El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela; dos días antes de su publicación, una conocida abogada, vocera calificada del "gobierno", señaló en un programa muy filoso, que sería un informe poco confiable, dado que procedía de uno de los organismos de dominación del imperio norteamericano, esta primera asomada mediática, fue a mi modo de ver, el paso preparatorio del gobierno para el inicio de una matriz de opinión orientada a deslegitimar el contenido del resumen del mencionado informe, que se presenta en cumplimiento de la resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la patria de Bolívar.
La primera impresión en la segunda lectura que realicé del resumen, considerando principalmente los casos documentados por la ACNUDH y los admitidos directa o indirectamente por el Estado, fue develarme a mí mismo, las sombras del maltrato, la tortura y de la muerte, ocultas detrás de una retórica de amor, paz, humanismo y dialogo, desarrollada por el señor Presidente y seguida por los altos funcionarios de la nación, vinculados a al tema de los derechos humanos: Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo y el Presidente del TSJ; y la segunda impresión, fue más bien una duda, si los hechos más relevantes del informe, encajan en la categoría clásica de una dictadura, o si se requiere construir categorías que nos permitan caracterizar el accionar político en la desastrosa gestión del Presidente Maduro, que amenaza seriamente con la pérdida de la V República y ser la verguenza de la izquierda latino americana y caribeña.
El resumen contiene unos 81 puntos, distribuidos en siete capítulos: Introducción, los Derechos Económicos y Sociales, Violación de los Derechos Civiles y Políticos, Acceso Efectivo a la Justicia y a una Reparación adecuada para las Victimas, Grupos en Situación de Riesgos, Conclusiones y Recomendaciones.
Bueno solo comentaré algunos de los casos documentados y aquellos admitidos directa o indirectamente por el Estado:
Derecho a la alimentación:
Punto 13: "Información verificada por el ACNUDH confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre. El principal programa de asistencia alimentaria, conocido como "cajas CLAP", no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente"
Punto 15: "Además de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria. El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de desnutrición y la ONG Caritas confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as y mujeres embarazadas".
Desnutrición que amenaza el futuro de las próximas generaciones de venezolanos y venezolanas, con la dificultad adicional de que, al no publicarse oportunamente las cifras oficiales, se dificultará tomar las medidas necesarias y suficientes en aquellos casos de desnutrición que se puedan revertir, carencia de publicación, que también constituye, como veremos más adelante, una violación de los derechos humanos.
Derecho a la salud
Punto 17. "Asimismo, enfermedades que anteriormente estaban controladas y habían sido erradicadas, entre ellas enfermedades evitables con vacunas como sarampión y difteria, han reaparecido. En el último año, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, las autoridades han implementado una serie de estrategias de vacunación con el fin de parar la propagación del Sarampión. Las autoridades informaron de que durante junio de 2019 no hubo nuevos casos de sarampión"
Punto 20. "También se producen violaciones al derecho a la salud por el hecho de que el Gobierno no publique datos sobre la salud pública, que son esenciales para la concepción y puesta en práctica de una respuesta adecuada a la actual crisis sanitaria que padece el país.
Medidas coercitivas unilaterales"
Punto 27. "La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017. Sin embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense. El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación a la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales"
Ante la incapacidad demostrada por el gobierno para resolver el problema económico del país, desarrollaron una estrategia comunicacional, tendente a ocultar ineficacia e ineficiencia detrás de la "guerra económica"; bueno ahora que impusieron en el país esa matriz de opinión, ahora tendrán que reconocer que perdieron esa guerra, que ha sido verdad a medias, ya que, si bien es cierto, las sanciones agravan criminalmente la situación, no es menos cierto, que la estrategia imperial fue diseñada sobre la base de los errores cometidos en materia económica, corrupción y burocracia.
Libertad de opinión y expresión
Punto 28. "En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado empeorando en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión"
Punto 29. "El ACNUDH documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. En los últimos 10 años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales"
En este tema, el caso del Zulia es patético, sino, pregúntese los zulianos y zulianas, cuántos canales fueron amenazados y salieron del aire, así como emisoras de radio, incluso comunitarias por permitir la expresión de posiciones contrarias al actual gobierno regional. Esta el caso por ejemplo del cierre de Radio Libertad en Cabimas, con más de 100 años en el aire, cerrada por permitir la denuncia de la detención del Ex Alcalde de Cabimas, quien fue torturado, caso que está en manos de la ACNUDH.
Instituciones y medidas de seguridad
Punto 31. "El 13 de mayo de 2016, el Presidente de la República declaró el "estado de excepción", que desde entonces ha sido renovado cada 60 días. El decreto otorga amplias facultades, vagas y discrecionales, al poder Ejecutivo con el propósito declarado de, entre otras cosas, preservar el orden interno"
Sobre el tema del Decreto del "Estado de Excepción", reto a todos los estudiantes de derecho y abogados de este país a revisar sus renovaciones, que se realizaban cada 60 días, se encontraran grandes sorpresas; Por ejemplo, se establece en uno de sus Artículos, que si un alto funcionario público es enjuiciado por la comisión de un delito, y el juicio atenta contra el desarrollo de la economía, debe suspenderse el juicio.
Ataques contra miembros de la oposición y personas críticas al gobierno.
Punto 38. "Los ataques contra familiares de opositores/as políticos/as son parte de la represión selectiva. El ACNUDH documentó un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares, particularmente de mujeres, de presuntos opositores políticos. Sin tener acceso a abogados/as, son interrogadas sobre el paradero de sus familiares y, en algunos casos, son maltratadas y torturadas. Estas detenciones son llevadas a cabo como instrumento para ejercer presión sobre los supuestos fugitivos, pero también como un castigo. Familiares también son víctimas de amenazas de muerte, daños adicionales a sus familias, vigilancia, intimidación y hostigamiento. Además, las mujeres son sometidas a violencia sexual y de género y humillación en sus visitas a centros de detención, durante operaciones de seguridad y allanamientos de domicilios"
Este punto revela la inexistencia de un estado de derecho, la no separación de poderes y la falta de la conducción de un demócrata dirigiendo un Estado, no solo la oposición es perseguida, sino cualquier disidencia al interior del gobierno y del partido de gobierno, de allí la gran tarea en el país es recuperar la democracia, en donde incluso el madurismo puede hacer vida democrática, tendrá la oportunidad de reivindicarse y retomar el legado de Chávez, ya que, hasta ahora solo toma su discurso para la manipulación de los ciudadanos y ciudadanos que siguen abrazando un proceso que la actual gestión conduce al abismo.
Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos
Punto 42. "El ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones. En la mayoría de los casos las detenciones se llevaron a cabo en respuesta a que las personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica. A menudo, las detenciones carecían de fundamento legal. El ACNUDH también encontró graves y repetidas violaciones de la garantía del juicio justo en cada uno de estos casos. Ninguna de las víctimas entrevistadas que fueron liberadas ha sido indemnizada por la violación de sus derechos por haber sido detenidas arbitrariamente"
Punto 43. "En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas"
"Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado reparaciones a las víctimas"
"En particular, a menudo las autoridades judiciales han invertido la carga de la prueba al rechazar abrir investigaciones a menos que las víctimas identificaran a los responsables. Según el Ministerio Público, se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019. No se proporcionó información respecto del estado de las investigaciones"
Punto 44. "El ACNUDH documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN y de la DGCIM así como por oficiales de la GNB. Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerles confesiones"
Punto 46. "El centro de detención en la sede del SEBIN Helicoide, no está adaptado para cumplir los estándares específicos de género. El ACNUDH entrevistó a varias mujeres que estuvieron detenidas en el Helicoide quienes indicaron que solo hay una celda asignada a mujeres. Esta celda estaba superpoblada y vigilada principalmente por hombres, a pesar de haber guardias mujeres trabajando en las instalaciones. Los guardias, así como otros reclusos ejercían presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por "privilegios" y/o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y que, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas"
Sobre estos 8 puntos, no se aprecian las desviaciones puntuales, como los califica el Vice Ministro Castillo, al opinar sobre informe "Bachelet", tildándolo de falta de objetividad y de calidad técnica; definitivamente se trata de una política de represión para callar a cualquier persona, opositor o no, que opine en contra del gobierno. ¿Puntuales 135 casos documentados y 72 funcionarios acusados de torturas según el Ministerio Publico?
Uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad
Punto 48. "El ACNUDH entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019. Todos/as describieron un modus operandi similar. Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevarían armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax"
Punto 49. "En cada caso, las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría "resistido a la autoridad". En muchos casos, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen. En algunos casos, las autoridades declararon que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la correspondiente investigación oficial"
Punto 50. "Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como "resistencia a la autoridad". El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por "resistencia a la autoridad. El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019. Información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales"
Punto 52. "Además, el ACNUDH documentó los casos de seis hombres jóvenes ejecutados por las FAES en represalia por su papel en las protestas antigubernamentales en 2019. Estas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar durante allanamientos ilegales de domicilios después de las manifestaciones y siguieron el mismo modus operandi descrito anteriormente"
¿No son estas operaciones de seguridad con miles de muertos, según el mismo gobierno nacional (5.287 en 2018), una política de amedrentamiento contra cualquier ciudadano, delincuente o no? ¿Se trata de acciones puntuales de algunos funcionarios donde se producen tantas muertes? ¿Comparten las bases del PSUV estas actuaciones? ¿Dónde está el humanismo? ¿No estamos frente a un paramilitarismo que tanto hemos criticado al gobierno colombiano?
Acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada para las víctimas
Punto 53. "El Gobierno ha reconocido que existe un problema de acceso a la justicia para todas las personas y ha pedido al ACNUDH que les ayude a resolver esta cuestión. De acuerdo con el Gobierno, para junio de 2019, 44 personas estaban detenidas y 33 órdenes de arresto habían sido dictadas contra otras personas por su presunta responsabilidad por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2017 y 2019. Cinco miembros de las FAES han sido condenados por homicidio frustrado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, por hechos ocurridos en 2018. Además, 388 miembros de las FAES están siendo investigados por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio cometidos entre 2017 y 2019"
Punto 59. "Casi dos años después de su creación, la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública no ha publicado su informe sobre la violencia política que tuvo lugar entre 1999 y 2017. La Comisión ha concedido indemnizaciones monetarias y ha proporcionado asistencias jurídicas, psicológicas, médicas y medidas de protección social a 107 familiares de 50 víctimas que murieron durante las protestas de 2017. Sin embargo, en ausencia de un proceso imparcial de búsqueda de la verdad, justicia y reparación, las familias entrevistadas por el ACNUDH consideran el apoyo financiero como un intento de comprar su silencio. De acuerdo con el Gobierno, al 29 de mayo de 2019, 193 personas detenidas por su participación en protestas habían sido puestas en libertad condicional sobre la base de las recomendaciones de la Comisión"
Si no hay estado de Derecho, el poco acceso a la justicia es una constante que el gobierno no puede ocultar y por eso pide ayuda a ACNUDH.
Grupos en situación de riesgo.
Punto 64. "El ACNUDH documentó siete muertes de pueblos indígenas en circunstancias violentas en 2019. Las autoridades y los/as dirigentes indígenas, comprendidas las mujeres, son objeto con frecuencia de amenazas y ataques por parte de agentes estatales, lo que repercute en su derecho a la libre determinación. En el estado Bolívar, las comunidades Pemón que se oponen al Gobierno, en particular las autoridades y los/as dirigentes indígenas, se enfrentan a una represión selectiva por parte de los agentes del Estado"
Punto 66. "El ACNUDH confirmó que siete personas murieron (cuatro indígenas y tres no indígenas) y 26 resultaron heridas por disparos de las fuerzas militares. Al menos 63 personas (indígenas y no indígenas) fueron detenidas"
El gran esfuerzo del Comandante Chávez por reconocer constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas ha quedado en letra muerta en la última década; y su discurso sigue siendo utilizado solo para manipular a los pueblos indígenas.
Personas migrantes y refugiadas
Punto 69. "El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil"
Punto 70. "Violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales. Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de educación. En el caso de las mujeres, se añaden la falta de acceso a atención de salud prenatal y postnatal y la insuficiencia de mecanismos de protección frente a la violencia doméstica. La persecución por motivos políticos también está obligando a muchos/as venezolanos/as a solicitar asilo. Los/as niños/as y las personas adultas mayores son quienes a menudo se quedan en el país, siendo las abuelas quienes asumen la carga de cuidados"
Casi imposible encontrarse con algún venezolano o venezolana, que no haya sido impactado por la partida de algún familiar o amigo al exterior en esta catástrofe que se vive en el país.
Finalmente, a quienes hemos tenido una posición crítica frente al gobierno, somos calificados de traidores, y cualquier posición, es respondida panfletariamente con la consigna: "Leales siempre, traidores nunca". ¿Leales a quien? ¿A un accionar político que no ha tenido la capacidad tecno política y científica para enfrentar conductas imperiales de los Estados Unidos, donde la consecuencia para el pueblo ha sido hambre, muerte y tortura por mantenerse en el poder? ¿Traidores a quien? ¿Traidores al legado de Chávez, cuyo discurso es utilizado por el gobierno para manipular a una minoría que aun los acompaña?
Ahora más que nunca, revisando el informe Bachelet, principalmente los casos documentados y los admitidos por el gobierno, apoyamos la necesidad impostergable de una salida constitucional, donde se consulte al soberano que sufre todos los días en la catástrofe económica, social, ética y política, que se vive en Venezuela (Art. 71 CRBV); que se rescate la democracia y el estado de derecho, donde Chavistas, Maduristas, opositores e independientes puedan hacer vida democrática, todo lo cual no será posible después de un escenario de intervención extranjera que rechazamos de plano.
El "amor al poder", oculto bajo las sombras, que se mantiene sobre el sacrificio del pueblo, no tiene cabida en el humanismo, como uno de los grandes legados del Comandante Chávez.
"NI HAMBRE, NI GUERRA; QUE EL PUEBLO DECIDA"
Ing. Roger Lázaro
Ex Secretario de Planificación y Estadística de la Gobernación del Estado Zulia.
rolazarovillanueva2018@gmail.com
