Es un asunto de dignidad y arrogancia lo que vivió la política venezolana, pero esa verdad repercute directamente en los programas sociales de Hugo Chávez: “si sale Chávez se acaban los programas sociales misioneros”. Nada más real y nada más falso a la vez (porque después de la partida de nuestro Comandante Supremo, no se ha detenido la Revolución, claro está, siempre y cuando se siga apoyando a los candidatos de la Patria). Pero en fin de cuentas es lo que se escuchaba y ello determinaría los grupos a enfrentarse electoralmente: si me están beneficiando las misiones, por supuesto que No lo saco; si nada tengo que ver con esas misiones, me da lo mismo sacarlo o No; y si mi percepción es que no llegan esas misiones a ser más que pequeños paños tibios del Estado para generar condiciones de bienestar con fecha corta de vencimiento, entonces yo Si decido sacarlo. Los dados estaban echados y pienso que no hay había mucha ganancia ni en una decisión ni en la otra, porque al fin de cuentas lo que interesaba era que el Estado actuara con equidad en la concepción de una política social real, dialógica, estimulante de bienestar y no de marginalidad asistida. Por allí las voces opositoras lanzaban perlas como esta: “Claro que Chávez es el Presidente de los pobres, ¡no vez que los está multiplicando diariamente!”.
Esos hechos influyeron en la conducta política del venezolano y en la concepción de la política social desde el enfoque de los derechos sociales, De todo lo andado en el proceso revolucionario, desde 1998 hasta el presente, se puede afirmar que desde el enfoque de los derechos la política social es el producto de un “derecho adquirido liberal” que le hace tener presencia institucional en las propuestas del Estado; pero que a su vez es un “derecho programático” que obedece a lo que el Estado está en capacidad de aportar según sus recursos y según su ideología de Estado. No está obligado a dar tal o cual beneficio a las personas, pero puede escucharlos, dialogar con ellos y priorizar qué se les podría aportar para satisfacer necesidades. La equidad toma cuerpo en cuanto es necesaria para concebir e interpretar una política social justa hacia el colectivo, no sólo de la manera o forma en que llegue, sino de la manera o forma en que se modele en ese proceso de participación social que hace del Estado moderno una institución fértil para el desarrollo integral del ser humano.
A todas estas, el principio inspirador de la política social, es el logro del bienestar social colectivo, sin embargo, la política social, a partir de una naturaleza dicotómica, contradictoria y dialéctica, vendría a ser, a mi entender, el conjunto explícito, ordenado y sistemático de formulaciones estratégicas, definidas, articuladas y direccionadas por el Estado y por actores sociales civiles y privados, para propiciar salidas concertadas socialmente.
Estos lineamientos estratégicos, los cuales asumo en razón de que mi formación como planificador me hace centrarme en aspectos racionales concretos y factibles, buscan el logro de finalidades sociales, que se delimitan a partir de posturas u orientaciones teórico-conceptuales y político-ideológicas, entre ellas se puede mencionar las siguientes: La Política Social vista como el conjunto de mecanismos estatales de acción y bienestar social, que buscan disminuir y eliminar las diferencias socioeconómicas entre los grupos de una sociedad determinada así como afrentar la desigualdad social con medidas redistributivas y de acceso a servicios sociales a través de la generación de empleo productivo y convirtiendo al desempleado en trabajador asalariado (salario directo); y la posibilidad de acceso a servicios sociales: Salud, Educación, Vivienda, Alimentación, Seguridad Social, Cultura, Deporte y Recreación (salario Indirecto); la Política Social vista como el conjunto de mecanismos de acción social necesarios para paliar y atenuar los efectos sociales del desarrollo, para compensar mínimamente a los excluidos y marginados; es decir, entendida como programas asistenciales, promocionales, emergentes, cortoplacistas y desarticulados, focalizados a sectores en situación de necesidad extrema.
Es decir, la política social entendida como el conjunto de estrategias e instrumentos estatales de acción social, indispensables para incidir en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la legitimación y ampliación del dominio y poder del Estado sobre los grupos que integran una sociedad; y la Política Social entendida como el conjunto de mecanismos sociales estatales indispensables para asegurar la cohesión, el consenso y la estabilidad social, es suma, su finalidad es la gobernabilidad de una sociedad.
Ahora bien, las orientaciones en torno a la política social, aparecen como "tipos ideales"; como configuraciones abstractas necesarias para analizar un fenómeno social determinado, pero, en la realidad concreta, la Política Social implementada en una realidad engloba todas esas orientaciones, ya que dentro de los marcos de una sociedad determinada aquella tendrá una naturaleza dialéctica, dicotómica y contradictoria que hará que todas las orientaciones mencionadas coexistan e interactúen, en sus razones naturales de conflicto, dentro de ese contexto social sin descuidar la meta de un confort y bienestar para materializar un “buen vivir”.
De esta manera, se asume la propuesta bolivariana como una forma de organizar, a través de las misiones, las necesidades sociales en miras a fortalecer los derechos sociales con equidad. Todo esfuerzo intelectual amerita un cierre que proponga más allá de las ideas de los teóricos y pensadores de nuestro tiempo, salidas o escenarios para profundizar los matices asumidos desde lo abstracto de la reflexión teórica.
Para José Fernández Santillán (“Sociedad Civil y Derechos Humanos”, México, Revista Letras Libres, Febrero 2001, año III, Nº 26, Pp. 12-14), el mundo moderno se ha abierto a diversas esferas de la acción humana en tres espacios fundamentales, es decir, el económico, el social y el político, que antes se encontraban mezcladas, podemos decir que cualquier intento de confusión entre esas esferas va en contra del proyecto civilizatorio de la modernidad. Hay, agrega Fernández Santillán, ejemplos regresivos como el llevado a cabo por los regímenes totalitarios al querer “colonizar”, con base en el desbordamiento del Estado, la esfera social y la esfera económica, o como el practicado por el monetarismo al intentar “invadir”, a partir de la ilimitada expansión del mercado, los campos del Estado y de la sociedad civil. El error ahora, cierra Fernández Santillán, sería negar, desde la Sociedad Civil, los espacios correspondientes al Estado y a la economía.
Reforzando lo anterior, la sociedad civil y los derechos del hombre y del ciudadano están ligados indisolublemente. La sociedad constituye la base esencial desde la que se han defendido los derechos civiles, políticos y sociales. La esencia de la democracia radica en llevar adelante una “política de los derechos” que consolide y expanda el panorama de emancipación abierto por el iluminismo (entiéndase ilustración). Por esta razón, me circunscribo a lo expresado por Antoni J. Colon y Joan y Carles Mélich (2001), al referirse al neocontractualismo de Rawls. Para éste pensador se hace necesario la construcción de una teoría política y de justicia que sea universalmente válida, es decir, no determinada por los contextos socio-históricos particulares. En la sociedad debe haber orden y ese orden augura la aplicación de un derecho que todos tienen pero que la gran mayoría desconocen la esencia y valor bajo los cuales se han de ir presentando en la sociedad.
Rawls, advierten los autores citados, es claro al afirmar que en el ámbito de la teoría de la justicia hay dos principios que se adelantan al valor de supremacía del Estado: 1.- Que cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás; y 2.- Que las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez sean ventajosas para todos y vinculen a todos al aparato productivo de la sociedad. Estos principios de Rawls no están en un plano de igualdad, sino en una serie de prioridades que antepone el principio de libertad al de organización política del Estado, procurando salvaguardar las decisiones individuales que son, en definitiva, la mejor garantía para existir como sujeto de la democracia. Y ser sujeto implica relaciones sociales, las cuales han de ser apreciadas en el contexto de la complejidad en que se presentan.
En el Documento colectivo titulado “Transdisciplinariedad y Complejidad en el Análisis Social, de la Gestión de las Transformaciones Sociales” (MOST), de la UNESCO, una de las participantes, Mayra Espina Priet, expone en su ensayo “Complejidad y pensamiento social” (2002), que en un intento por hacer una apretadísima síntesis, que permite desmantelar en el pensamiento social las operaciones de fragmentación, bancarización, disyunción y objetivación, integra una serie de supuestos o nociones generales que hacen posible desarrollar una metodología concreta para reconocer y analizar los conflictos y situaciones propias de la vida social.
Esos supuestos descriptivos se resumen en: Noción de universo como totalidad inacabada, en formación, donde se simultanean orden y desorden, determinación y azar, y que se organiza a través de información, en un proceso continuo de disipación y generación de incertidumbre (tiene como principal exponente a Morin 1996); Noción de la complejidad como atributo irreductible, ordinario y cotidiano de la existencia natural y social, que presenta un carácter sistémico integrador. Preeminencia del holismo sobre el reduccionismo; Noción de retroacción, mecanismo mediante el cual el efecto actúa sobre la causa, pudiendo incluso amplificarla, y que permite que un sistema adquiera funcionamiento autónomo y que invierta y cambie sus patrones o rutinas de comportamiento, como llegó a expresar Edgar Morin en 1996; Noción de autopoiesis; los sistemas aotopoiéticos son organizacionalmente cerrados (se construyen y producen a sí mismos en lugar de ser programados desde fuera) e informacionalmente abiertos (captan y producen continuamente información), destacan las ideas en este tema de Luhman (1982); Noción de adaptabilidad de los sistemas complejos, donde los elementos constitutivos están fuertemente asociados entre sí y tienen, a la vez, capacidad potencial de actuar individualmente, como agentes autónomos del cambio, e influir sobre los demás, abandonando las rutinas (comportamientos tipificados en un repertorio preestablecido) para adaptarse a nuevas circunstancias (Luhman, Ob.Cit.); Noción de sistema abierto, que combina orden por equilibrio –donde se observan patrones de comportamiento que permiten visualizar un atractor– y orden producido fuera del equilibrio- donde no existe un principio organizador y un estado atractor únicos, inscriptos en la naturaleza del sistema (López Pettit, 1993); y Noción de coevolución o de adaptación y evolución conjunta: en el proceso de auto-organización los sistemas complejos se transforman conjuntamente con su entorno “ninguno de los dos puede evolucionar en respuesta al cambio sin que produzca ajustes correspondientes en el otro” (Rosenau, 1998).
Cuando se percibe lo social desde el ámbito de la complejidad se está apreciando el verdadero sentido de las relaciones sociales. El Estado Social por consiguiente surge como el depurador del Estado Liberar que no ha entendido, o entendió, la complejidad de lo social; las soluciones que propuso el Estado Liberal a la sociedad fueron deficientes, individualistas e insolidarias. Se comportó como el Estado más totalitario de todos, puesto que en “nombre de la libertad” quebrantaba las posibilidades de bienestar del colectivo. Se estima, en expresión de Gándara (1983), que la libertad y la eficacia no son antagónicos, menos aún contradictorios, ya que la libertad sólo tiene sentido en cuanto significa ser libre para participar; mientras que la eficacia, orientada al tener más, sólo se justifica si está al servicio del hombre en la medida que le brinda mayores beneficios materiales. Es en razón de esto que en la medida que los requisitos sean cubiertos y satisfechos plenamente por el modelo de Sociedad y de Estado que se propugna, podrá éste lograr su justificación y legitimación ética, jurídica, social y política.
Al pretender construir un Estado Social desde enfoques de Derecho y Política, política social evidentemente, no estamos reinventando esquemas o agregando nuevos elementos a la consideración teorética de la concepción, sino redefiniendo los elementos presentes en el amparo de las nuevas condiciones sociales y políticas a las que se ha de enfrentar. Es un ir actualizando las relaciones sociales en razón de las relaciones de poder.
El Estado Liberal, denominémoslo de Derecho, aporta un esquema general que la visión de derechos sociales sólo ha de tener la tarea de revisar y reinterpretar, sin descuidar la esencia de justicia, solidaridad y participación que han de motivar los valores de un Estado Social. Este esquema parte de la valoración de la Ley como imperio y majestad de obediencia de todos los seres humanos; el principio de la separación de poderes como estructura básica para evitar el autoritarismo y la perversión institucional; el principio de la legalidad administrativa, que le otorgaría a las personas un respaldo a la hora de validar sus actuaciones en las relaciones en sociedad; y la denominada garantía legal de los derechos y libertades del hombre que dan un piso normativo para edificar una estructura social con resguardo en los derechos de cada persona. Tal como expresa Yolanda D’ Elia: “Por eso es que el Estado o más bien un nuevo tipo de Estado debe surgir, tomando de las herencias del pasado lo mejor y empujando a que cada vez más las personas estén en primer lugar. Eso es lo que logran los derechos”.
Se ha de insistir en que el Estado debe estar edificado sobre la idea, fecunda y dinámica de paz social y colaboración activa de los ciudadanos; esta realidad sólo sería posible si se desarraigan, con posición política firme, las profundas desigualdades e injusticias de ellas derivadas y que mantiene aún vigente la lucha o conflicto de clases. El ejercicio de los derechos y libertades tiene que estar plenamente garantizado en el epicentro constitutivo del Estado Social, prevaleciendo la pluralidad, así como la apertura a los ciudadanos de opciones político-sociales que le brinden múltiples, no excluyentes ni monopilizables, vías de autorrealización en donde la meta del “buen vivir” se compense con el principio de solidaridad que debe animar la legítima contienda política en la siempre renovada prosecución de un Estado y una Sociedad cada vez más democráticos y representativos.
El nuevo Estado, ese creado con visión Social, ha de estar edificado, como expresa Gándara, sobre el fecundo y creador “pluralismo social”, que conserve una clara conciencia de la solidaridad social, en donde los diversos grupos sociales tengan una clara conciencia de la común necesidad, sobre todo las clases menos favorecidas. El Estado Social construido desde la base de políticas públicas justas, solidarias y plurales, tiene que tener mecanismos de control de los procesos sociales, por ello se sugiere la creación de “grupos sociales intermedios”, los cuales, con autonomía y funcionamiento garantizados, ha de fomentar el Estado Social en razón de su condición democrática y participativa, rechazando las estructuras oligárquicas y autoritarias que bajo la excusa de un aparente “desorden” e “ingobernabilidad” en algunos Estados, aspira dirigir el desarrollo social por la vía de la fórmula y el pretexto interventor. Nada más contradictorio del espíritu de solidaridad y cooperación del Estado Social, el cual se va haciendo en la medida que todos se adjudican en su espacio un respeto a las normas y preceptos básicos de la convivencia común.
Ahora bien, al constituirse el Estado Social, éste ha de ser auténtico y operativo, ha de promover y garantizar una verdadera democracia política, económica y social, que haga efectiva la participación de los más necesitados en los bienes materiales y culturales del Estado, sirviendo de freno a las ambiciones y apetencias desmedidas e insolidarias de quienes teniendo más aspiran minimizar a los sectores con grandes necesidades y carencias. El Estado Social ha de propiciar una integración que conlleve a un compromiso y de allí al desarrollo de solidaridades, porque para que el hombre prevalezca en sociedad ha de estar interactuando y planteándose objetivos comunes que le permitan avanzar.
En este último aspecto interviene lo que llamó Maurice Duverger la teoría de la integración. Según Duverger la integración política constituye el aparte organizativo del Estado moderno. Si bien la política había aparecido para disminuir el grado de violencia física entre los hombres de una sociedad, ésta no podía permanecer sin conflictos, es por ello que al darse la sustitución de la agresión como mecanismo de imposición de ideas, toma lugar la discusión, el diálogo, los procesos de ostracismo o elección por mayoría. La integración, expresa Duverger, “supone no solamente la supresión de los conflictos, sino también el desarrollo de la solidaridad”.
Pero si el Estado controla la violencia no está generando un cuadro de desigualdad ante su propuesta de integración. Es posible que algunos interlocutores, como los marxistas, establezcan que el Estado es coercitivo y autoritario por dejar para sí el uso de la violencia para impedir una mayor violencia. Pero a este respecto, remitiéndonos al pensamiento de Duverger, la política no es supresión de las violencia, sino centralización, monopolización y organización de los medios de violencia, ello le da una ventaja sobre la mayoría que es conglomerado de seres humanos a los cuales hay que orientar por mecanismos pacíficos de confrontación. Si el Estado tiene la potestad de organizar la violencia, podrá asumir el control de las situaciones sociales con mayor diligencia y por ende se convierte en la única opción de autoridad.
Una vez que la violencia ha sido dominada por el Estado, aparece la figura del compromiso. La idea de un compromiso (algunos autores hablan de Pacto Social, Contrato Social, Convenio, etc.) no viene impuesta por una necesidad de encauzar el desarrollo de la lucha política, sino poner fin a las intenciones de hacer de la vida social una excusa única y última de la política. En una palabra, y acá coincide esta apreciación con Gándara (Ob.Cit.) y Duverger (1968), la política en la sociedad moderna ha de estar justificada como vía para manifestar los conflictos por medios no violentos, pero si se hace necesario, por la vía de una revisión del compromiso, se puede llegar a eliminar cualquier rastro de antagonismo por la vía del cambio del compromiso. Que ello transforme el Estado en una pirámide autoritaria y despótica, a veces la postura radical es necesaria para reorientar los canales de confrontación. Lo que si no es posible, y con una mirada a la historia mundial de estos últimos diez años nos percatamos, es la consecución a tiempo indeterminado de posturas radicales de Gobierno.
A todas estas, la definición de la justicia depende de las ideologías y de los sistemas de valores de la sociedad considerada. Casi siempre se encuentra fundada en la distribución de los bienes y las ventajas sociales dentro de una situación de penuria, en donde estos bienes y ventajas son más raros que las necesidades a satisfacer. El paso de las sociedades aristocráticas a las sociedades burguesas sustituyó el principio a cada uno según su nacimiento por el principio a cada uno según su capacidad a pesar de lo cual el nacimiento, en forma de herencia, continúa desempeñando un papel importante”. El compromiso no es el finan de los antagonismos, sino una tregua que permite modificar las relaciones de fuerzas y, si es necesario, sustituirlas por otras que se adapten mejor a la búsqueda de coincidencias plurales.
La etapa final que permite cerrar el círculo en la intención de construir un Estado Social con luchas y conflictos controlables, plenamente integrados en donde cada persona mantenga sus vínculos sociales por sobre todas las diferencias, es la solidaridad. Duverger sentencia: “no existe integración social sin desarrollo de las solidaridades. La solidaridad es el resultado, en primer lugar, de la propia estructura de la vida comunitaria, en la que cada uno tiene necesidad de los otros, de acuerdo con un entrelazado de cambios mutuos. Durkheim vio en la división del trabajo la fuente de este primer tipo de solidaridades, las cuales, si bien estaban poco desarrolladas en las economías cerradas primitivas, han ido creciendo según se iba produciendo la especialización de los intercambios.
La solidaridad tiene su razón de ser en la semejanza o la proximidad física de los miembros de la comunidad, así como en las representaciones colectivas que se crean de dicha semejanza y a proximidad; juega papel preponderante la identidad que cada quien tiene acerca de su sociedad y de sí mismos. Es la imagen que cada uno de nosotros tenemos acerca de nuestro entorno social, proyectada a la colectividad en un proyecto común de integración. Sin estas premisas básicas el Estado Social es irrealizable, violente y des conceptualizado de su razón de ser como organización que auspicia y promueve el “buen vivir”.
La base para que esta teoría de la integración alcance su valor en el contexto del Estado moderno ya se ha puesto en práctica en realidades sociales como Inglaterra, Francia y Estados Unidos de Norteamérica; me refiero al establecimiento de reglas y procedimientos claros, a la organización colectiva de la sociedad sin caer en la selectividad, en la puesta en marcha de un proceso de concientización y educación en valores ciudadanos que fortalezcan la identidad de las personas, así como la promoción de una coerción social que enaltezca principios de justicia y equidad, reflejando que el Estado es el galante de la preservación del proceso social y no quien impone modos o estilos de convivencia. Los nuevos tiempos, bien lo ha reflejado Edgar Luttwat en su obra “Turbo-capitalismo” (2000), no es de los que monopoliza la toma de decisiones, sino de quien la pluralice.
La tarea por hacer, se enmarca en crear programas, actividades y proyectos con un alcance público, siempre ha constituido un reto para quienes detentan el control político del Estado y administran las acciones del gobierno en cualquiera de sus niveles; es necesario remitir a la público es aludir en un mismo movimiento tanto a la sociedad como al Estado, dado que la dualidad Estado-Sociedad, es innata de la esfera pública y presupone la existencia de un marco referencial altamente interactivo que nutre y define los ámbitos y el alcance de todo emprendimiento general que se trace como meta la consecución del bienestar colectivo. Así pues, en el marco de un proceso de transformación donde la supresión de las injusticias y las desigualdades sociales representan una alternativa anti sistémica que alimenta la esperanza de millones de personas, la política pública se convierte en un poderoso instrumento de redistribución social que perfila como uno de sus objetivos principales la revinculacación del Estado con la sociedad a los fines de superar aquella insensata distorsión como la exclusión de la exclusión.
La Revolución Bolivariana tiene, en política pública, una gran tarea que implica alcanzar a corto y mediano plazo, dos retos fundamentales, propuestos por el sociólogo Carlos Rivas Villapol: Suprimir las brechas sociales generadas por los modelos exógenos de desarrollo que prevalecieron y a quienes en el plano discursivo continuamente se les imputa su altísima cuota de responsabilidad en la configuración de la pobreza; y Enmarcar sus prácticas transformadoras en enfoques alternativos que reproduzcan prácticas políticas diferenciadoras de los modelos desarrollistas y focalizados.
La profundización de la Revolución Bolivariana, insiste Rivas Villapol, se convierte “…en la única vía para sepultar las reminiscencias capitalistas y avanzar en la construcción del socialismo, la gestión pública adquiere un rol preponderante en un proceso de concientización social donde la configuración de esa nueva subjetividad está condicionada por la capacidad efectiva que tiene la revolución para cambiar las actuales condiciones de vida de la población. Sólo cuando esa modificación de las condiciones de vida impacte objetivamente en el grueso de la gente, el proyecto socialista se percibirá como una alternativa válida y coherente capaz de trastocar cualquier apología meramente discursiva”. La ausencia de un sistema de seguimiento y control que verifique el cumplimiento de los objetivos ofertados (eficacia) y la administración acuciosa de los recursos otorgados para su concreción (eficiencia), atenta contra la efectividad de la política pública impulsada por la Revolución Bolivariana.
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