Washington, 21 de Agosto - La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó hoy a los gobiernos del continente a desconocer todo acto del "ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia" de Venezuela, y en particular a desestimar las solicitudes de extradición que ha llevado a cabo.
"En días pasados hemos asistido a espurias solicitudes de extradición por parte del ilegítimo tribunal supremo de justicia de la dictadura encabezado por su ilegal presidente Maikel Moreno", asegura la OEA en un comunicado.
Según el organismo continental, dichas solicitudes de extradición vinculadas al presunto atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "están viciadas y deben ser desconocidas al unísono por la comunidad internacional" al ser "fraudulento el órgano que las emite, impostores sus integrantes y no acordes a derecho".
La Secretaría General del organismo añadió, además, que hoy solo hay tres instituciones democráticas en Venezuela "por su origen constitucional, su integración conforme a los procedimientos constitucionales y su funcionamiento".
Estas son la Asamblea Nacional, resultante de las elecciones de diciembre de 2015; el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, y cuyos Magistrados fueron designados por la Asamblea Nacional; y la Fiscalía General, en el exilio también y "pretendidamente destituida en forma ilegítima por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente".
Según la nota de la OEA, solo estas tres instituciones "cuentan con la legitimidad y la legalidad que obligan a su acatamiento por parte de los órganos y soportes de los mismos en Venezuela, y a su validación por parte de la comunidad interamericana e internacional".
La Secretaría General de la OEA insistió en que "Venezuela vive en dictadura, la Asamblea Nacional Constituyente fue electa con fraude, y el Poder Ejecutivo y el Poder Electoral tienen vicios de origen y sus procedimientos de integración de las más altas magistraturas han sido inconstitucionales o fraudulentos".
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela reconocido por el Gobierno declaró procedente la semana pasada solicitar a Colombia la extradición del diputado opositor Julio Borges y de otros seis ciudadanos que estarían en Perú y Estados Unidos y que son acusados de participar en el presunto atentado contra Maduro perpetrado el 4 de agosto.
Además del mencionado Julio Borges, en la nota de la máxima corte se nombra a Rayder Russo (Colombia), Josser López Valero (Estados Unidos), Virginia Antonieta Da Silva-Pio (Estados Unidos), Carlos Monasterios (Colombia), Osman Delgado (Estados Unidos) y Yilber Escalona (Perú).
Todos "por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente de la República Nicolás Maduro", por la "presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y con motivos fútiles en grado de frustración" y "traición a la patria".
