“Hasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad no acepten cuestionarse con valentía su modo de administrar el poder y de procurar el bienestar de sus pueblos, será difícil imaginar que se pueda progresar verdaderamente hacia la paz.”
Juan Pablo II.
Aunque a veces nos asalte la creencia de que lo que escribimos respecto a temas como la inseguridad y la sempiterna crisis penitenciaria venezolanas, es un mensaje sin destino y peor aún sin destinatario creo que lo recientemente ocurrido en el Internado Judicial de Reeducación y Trabajo Artesanal La Planta, ubicado en la parroquia El Paraíso, Municipio Libertador, en Caracas, merece que nos pronunciemos, aún a despecho de aquellos funcionarios y militantes adeptos al proceso que ante cada señalamiento que hacemos referente a a estos temas, creen que los mismos constituyen una traición al proceso mismo y una loa a la oposición.
Lo que resulta pertinente resaltar, es el penoso saldo dejado por la reyerta carcelaria suscitada en ese recinto: 10 reclusos muertos y 19 heridos. De acuerdo a informaciones oficiales, esta se produce a consecuencia de una prolongada balacera entre los reos de los pabellones 2 y 3 del Retén de La Planta quienes se disputaban el control del penal y quienes a decir de la Directora de Prisiones – eufemística y bolivarianamente ahora denominada Dirección de Custodia y Rehabilitación del Recluso (¿?) – cuentan con el apoyo de los familiares quienes “…tienen una corresponsabilidad en el hecho”, porque según ella “los familiares siempre consiguen la manera de pasar las armas” (Diario Ultimas Noticias, Jueves 08/01/2010, Pág. 22).
Ahora bien, ¿a quién pretende engañar con este señalamiento tan irresponsable? Sepan todos los venezolanos, que en todos los recintos penitenciarios de este país, existen dos tipos oficiales de régimen: El primero, el externo, es decir, el que se realiza puertas afuera del penal y que está a cargo de la Guardia Nacional y el segundo, el interno, es decir, el que se realiza puertas adentro del penal y que está a cargo de los funcionarios o custodios así llamados, adscritos al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Esos funcionarios, cada uno en su área de responsabilidad, deben en teoría velar, porque al mencionado recinto penitenciario no ingrese nada que no este debidamente autorizado y menos aún, nada que eventualmente pueda ser utilizado por los internos contra sí mismos o contra otros reclusos, entiéndase: drogas, armas blancas o de fuego, materiales susceptible de ser transformados en armas, tales como cabillas, sierras o otros instrumentos metálicos, así como cigarrillos, bebidas alcohólicas, teléfonos celulares y demás artefactos eléctricos. Pero la realidad Consuelo Cerrada, que bien te sienta ese apellido, porque parece que por lo que dices, te la pasas cerrada en las cuatro paredes de tu oficina en la Esquina de Bolero, es que no son los familiares de los reos, sino los Guardias Nacionales en combinación con funcionarios a tu cargo, quienes han hecho de las cárceles venezolanas unas verdaderas empresas que a diario arrojan ingentes recursos económicos que van a parar a los bolsillos de muchos Directores de penales, Jefes de Régimen, Custodios, Guardias Nacionales Comandantes de este componente de la Fuerza Armada corruptos, a quienes el cacareado y fracasado Plan de Humanización Penitenciaria les importa un bledo. La verdad es que ustedes fracasaron en la gestión de esos centros y no me vengan con el cuento de los 40 años de la Cuarta República, ni de que esa dantesca situación de nuestros establecimientos penitenciarios es culpa del Imperialismo yanqui o del paramilitarismo colombiano, porque considero que por respeto ya no a nosotros, ni a los familiares de los reclusos, sino a los muertos y a ustedes mismos, once años de revolución resultan más que suficientes para haber corregido esa situación espantosa donde a diario se aplica la pena de muerte en Venezuela, en contravía de la Constitución y de los muchísimos Tratados Internacionales que en materia de Derechos Humanos ha suscrito la República.
No solo es poco probable, sino absolutamente improbable que una mujer que vaya a visitar a su marido o hijo preso en alguno de estos antros que tú tienes a tu cargo, pueda introducirse una pistola o un revolver o una escopeta en la vagina o en el recto, o tragarse una granada fragmentaria, para luego expulsarla dentro del penal una vez haya podido ingresar al mismo. Todo eso se hace bajo la mirada cómplice de los funcionarios honestos y con la activa colaboración y participación de los funcionarios deshonestos pertenecientes a la Guardia Nacional y al Ministerio del Interior y Justicia, a quienes ahora pretenden ustedes justificar, diciendo que son los familiares de la población reclusa, los responsables de un problema que siempre ha estado en sus manos y que sencilla y llanamente ustedes no han atendido y resuelto porque son unos irresponsables e incapaces, que si tuvieran una pizca de vergüenza habrían renunciado ya.
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