En las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre, Nicolás Maduro hizo énfasis diario en el pretendido plan económico "redondito" que resolvería todos los problemas de Venezuela. Habló hasta que se cansó de que todo estaba "fríamente calculado" y no quedaba nada sin considerar en el plan que comenzó a desarrollar a partir del 20 de agosto.
Resaltamos esta situación pues uno de los puntos que parece ser fundamental dentro de dicho "plan redondito" es el desconocimiento abierto de todas las contrataciones colectivas vigentes en la administración pública venezolana, a través de un documento-instructivo del Ministerio del Trabajo que establece la imposición de una serie de medidas laborales que echan por tierra todos los acuerdos firmados entre sindicatos y federaciones con el patrono-estado, medidas que violentan de manera brutal los derechos de los trabajadores venezolanos consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo.
Desde el 20 de agosto el gobierno de Nicolás Maduro, en su papel de principal patrono-estado de la nación, viene implementando una serie de medidas que reducen considerablemente los derechos de los trabajadores venezolanos. Uno de los aspectos centrales de esta política antiobrera de Nicolás Maduro es la imposición de unas tablas salariales "aplanadas", donde todos los escalafones de los ministerios y empresas del estado terminan ganando sueldos muy cercanos al salario mínimo nacional.
Este aplanamiento de las escalas salariales se complementa de manera brutal con los salarios de hambre que ha impuesto el gobierno de Maduro en los últimos años -el salario mínimo llegó a menos de 1 dólar mensual el pasado mes de agosto-, situación que coloca a Venezuela como el país que paga el salario más bajo del continente (actualmente el salario mínimo mensual es inferior a los 10 dólares, y comparemos con Haití, el país que nos sigue en la lista de abajo hacia arriba, dónde se pagan más de 87 dólares[i] mensuales a los trabajadores).
La única explicación que encontramos a este barbarismo laboral que ejecuta Maduro, y que según sus mismas palabras, responde a un plan concienzudamente trabajado y previsto en todos sus detalles, está en el objetivo expreso de destruir todos los derechos laborales y sindicales de los trabajadores en Venezuela para facilitar y atraer las inversiones extranjeras de diversas empresas trasnacionales, principalmente Chinas, Rusas, Turcas, Iraníes y también de países del bloque occidental.
El plan redondito de Maduro consiste en elevar al máximo las condiciones de explotación de los trabajadores venezolanos, para crear "ventajas comparativas" que atraigan a grandes multinacionales que sólo invierten donde existen bajos salarios y escasas regulaciones laborales (fundamento de todos los planes neoliberales desde hace 40 años).
Específicamente el gobierno de Maduro violenta el artículo 89 de la Constitución, al establecer disposiciones que alteran la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Violenta el artículo 91 de la CRBV al no cancelar un salario suficiente que permita al trabajador y su familia vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, el cual debe fijarse tomando como referencia el costo de la canasta básica. Violenta el artículo 96 de la CRBV al desconocer las convenciones colectivas de trabajo firmadas entre las federaciones, sindicatos y el patrono-estado. Violenta el artículo 95 que establece el derecho a la organización sindical como mecanismo de defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. Y violenta el artículo 93 al no respetar la estabilidad laboral y proceder a despedir a numerosos dirigentes y activistas sindicales que están en pie de lucha por sus derechos.
Sin ninguna duda, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno antiobrero, al servicio del capital extranjero, y por su condición de antiguo activista sindical, se puede catalogar como un abierto traidor de la clase obrera venezolana. El plan de Maduro se equipara y hasta supera los funestos planes neoliberales que Carlos Andrés Pérez (1989) y Rafael Caldera (1996) aplicaron en el pasado reciente.
Solo la lucha decidida de toda la clase trabajadora venezolana, a nivel nacional, podrá enfrentar y derrotar esta brutal ofensiva antiobrera que encabeza Nicolás Maduro y su gobierno de alianza PSUV-Militares. La creación de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela es un buen primer paso en esta dirección de confrontar al neoliberalismo con la lucha obrera y ejerciendo plenamente los derechos laborales consagrados en la Constitución de 1999.
Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 7 de diciembre de 2018.
[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Venezuela#cite_note-25
