El Tribunal arbitral se reúne al fin en París en 1899, realiza las reuniones previstas, y su decisión final e inapelable, aprobada en forma unánime, conocida como Laudo de París y emitida el 3 de octubre de ese año, establece que las bocas del Orinoco y el territorio amenazado de la Guayana venezolana son propiedad de Venezuela, pero le entrega todo el disputado territorio esequibo a Gran Bretaña como parte integral de la Guayana inglesa. Las críticas a esta decisión, que despoja a Venezuela de un territorio que era ya venezolano antes de la aparición invasiva de los ingleses en Guayana, no se hacen esperar. Algunos periódicos progresistas europeos la consideran injusta, la ridiculizan en caricaturas y muestran que ha sido un ejemplo más del triunfo usual del rico y poderoso sobre el pobre y débil, un triunfo más de la fuerza del poder sobre el derecho. Y Venezuela es la primera en expresar su abierto rechazo a la injusta legalización de ese atropello. Pero no hay nada que hacer porque se trata de una decisión inapelable. Y al cabo Venezuela no tiene otro camino que acatarla.
No obstante, si se mira todo en su conjunto, tomando en cuenta el contexto abiertamente colonialista propio del momento y la relación de poder e intereses existente entre las fuerzas realmente enfrentadas, que eran Estados Unidos y Gran Bretaña, la decisión, con toda su parcialidad, invalidez e injusticia, pudo haber sido peor para Venezuela. Y no lo fue.
En efecto, siendo una de los 2 partes del juicio en que se jugaba su futuro, Venezuela, por imposición de Gran Bretaña, que era la otra parte del juicio, estaba ausente del Tribunal arbitral que debía decidirlo. En ese juicio, ya sólo por ello inválido, cojo y sesgado, era inmensa la agresividad británica en su contra; y su defensa, que le correspondía hacer a Estados Unidos, tenía límites precisos, pues no hay que olvidar que Estados Unidos tenía en todo este asunto sus propios objetivos e intereses imperiales. Es claro que, para lograr la unanimidad necesaria a objeto de hacer pasar la decisión por justa, el jurado debía dar algo a cada parte. Así, Venezuela recuperó las bocas del Orinoco y su territorio guayanés amenazado, que era lo que le interesaba lograr a Estados Unidos a fin de limitar la peligrosa ambición territorial inglesa. Y para que pudiese haber acuerdo y decisión unánime, Gran Bretaña también debía sacar ventaja, de modo que recibió como propio todo el territorio esequibo venezolano del que había despojado a Venezuela. Y esta debió conformarse con no haber perdido todo.
Desde el comienzo del siglo XX, ya apagada la protesta inicial de Venezuela contra el Laudo de París, el tema del Esequibo fue desapareciendo con rapidez de la política venezolana. Ninguno de los gobiernos de la primera mitad del siglo volvió a retomar o a mencionar el tema. Es que se había aceptado bajo protesta el Laudo de París. Y lo cierto es que ese prolongado silencio de cinco décadas hizo que las reclamaciones del siglo anterior dieran la impresión de haber pasado a la historia a medida que la vieja Venezuela pobre se iba convirtiendo en otra Venezuela, moderna, petrolera y rica. El gobierno de Castro que, en defensa de los intereses del país, enfrentó a diversos gobiernos europeos y al de Estados Unidos, no tocó el tema. La larga dictadura de Gómez, amiga servil de Inglaterra y luego de Estados Unidos, ignoró por completo el cada vez más lejano asunto del Esequibo. López Contreras sólo se ocupó en el último año de su gobierno de finiquitar, como ya vimos, el delicado tema de los límites con Colombia. El gobierno de Medina Angarita estuvo dominado en lo internacional por el tema central de ese período, el de la Segunda Guerra mundial. Tampoco fue asunto que tocara la Junta militar que lo derrocó en octubre de 1945 ni el subsiguiente y breve gobierno de Gallegos, derrocado a su vez en noviembre de 1948.Y es la dictadura militar que lo sucede, que dura diez años, la que replantea el problema del Laudo en 1951 y en 1954, pero siempre en el plano documental. Y va a ser la llamada Cuarta República que gobierna el país después del derrocamiento de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 la que tomará el problema en sus manos a partir de 1962. Ese año el propio presidente Betancourt lo toca en un discurso, y a continuación el representante venezolano en la ONU, Sosa Rodríguez, y el canciller, Falcón Briceño, hablan en reuniones de ésta acerca del asunto, resucitando con mucha prudencia el tema de nuestra vieja reclamación contra la decisión del Laudo de 1899 que nos despojó del territorio esequibo.
Y aquí, para reubicarnos dentro del tema y examinar el nuevo contexto en que el gobierno de Venezuela se lo fija como tarea, nos conviene detenernos, a partir de algo que ha pasado antes de 1962 y de algo que está ahora por pasar, en las características centrales de este nuevo contexto geopolítico, el de los años sesenta del siglo XX, que van a ir marcando y condicionando en gran parte la pauta no muy favorable de lo que va a lograrse.
Mallet-Prevost
Lo que había ocurrido alrededor de década y media antes de 1962 fue algo fundamental referente al veredicto del Laudo de París y ligado al nombre hasta entonces poco conocido de Severo Mallet-Prevost. En la reunión de París, además de los cinco jueces, hubo otros participantes, y de ellos los principales fueron los abogados defensores de las partes enfrentadas: uno, el inglés Richard Webster, por Gran Bretaña, y el otro, el estadounidense Severo Mallet-Prevost, por Venezuela. Al inicio del proceso cada uno de ellos dedicó trece días a la defensa de los argumentos del país que le tocaba defender. En cada caso hubo preguntas y discusiones y Mallet-Prevost hizo una minuciosa defensa de los derechos venezolanos. Luego de terminadas ambas exposiciones, los jurados se separaron, y tras una corta vacación para que reflexionaran, reanudaron su trabajo; y en forma excepcionalmente rápida, el 3 octubre de 1899, emitieron su concisa, unánime y sesgada decisión.
En febrero de 1944, Mallet-Prevost, integrante para entonces de un respetado bufete de juristas estadounidenses, le dicta al abogado Otto Schoenrich, jefe del bufete, un memorandum en el que denuncia lo realmente ocurrido en el tribunal que emitió el Laudo de París, para que ese memorandum, grave denuncia de las irregularidades que caracterizaron el cuestionable arbitraje, sea publicado y difundido sólo después de su muerte. Mallet-Prevost muere en diciembre de 1948 y Schoenrich lo publica y difunde en los medios estadounidenses a partir de enero de 1949. El memorandum tiene repercusión en Estados Unidos y pronto es conocido del gobierno dictatorial venezolano, que lo utiliza desde 1951 como argumento de peso para replantear sobre estas nuevas bases la lucha venezolana contra el infame Laudo y dar nueva fuerza a la reclamación de Venezuela sobre el territorio esequibo. Así el tema es planteado en 1951 en la ONU y en 1954 en la Décima Conferencia de la OEA en Caracas, la misma que condenó al gobierno progresista de Árbenz en Guatemala, Venezuela toca el tema en un documento colectivo contra el colonialismo en el que hizo constar su principista rechazo a éste, en cuya calidad apoyaba la futura independencia de Guyana, pero sin perder por ello su derecho a reclamar una solución justa para recuperar un territorio que le había sido robado.
El memorandum de Mallet-Prevost ha sido reproducido en diversos textos y es accesible en Internet. Pero debo hacer una breve síntesis del mismo para facilitar la comprensión de lo que sigue.
Continuaremos en próximo artículo.
Tomado del diario Últimas Noticias.
