14-12-20.-Especialistas consideran que los recientes sucesos relacionados con los inmigrantes venezolanos que viajaron a Trinidad y Tobago son «condenables» desde el punto vista jurídico internacional y humano.
La profesora de la Universidad Simón Bolívar y especialista en temas migratorios, Claudia Vargas Rivas, resaltó que las autoridades trinitenses han tenido un «comportamiento reiterado» hacia los venezolanos.
Vargas Rivas destacó que la isla no cumple con el reglamento internacional de la Convención de 1951. «Desde el punto de vista jurídico ya debería tener una sanción por parte de organismos internacionales y por la Convención Internacional de Derechos del niño».
Recordó los dos peñeros perdidos desde mayo del 2019, los cuales partieron desde el estado Sucre hacia Trinidad y Tobago; el barco con los 16 menores de edad deportados y luego regresados a la isla el pasado 20 de noviembre.
«Tenemos que ser vigilantes como sociedad civil y como venezolanos de que la legislación de Trinidad y Tobago acusa a las personas que entran de manera irregular (…). Son tratados como criminales, incluyendo a los niños», dijo.
Explicó que las autoridades de la isla deben tener en cuenta la «crisis humanitaria» que viven los ciudadanos, mientras que los venezolanos deben visibilizar aún más la situación.
En una entrevista concedida a Román Lozinski en el circuito Éxitos que transmite Unión Radio, dijo que mientras no se tomen acciones concretas continuará la misma problemática en los países receptores.
Políticas activas
El sociólogo Tomás Páez, señaló que ante la complejidad de la problemática se requiere pasar de la denuncia a políticas activas que permitan frenar la situación.
Resaltó, además, que el reconocimiento que hay entre ambos gobiernos podría facilitar un diálogo para atender la coyuntura.
Considera que mientras se mantenga el modelo político en el país, «va a ser imposible» frenar la diáspora y la gente seguirá buscando mejores condiciones de vida.
A su juicio, hay un desconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales sobre la migración venezolana que representa un 20% de la población nacional.