"Montoya se encuentra bajo investigación", dijo en septiembre un funcionario del despacho de la Fiscalía General de la Nación al corresponsal en Colombia del diario estadounidense The Washington Post, Juan Forero.

"No ha sido acusado, pero ese es el siguiente paso", citó Forero al funcionario en Bogotá. El gobierno colombiano negó enfáticamente la información en ese momento.

La fiscalía, añadía el artículo publicado el 17 de septiembre, le da "un alto grado de credibilidad" al testimonio de Luis Adrián Palacio, un ex paramilitar de ultraderecha que describió una supuesta colaboración de Montoya con esos escuadrones de la muerte en Medellín, capital del noroccidental departamento de Antioquia.

El caso se relaciona con la Operación Orión , comandada en octubre de 2002 por Montoya, en la cual la fuerza pública, en supuesta acción conjunta con paramilitares, tomó el control de la Comuna 13, un barrio pobre de Medellín, y expulsó a milicias de las FARC y de la segunda guerrilla por número de combatientes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En esa operación contrainsurgente "se registraron desapariciones forzadas. Se habla de fosas comunes en la Comuna 13", dijo a IPS el portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Iván Cepeda.

"Nosotros registramos con beneplácito que se haya producido la dimisión de este general. Su nombre ha sido objeto de muchas denuncias", sostuvo Cepeda.

Por ejemplo, "a finales de los años 70, el hasta hoy general Montoya fue vinculado a una estructura paramilitar, la Triple A (Alianza Anticomunista Americana), que actuó en Bogotá contra opositores, abogados y periodistas", agregó.

La existencia de la Triple A en Colombia "fue denunciada por miembros de esa estructura a la que pertenecía Montoya", señaló Cepeda. Su acción fue casi contemporánea con la de un grupo parapolicial de nombre similar en Argentina, que actuó entre 1973 y 1975, preludiando la represión ilegal de opositores que instauraría la última dictadura militar de ese país (1976-1983).

"Esta dimisión se presenta dentro del creciente escándalo por los ‘falsos positivos’ desapariciones forzadas que concluyen en ejecuciones extrajudiciales", señaló el portavoz del Movice.

Por el escándalo de los "falsos positivos", personas asesinadas y mostradas por los militares como bajas guerrilleras en combate, fueron destituidos la semana pasada 20 oficiales y siete suboficiales del ejército.

La destitución de los militares fue anunciada en medio de la visita a Colombia de Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Pillay advirtió el sábado que "nosotros estamos observando y manteniendo un registro de las ejecuciones extrajudiciales y parece ser que, efectivamente, esta práctica es sistemática y difundida, en mi visión".

"Los datos que venimos recogiendo indican que se puede estar tratando de una situación que va más allá de cientos de casos. Podríamos estar hablando de miles de personas que han sido sometidas a ese tipo de procedimientos", advirtió, a su vez, Cepeda.

"Estos hechos pueden ser llevados en cualquier momento ante la Corte Penal Internacional, si es que en Colombia no se produce una auténtica justicia y un resarcimiento real de todos estos hechos", aseveró.

Aquí cuenta, según Cepeda, "no solamente la dimensión de los hechos que se han cometido a lo largo de la política de Seguridad Democrática", el programa del presidente Uribe para enfrentar a la insurgencia.

También importan "las presiones internacionales que pueden estar detrás de todo esto", según Cepeda.

"Colombia ha recibido fondos internacionales para desarrollar políticas de seguridad, y no sería de extrañar que recursos de la comunidad internacional estuvieran financiando el pago de recompensas", añadió.

El programa gubernamental de recompensas paga en efectivo a informantes que faciliten operaciones militares exitosas, como aquellas que producen bajas de guerrilleros.

"Si esto es cierto, estaríamos ante un hecho que comprometería de una manera muy grave al gobierno", según Cepeda, y "daría lugar a un llamado ante los gobiernos que están financiando la política de Seguridad Democrática", encabezados por Estados Unidos y Gran Bretaña.

Hasta aquí Constanza Vieira.

Y en medio de esta podredumbre los indígenas nos invitan a acompañarlos en su marcha (minga) desde Cali hasta Bogotá, para hablar "de autoridad a autoridad" en Bogotá. 

Todo ésto me recuerda una frase premonitoria de mi padre: "Parece que ciertos hombres y ciertas multitudes no reaccionaran ante las ofensas, ante la conculacación de sus derechos y que, por lo tanto, no es el caso de temérseles porque permanecen tranquilos. Pero hay pueblos que sufren la ofensa y la acumulan hasta que un día estallan en forma huracanada y terrible. Fijaos, señores, que las grandes revoluciones han sido realizadas por las masas que parecían más conformes con el estado ambiental".  - AMÉN - 

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