No es nada exagerado afirmar que la inclemente arremetida impulsada por el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros en contra de los derechos de los trabajadores universitarios, no tiene parangón en la historia del Derecho Laboral venezolano desde 1958 a la fecha. Ni siquiera la fatídica Ley Orgánica del Trabajo (1997), sancionada durante el mal recordado segundo mandato del Dr. Rafael Caldera, atacó de manera tan aviesa a los trabajadores de las universidades nacionales en Venezuela.
Un hecho que evidencia la afirmación anterior, es el írrito Memorando Circular Nº 2792 con fecha 11 de octubre de 2018 firmado por el Ministro del Poder Popular del Proceso Social de Trabajo, Eduardo Piñate, el cual contempla los lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del "Programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica"
El mencionado Memorando Circular lo que hace es formalizar la muy grave situación en cuanto a salarios y seguridad social en la que se encuentra sumido el sector de los trabajadores universitarios por la fatal convergencia de factores de índole compleja que no es el caso analizar en éste momento, pero que viene a ser coronada por éste infortunado documento emanado de un gobierno que se autocalifica como "humanista" y "obrerista".
El deterioro paulatino de la situación laboral y socio económica de los trabajadores no es un tema nuevo, puesto que las convenciones colectivas del sector universitario suscritas desde el año 2012 hasta la III Convención Colectiva Única 2017-2018 ilustran de manera precisa al Estado venezolano como un violador pertinaz de los derechos laborales, valga decir, derechos humanos de obreros, administrativos y docentes de las universidades nacionales, con una sarta de cláusulas concertadas para ser incumplidas, letra muerta.
Así las cosas, los trabajadores universitarios hemos sido llevados a un escenario de ilegalidad, injusto y humillante, que ha derivado en una situación de miseria agravada que atenta contra el derecho a un salario digno que nos permita cubrir las necesidades básicas y las de nuestros grupo familiar, como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1966), entre otros instrumentos normativos que generan obligaciones y responsabilidades al Estado, en cuanto a la protección y garantía de dichos derechos.
Los derechos humanos se sustentan entre otros, en los principios de indivisibilidad e interdependencia, por tanto al lesionar los derechos inherentes al trabajo y a un salario digno, se estarán afectando otras garantías fundamentales como el derecho a la alimentación, a la salud, a la seguridad social, a la educación e incluso al derecho más sagrado: el derecho a la vida.
Por su parte, en las mesas técnicas de trabajo creadas para que se concertaran y negociaran las convenciones colectivas, el Estado prácticamente ha impuesto sus condiciones de manera unilateral, en virtud de la connivencia establecida con determinados actores federativos y sindicales que se han plegado a los designios gubernamentales, dejando a su suerte el destino de los trabajadores cada vez más empobrecidos.
Mientras se pierde el tiempo en discusiones que no favorecen en lo absoluto a la masa laboral universitaria, la progresividad y la intangibilidad de los derechos socioeconómicos se fue a lo más profundo del averno ante la desidia y la complicidad nociva de quienes en la práctica han venido desmontando el andamiaje provisto por el Estado social de derecho y justicia previsto en la Carta Magna.
Es lamentable decirlo pero dado que el "Programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica" ha sido un clamoroso fracaso, es el momento de revertir las políticas laborales que se relacionan con dicho plan y dejar sin efecto el funesto Memorando Circular Nº 2792 así como cualquier otra disposición que atente contra los derechos laborales y socioeconómicos en general.
Es urgente establecer directrices donde lo prioritario sea el ser humano y su dignidad, en atención a la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando señala que "No puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales…". Es el tiempo límite para rectificar, antes de que la fuga de talentos, las renuncias masivas, el hambre y la miseria terminen de truncar las esperanzas de una vida digna para los trabajadores universitarios y de arruinar lo que se construyó a fuerza de lucha y trabajo en las universidades venezolanas.
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