03-09-21.-Este jueves 2 de septiembre desde el elevado de la ciudad de Puerto La Cruz, Anzoátegui, en el día nacional del empleado público, diferentes representaciones gremiales protestaron por mejores condiciones laborales.
Entre estas demandan un salario acorde a la realidad económica del país. Para Edison Hernández, coordinador regional del Movimiento de los Trabajadores de la Salud, no hay nada que celebrar con “salarios de hambre y miseria”.
“Hoy nos encontramos aquí protestando en contra de la esclavitud del siglo 21, a la que nos tiene acostumbrado Nicolás Maduro, con estos salarios de hambre y de miseria. No hay nada que celebrar como esclavos. Basta ya de salarios de hambre con condiciones infrahumanas”, sentenció el sindicalista.
Siguen sin vacunarse
El gremialista del sector salud puntualizó que hasta la fecha aun sigue sin vacunarse aproximadamente el 80 por ciento de los trabajadores sanitarios de Anzoátegui.
Durante la manifestación también estuvieron presentes trabajadores petroleros, la representación del gremio docente y trabajadores regionales de Corpoelec, entre otros.
La premisa en común de estos empleados de las instituciones públicas es la dignificación inmediata de sus salarios y el cese a lo que consideran criminalización de la protesta.
Hernández puso como ejemplo el caso de la enfermera Ada Macuare, la cual estuvo varios días privada de libertad, tan solo por denunciar la escasez de insumos médicos y precarias condiciones de trabajo que confrontan los trabajadores del ambulatorio Alí Romero de la ciudad de Barcelona.
Otra denuncia que cobró fuerza fue la de la ingeniera Sioly Guaramata, trabajadora de Petrocedeño, quien manifestó ser agredida físicamente en la oficina regional del Ministerio del Trabajo, solo por solicitar audiencia con la inspectora a cargo, Jenny Velásquez, la cual se negó a atenderla por posturas políticas, desalojando a la trabajadora petrolera de manera forzosa.
“Tengo el brazo golpeado, fui a fiscalía a introducir la denuncia y de allí me remitieron al forense para el informe médico. Este tipo de acciones ponen en evidencia que los derechos de los trabajadores tanto p,úblicos como privados, no están garantizados. Un trabajador de un ministerio que debe garantizar los derechos de los trabajadores no debería asumir una actitud de confrontación solo por exigir mi derecho a ser atendida», adujo Guaramata.
