Todo venezolano o venezolana que haya laborado en cualquier institución, ya sea pública o privada, tiene el derecho a recibir sus prestaciones sociales, tal y como se establece en el Artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): "Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal".

Del mismo modo, en el Artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012) se indica que: "Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía. El régimen de prestaciones sociales regulado en la presente Ley establece el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio, calculado con el último salario devengado por el trabajador o trabajadora al finalizar la relación laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. Garantía y cálculo de prestaciones sociales"

En concordancia con lo señalado y debido a que este mes pasaré a formar parte del grupo de profesores jubilados, me pregunto: ¿Realmente las prestaciones sociales en la actualidad me recompensarán los treinta (30) años de servicio que he dedicado a la educación básica y luego a la universitaria?

Al pensar en ello, aflora en mi mente la reciente experiencia de una profesora amiga, quien laboró durante 38 años como profesora, iniciándose en Educación Media y posteriormente continuó en la Educación Universitaria. Ella recibió la semana pasada sus prestaciones sociales después de cinco años de haberse jubilado y le cancelaron la "significativa" suma de cinco millones de bolívares. Este monto, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras le recompensará la antigüedad en su trabajo. Tal vez pueda comprarse algún caucho para su vehículo o algunos alimentos para sobrellevar la crisis económica que vivimos.

Otros pensamientos surcan mi mente y puedo evocar que hace muy pocos años un profesor universitario, al hacérsele efectivas sus prestaciones sociales, se podía comprar un vehículo del año, una casa para vacacionar en La Puerta o Mérida, algún viaje al exterior o un crucero y le quedaban aún ahorros para afrontar cualquier eventualidad. Asimismo, recuerdo que mi hermana (maestra de Educación Inicial) en el año 2008 pudo comprar un vehículo nuevo y remodelar su casa al recibir sus prestaciones sociales por 25 años de servicio. Esto no significa que la adquisición de bienes materiales sea el único propósito de un profesor universitario, pero bienes tan necesarios como una vivienda y un vehículo, además de poder disponer de un fondo en caso de alguna enfermedad, es lo mínimo a lo que puede aspirar después de una trayectoria laboral de 25 o más años de servicio durante los cuales cumplió funciones de docencia, investigación, extensión y en algunos casos desempeñó cargos administrativos.

Considero que es una injusticia social el hecho de que los profesores universitarios y todos los trabajadores en general, obtengan unas prestaciones sociales irrisorias que no representan ni dos meses del salario actual. Esto significa que no estamos recibiendo prestaciones sociales debido a que fueron devoradas por la inflación. A lo sumo, recibiremos un bono con el nombre de prestaciones sociales.

La situación descrita no solo perjudica a quienes se jubilaron recientemente y a quienes pronto lo haremos, sino que deja un sinsabor en nuestros jóvenes profesores, pues aparte de la situación económica tan adversa (no tienen suficiente para gastos de alimentación, pasajes y vestimenta, entre otros), donde ya el sueldo de algunos profesores de tiempo convencional iguala los gastos de pasaje; el hecho de mantener la continuidad en el sistema con la esperanza de recibir sus prestaciones sociales deja de ser un factor motivacional e indudablemente generará un mayor porcentaje de renuncias con la preocupante fuga de cerebros y el deterioro de la calidad del sistema educativo.

¿Qué podemos hacer para que las prestaciones sociales recompensen la antigüedad de los profesores o de todos los trabajadores?

• Reconsiderar el monto de las prestaciones sociales canceladas durante el año 2016 y ajustarlas al nivel de inflación de ese año.

• Para la cancelación de las prestaciones sociales a partir del año 2017 se propone la aplicación de los porcentajes de aumento de sueldo hasta que las mismas sean canceladas, a pesar de que estos aumentos no se ajustan al nivel inflacionario.

• Reducir el lapso para la cancelación de las prestaciones sociales y eliminar las diferencias con respecto al período de espera para los diferentes grupos de trabajadores (empleados, obreros y docentes).

• Cancelar las prestaciones sociales inmediatamente después de culminar la relación laboral.

• Reformular la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 92, considerando el cálculo de las prestaciones sociales con base al último salario recibido previo a la cancelación de las mismas y no en función del último salario devengado al finalizar la relación laboral.

• Cancelar las prestaciones sociales a través de bienes muebles o inmuebles como vehículos o viviendas, de manera que el trabajador goce de un patrimonio al jubilarse para beneficio de sí mismo y de su grupo familiar.

 

Desde mi perspectiva, sugiero la aplicación de una o varias de las alternativas señaladas o de cualquiera otra que dignifique al docente universitario, a los docentes de los otros niveles del sistema educativo, y en general, a todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, quienes han dado gran parte de su vida en pro de nuestra amada Patria.

 

Enarbolemos la bandera de la esperanza y la justicia social al recompensar la antigüedad de los trabajadores y trabajadoras con unas prestaciones sociales acordes a la realidad actual.

 

Lorena Fuentes. Profesora de la Universidad del Zulia.

 

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