El gobierno neo fascista de Uribe ha violado, una vez más, la soberanía venezolana al secuestrar en Caracas al dirigente revolucionario colombiano Rodrigo Granda, emisario internacional de las FARC, quien se encontraba en Venezuela participando en dos importantísimos eventos de carácter internacional, el de los intelectuales en defensa de la humanidad y el Congreso Bolivariano de los Pueblos.

El 13 de diciembre, a plena luz del día, un grupo de sicarios del DAS colombiano, con la presunta colaboración de efectivos de la Disip, en la céntrica estación del metro de Bellas Artes, a escasas cuadras de donde se había efectuado el evento de los intelectuales, una brigada introdujo a Granda, por la fuerza y bajo amenaza de muerte, en la cajuela o maletero de un vehículo de los varios que al parecer participaban en el operativo que, como se ha señalado, contó con el apoyo de miembros de la policía política venezolana.

Del gravísimo hecho han transcurrido más de 15 días y apenas el 28 de diciembre el gobierno, por boca del ministro del Interior y Justicia, Jesé Chacón, anunció que el CICPC investigaría la denuncia; a eso se ha remitido hasta el presente la conducta gubernamental. No era esa tímida respuesta la que esperaba el movimiento popular bolivariano, y ese hecho que preocupa altamente pues el imperialismo y sus agentes colombianos y de la propia CIA norteamericana, le están poniendo una espada de Damocles sobre la cabeza a los revolucionarios; vieja práctica propia de las dictaduras que azotaron al continente la década del 60, 70 y 80, se percibe claramente que el Plan Colombia está actuando en nuestro país de manera impune y sectores del gobierno parecen tolerarlo; se revive el nefasto Plan Cóndor de tan infausta recordación en la América del Sur. A lo ocurrido se agrega, incluso, que un grupo de espías colombianos, los militares, mayor Carlos Arturo Cruz Curtidor, teniente Harrison Gil Arce y subintendentes Pedro Nel Roa Martín y Degli Magli Sibaja Rodríguez, apresados en flagrancia de actividades de espionaje en nuestro país, y que fueron devueltos a su país por el Ministro de la Defensa.

El secuestro fue denunciado por el director del diario colombiano La Voz, casi inmediatamente de haber ocurrido, la información apareció por el diario digital Aporrea, por el diario VEA, por Ultimas Noticias; incluso el periodista colombiano Hernando Calvo Ospina en una crónica del crimen, publicada el 21 de diciembre a nivel internacional, quien minutos antes estaba conversando con el dirigente revolucionario colombiano e hizo una crónica del suceso publicada en VEA. Es decir, había suficiente ‘notitia críminis’ para que la Fiscalía General de la República actuase con celeridad y prontitud. Silencio sepulcral.

En Venezuela, país defensor de los derechos humanos, un grupo de sicarios y esbirros de una policía fascista como la de Colombia, con la anuencia de agentes policiales venezolanos, y probablemente de altos funcionarios, violan los derechos humanos de un compatriota latinoamericano, y no pasa nada, no hay una nota de protesta ante el gobierno criminal de Uribe por la violaciones a nuestra soberanía, no hay la exigencia de que esta persona sea devuelta, más aún, se llegan a acuerdos militares y de inteligencia entre los Ministerios de la Defensa de los dos países.

Los bolivarianos esperamos una aclaratoria y una defensa de la soberanía de parte del gobierno del Presidente Hugo Chávez.

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