Además de su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de más de 44.000 millones de dólares, el nuevo Gobierno de Argentina se enfrenta a una prueba crucial por una sentencia de miles de millones de dólares en Estados Unidos que debe pagar a los antiguos socios de una empresa estatal.

En medio de una situación política cada vez más complicada, el nuevo presidente Javier Milei enfrenta ahora una lucha por cumplir el inminente plazo para pagar 16.000 millones de dólares que debe a los antiguos accionistas privados de la empresa energética estatal YPF.

Según Financial Times, una jueza de Nueva York ordenó recientemente al Gobierno de Argentina a que deposite activos por valor de unos 5.000 millones de dólares como garantía antes del 10 de enero para que después cumpla con el pago del resto del dinero.

En 2022, la jueza Loretta Preska dictaminó que el país sudamericano debía pagar la suma récord de 16.000 millones de dólares a dos inversionistas ya desaparecidos que habían demandado después de que el Gobierno de Argentina se negara a comprar sus acciones a una tasa acordada cuando expropió YPF en 2012.

El medio británico destaca que luce complicado que Argentina pueda cumplir con el pago de la cantidad total, toda vez que se encuentra actualmente en una de sus peores crisis económicas y los 16.000 millones de dólares representan el 32% del presupuesto público de 2023, según señalaron los abogados del país sudamericano en diciembre.

Representantes del Gobierno de Argentina han reconocido ya que no pueden cumplir ni con el pago total ni con el depósito solicitado para el 10 de enero, pues cuestiones políticas y la mala situación de la economía del país se los impiden.

"Aunque tenemos plazo hasta el 10 de enero para presentar la garantía que le de efectos suspensivos y no sé si vamos a poder dar esa garantía porque han pedido las acciones de YPF, que no podemos entregarlas, o los ingresos por Yacyretá y la situación económica del país tampoco permite esto", dijo Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de Argentina en entrevista con el diario La Nación.

"Esperamos que la Justicia comprenda esta situación, más allá de que el actor tendrá dificultades si trata de ejecutar la sentencia", agregó el funcionario, quien dijo que recién conoció a Javier Milei cuando le ofreció el cargo.

A finales de diciembre de 2023, Milei proyectó crear un impuesto para pagar la indemnización por 16.000 millones de dólares que debe pagar el fondo de litigios Burford Capital, quien representa a los dos exsocios demandantes.

El 26 de enero, Milei anunció en una entrevista en el canal LN+ que creará un impuesto con el nombre del hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien en su condición de ministro de Economía del Gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) fue el promotor de la expropiación de YPF.

"Hay un problema, porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar", admitió Milei.

"Una de las ideas que estamos trabajando es crear la ‘tasa Axel Kicillof’, que todos los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof", propuso el mandatario.

El Gobierno argentino le solicitó a justicia de EEUU que no active la posibilidad de embargos

El Gobierno nacional presentó el lunes un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska en el que le solicitó que no establezca una fecha puntual para comenzar con los eventuales embargos en caso de no presentar garantías, en el marco de la causa por la nacionalización de la petrolera YPF concretada en 2012.

El estudio de abogados que representa al país -Sullivan & Cromwell- pidió de esta forma que no se reconociera la fecha del 10 de enero como tope para que el Gobierno argentino presente garantías y, de esa manera, evitar eventuales embargos que pueda sufrir por parte de los litigantes. En primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park.

El pedido presentado por la Argentina obligará a la jueza Preska a reconfirmar o modificar el fallo en el que estableció al 10 de enero como fecha límite para que los demandantes puedan comenzar a hurgar sobre algún activo, si la Argentina no presenta garantías. "Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos", sostiene el texto presentado por el estudio Sullivan & Cromwell al que accedió Télam.

Esta presentación muestra cierto cambio de estrategia de parte del nuevo gobierno, si bien mantuvo al mismo estudio de abogados que lleva adelante la causa. Los litigantes tendrán tiempo para expresar su opinión respecto al nuevo planteo argentino hasta el mediodía de mañana martes. En diciembre ultimo, Preska accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio, a la espera de una sentencia firme para el fallo que obliga a la Argentina a abonar un resarcimiento de 16.100 millones de dólares a Burford Capital.

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Con información de Sputniknews / El destape.