece el artículo "La manipulación y el proyecto de AIT PDVSA en Mérida", defendiendo el proyecto frente a los que llama "pseudoecologistas". De allí extraemos lo siguiente:

"La propuesta fue debidamente divulgada ante todos los Consejos Comunales que se encuentran enclavados en la Zona Protectora del Río Mucujún, en donde mayoritariamente dieron su respaldo a la misma, e igualmente se indicó a PDVSA que luego de que se realizara el estudio de impacto ambiental por la Consultora respectiva, se pasaría a la fase de consulta correspondiente ante las diversas comunidades".(7)

La defensa resulta ser una jugosa confesión: no existía estudio de impacto ambiental al momento en que Castellano lograra los avales de los consejos comunales, y algo más: los avales conseguidos estaban condicionados. Este detalle es obviado sistemáticamente en la campaña mediática de la gerencia del DT; mientras la prensa local destaca el aval de la mayoría de los consejos comunales, nunca menciona que esos avales están sometidos a tantas condicionantes que sólo entrarían en vigor una vez cumplidas una serie de demandas de la comunidad, entre ellas la realización de un estudio de impacto ambiental que la gerencia del DT ha venido posponiendo indefinidamente.

Además del populismo de las promesas hechas a nombre de un Distrito Social que no existía, hubo una manipulación de otro orden: se le daba a entender a la gente que no estaría comprometiendo el ambiente, pues el aval dado iba condicionado y sólo entraría en efecto si PDVSA cumplía con los compromisos sociales y ambientales adquiridos; en realidad, luego de conseguido, el aval era mostrado ante los medios de comunicación como trofeo del apoyo irrestricto de la comunidad.

Pérez Rojas termina su artículo, a nombre de Castellano, haciendo unas extrañas recomendaciones:

"Ustedes los pseudoecologistas se adelantan en su posición, esperen que PDVSA madure el proyecto, que lo presenten ante las autoridades competentes, que se realice el respectivo estudio de impacto ambiental y las consultas públicas respectivas que prevé la ley; la mayoría de ustedes son académicos y conocen la normativa aplicable, y si en el supuesto de que PDVSA viole la ley tienen las acciones judiciales pertinentes."(sic)

Es de suponer por qué a los grupos ambientalistas y revolucionarios que se han movilizado no se les ha ocurrido esperar a que se consume un crimen ambiental para después enfrentarse legalmente a los buffetes de abogados de PDVSA.

Lo más fácil hubiera sido que Carlos Castellano comenzara presentando una Carta de intención, para lo cual no hay que tener el proyecto definido en sus detalles, a la dirección regional del Ministerio del Ambiente. Con eso habría actuado dentro de la ley, ahorrándose mucha campaña mediática, y el daño patrimonial que suponen los meses dedicados a llevar el proyecto del DT a un callejón sin salida legal.

VI. Los enemigos de paja

Luego de que el Diario de los Andes publicara una nota en la que un gerente de Aguas de Mérida advertía sobre los peligros de intervenir la subcuenca del Río Mucujún, el presidente de Aguas de Mérida, José Gregorio Albarrán, personaje cercano al diputado Oscar Ramírez, quien le antecedió en la presidencia de Aguas de Mérida, ordena la elaboración de un informe en el que se afirma que:

1) La sede del DT se construirá aguas abajo de los diques de toma de los acueducto, por lo que no contaminará el suministro de agua de Mérida.

2) El consumo de agua será mucho menor al 1% de la capacidad del dique de la quebrada La Cuesta, por lo que el DT no consumirá toda el agua de Mérida.

 Albarrán lleva la argumentación contra los adversarios de paja al paroxismo, cuando dice: "creo que existe confusión sobre el tema, porque lo que está previsto realizar es la colocación de unas cuantas oficinas de investigación en comunicaciones y no una refinería, pues en El Valle no hay petróleo para la explotación".(8)

El antes mencionado tríptico promocional del DT insiste: "NO vamos a extraer petróleo... NO vamos a extraer minerales".(9)

El problema no es la posibilidad de que instalen taladros de extracción de petróleo en El Valle, como pretenden aclarar Albarrán y Castellano. La verdadera preocupación queda mejor expresada por el Comité Pro Defensa del Mucujún:

"Estimamos que la construcción de dicha sede en el ABRAE (Área bajo Régimen de Administración Especial) de la cuenca del río Mucujún, no difiere del que hubiesen generado anteriores propuestas de urbanismo de alta densidad, que los habitantes de la zona han luchado por impedir en razón de constituir amenazas para la zona protectora de la cuenca del Mucujún."(10)

A propósito del proyecto urbanístico "Parque Valle Grande", que no llegó a realizarse, la Coordinadora Ecológica Arturo Eichler hizo las siguientes consideraciones en el año 1997:

"La desaparición de la cobertura vegetal (de esta zona) implicará necesariamente cambios en el microclima, escurrimientos superficiales negativos, aceleramientos de procesos de erosión superficial que llegarán a la Quebrada La Cuesta, amén de la transformación del paisaje natural a paisaje urbano (…). Este desarrollo urbanístico puede ocasionar por las obras de drenaje la desecación del suelo, un progresivo deterioro y retroceso del bosque húmedo nublado."(11)

En el caso de la construcción del DT, además de implicar remover la capa vegetal, que en la mayor parte de las terrazas de la zona militar es escasa, el microclima se vería afectado negativamente por la construcción de un estacionamiento, así como los aires acondicionados de las oficinas, y el aumento considerable del tránsito automotor, siendo todos estos aspectos generadores de calor. Se triplicaría la población del sector, con la entrada de más de doscientos empleados de PDVSA. (12)

Cabe añadir que "las 24 horas de actividad (en el DT) y la necesidad de iluminación de seguridad por toda la noche, que por su propia naturaleza requerirán las instalaciones proyectadas; serían otras relevantes agresiones ambientales con importante impacto sobre la fauna de la zona y la vida diaria de la población local." (Comité Pro Defensa del Mucujún)(13)

VII. La propaganda del DT

Una pieza fundamental de la promoción comunitaria del proyecto del DT fue la realización de un videoclip en el que PDVSA caracteriza las carencias sociales de las comunidades de El Valle del Mucujún, y asume el compromiso de atender estos problemas. De este documento audiovisual extraemos las siguientes afirmaciones:

1)"Considerando la mínima afectación ecológica como principal criterio para la selección del área de ubicación del centro de investigación tecnológica de PDVSA en Mérida, determinamos como la más idónea la Zona Militar, ubicada al oeste de San Javier del Valle, Sector Los Pinos."

2) Ofrecimientos contenidos en el video: La construcción de tres módulos de Barrio Adentro; la construcción de una planta de tratamiento de aguas, en conjunto con el Ministerio del Ambiente; la activación de la Misión Bucare en El Valle; la construcción de acueductos, en cooperación con Aguas de Mérida; la realización de obras de tendido eléctrico, conjuntamente con CADELA; mejoramiento de la vialidad existente y apertura de una ruta de acceso a la zona de El Vallecito, en conjunto con el MINFRA. (14)

Comentamos cada punto:

1) Esta es una mentira abierta: el criterio ambiental fue sistemáticamente despreciado por un gerente irresponsable que se negó siquiera a revisar la Ley de Aguas y el Reglamento de uso de la zona protectora del Río Mucujún, a suscribir una carta de intención ante el Ministerio del Ambiente, u ordenar la realización de un estudio de impacto ambiental.

2) Además del hecho de que en Agosto la Gerencia general de AIT-PDVSA desautorizó la realización de semejantes ofrecimientos, por no haber una asignación presupuestaria para dichos gastos, y por no estar constituido en Mérida un Distrito Social; otros entes también desmintieron la información aparecida con relación a estos proyectos. Voceros de Aguas de Mérida y MINFRA desmintieron la existencia de tales proyectos conjuntos en sendas asambleas realizadas en la Casa del Poder Popular y el auditorio de CORPOANDES, respectivamente. El director regional del Ministerio del Ambiente nos aseguró el 31 de Julio que en sus archivos no reposa copia de un proyecto semejante al contenido en el video, y posteriormente envió una comunicación a la gerencia del DT para que retirara los emblemas del Ministerio del Ambiente de su propaganda. Por cierto, estaba previsto que Carlos Castellano asistiera a la reunión realizada el 31 de Julio en la sede del Ministerio del Ambiente, pero el gerente justificó su ausencia alegando que la presencia de siete activistas ambientales ponía en riesgo su integridad física. De esta manera, mantuvo firme hasta el final su posición de evadir todo debate sobre la conveniencia de ubicar el DT en la Zona Militar, invitación hecha de manera reiterada por el movimiento popular y ambientalista de Mérida.

Volviendo al videoclip de Castellano, en él podemos escuchar el testimonio de varios vecinos de El Valle, complacidos con la presencia de PDVSA en la zona. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de miembros del Comité Pro Defensa del Mucujún, algunas de las intervenciones fueron editadas para podarles la preocupación expresada por el posible impacto ambiental del proyecto, más allá del agrado con que se recibían las ofertas de ayuda social.

Volviendo al videoclip, en él se muestra una simulación computarizada de una vista aérea de las 57 hectáreas de la Zona Militar, seguida de la aparición de varios árboles virtuales en ese espacio. Se sugiere de esta manera que no se trata de un proyecto de construcción de instalaciones, sino de un proyecto de reforestación. Este mensaje absurdo queda reforzado en el volante promocional del DT, en el cual se lee textualmente: "NO vamos a construir viviendas... NO vamos a construir edificios... SÍ estamos restaurando, manteniendo y conservando el ambiente"

Hacia el final del videoclip pueden verse los eslogans del gobierno nacional, en lo que interpretamos como el sarcasmo supremo:

"Rumbo al Socialismo Bolivariano", y "Venezuela ahora es de todos, Gobierno Bolivariano de Venezuela"

 VIII. Luchadores ambientales y sociales se enfrentan a la burocracia

Desde el momento en que empiezan a evidenciarse las manipulaciones y manejos turbios de la gerencia del proyecto del DT en Mérida, con claras intenciones de violentar el ambiente y las leyes para realizar una enorme construcción en la subcuenca del Río Mucujún, varios grupos ambientalistas y revolucionarios arrancan una importante campaña de foros, y contrarrestan la campaña mediática oficial con sus propios artículos y declaraciones. El Comité Pro Defensa del Mucujún, el Frente de Fuerzas Socialistas, FRENALCE-Mérida, ORCA, Colectivo Tatuy, Colectivo Libre Aquiles Nazoa, el periódico El Lápiz Rebelde, al lado de luchadores comunitarios comprometidos con la defensa ambiental, con el apoyo de la radio comunitaria ECOS 93.9, que presta su frecuencia para la denuncia popular; constituyen un movimiento espontáneo y diverso que le hace frente a la arbitrariedad burocrática.

La pretensión de Castellano de presentar a este movimiento como un grupo de pseudoecologistas se estrella contra las credenciales de lucha de varias de estas organizaciones. Lo mismo ocurre con la matriz que descalifica la resistencia al atropello burocrático, endilgándole una supuesta filiación derechista, escuálida. Sobre esto último, llama la atención que se repita el triste fenómeno de aquellos tránsfugas que se convierten en ideólogos oficiales, aquellos que hasta anteayer eran recalcitrantes opositores al gobierno nacional, y súbitamente se convierten en voz oficial, calificada, legitimada desde el poder y las prebendas de la alta burocracia.

IX. El movimiento gana una batalla, la lucha continúa

El mes de Septiembre llegó con una noticia que da un renovado impulso a la lucha ambientalista en el Valle del Mucujún: el gerente Carlos Castellano fue destituido por decisión del Gerente General de AIT, Ober Manrique, y el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Quienes nos tacharon de enemigos de PDVSA y del desarrollo ahora tienen que ver el rostro de los hechos: una decisión del más alto nivel de la empresa demuestra quién realmente atentaba en contra de los intereses de la industria petrolera y el desarrollo del proyecto del DT.

Nos toca pasar a la ofensiva y exigir la reforestación de la Zona Militar, y la construcción de las plantas de tratamiento que el Río Mucujún requiere, así como la atención a los problemas sociales de la población de El Valle, pues esta es una deuda social que no puede ser moneda de cambio frente a los intereses de ningún sector privilegiado.

El 5 de Septiembre se realizó una reunión entre un grupo de activistas que defienden la subcuenca del Mucujún y dos gerentes de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA. Los gerentes explicaron que no existía una decisión firme y definitiva de la junta directiva de PDVSA sobre el asunto de la sede del Distrito Tecnológico, por lo que no correspondía a funcionario alguno ofrecer declaraciones que comprometieran la posición de la empresa en el asunto. Ante esto, planteamos que correspondía a la dirección que ellos representaban abrir una averiguación sobre la política en materia de comunicaciones adelantada por la gerencia del proyecto del DT, en la cual sistemáticamente se plantea la Zona Militar como el lugar escogido por PDVSA para la construcción del DT, lo que compromete la imagen de la empresa en una campaña irresponsable e inescrupulosa.

Víctor Andrade intentó aclararle a los gerentes cuáles son los objetivos que persigue nuestra lucha:

1) Evitar que la sede del DT sea construida en la Zona Militar, u otras zonas ecológicamente delicadas.

2) Apoyar la instalación del DT en el Estado Mérida, pues se considera que el proyecto es valioso y necesario para el país, y su instalación en la región tendría un impacto positivo en muchos sentidos.

3) Procurar el apoyo de PDVSA para la necesaria atención a los problemas sociales de El Valle, pues no es posible deslindar los problemas ambientales de los problemas sociales.

Al llegar a este punto, la gerente Marlene Lujo le interrumpió apresuradamente: "¡Ay! No entiendo ¡¿Quieren que nos vayamos de El Valle, pero que los ayudemos?!".

Lamentablemente, cuando se perciben sueldos multimillonarios, más los millonarios gastos de representación, parece que se pierde de vista que los apremios del pueblo humilde exigen que el Estado cumpla con sus deberes legales y morales, independientemente de cuántos edificios tenga PDVSA en su comunidad. Habrá que continuar dándole lecciones de dignidad a esa casta burocrática.

El presente artículo con fotografías en: