Las ciudades latinoamericanas están en plena evolución y poseen un potencial extraordinario; aprender de las experiencias de otras latitudes, convertirlas en centros de confort colectivo y de intercambio ciudadano, hacer uso de las tecnologías disponibles, armonizar su desarrollo con la agenda medioambiental e innovar, son la clave para lograr conglomerados metropolitanos socialmente justos y desarrollados.

Dado el vertiginoso aumento de la población urbana en la gran mayoría de los países latinoamericanos, la ciudad y su desenvolvimiento ha de ser un propósito de cuidado prioritario a asumirse por la sociedad en su conjunto. El espacio donde se habita puede tornarse diferente al ideal individual o colectivo, si la inercia del crecimiento desordenado discurre sin parámetros validados democráticamente, sin políticas de convivencia y sin planes regulatorios.

Pero también, la organización del hábitat donde la inmensa mayoría de seres humanos se desenvuelve, no puede supeditarse ni a dogmas de carácter ideológico ni a euforias mercantiles de intereses corporativos.

Relegar a un segundo plano tal desarrollo de la urbe, y asumir que la lógica “auto-reguladora” de la dinámica socioeconómica será altruista es, en buena medida, dejar que las fuerzas segregacionistas y excluyentes del urbanismo dominado por la dinámica de los mercados inmobiliarios especulativos, se reproduzcan y perpetúen, aún en oposición a los postulados de un modelo de desarrollo que atiende a estatutos urbanísticos claramente definidos y puestos en común entre la ciudadanía. Adoptar posturas críticas y emprender acciones de vanguardia respecto de la ciudad sumisa al mercado no regulado, es un llamamiento de primer orden.

Cada entidad urbana precisa definir su propio modelo de ciudad a construir, atendiendo a su especificidad cultural, sus características morfológicas, su historia, su organización social y económica, para ello es primordial establecer mecanismos que posibiliten su evolución en la perspectiva de fundar criterios de inclusión, justicia social, y derecho de todos a la ciudad, de modo que en ella se contenga y expresen los elementos ordenadores de una nueva sociedad.

Preocuparse por el espacio público obliga a pensar el territorio urbano tanto como recurso, como producto y también como práctica societal; por ello, las ciudades son zonas que sintetizan lo sensorial, lo estético, lo social, lo político, lo cultural, lo patrimonial, lo simbólico, lo mercantil, lo comunicacional y lo comunal. No entenderlo como un todo holístico constituye un reduccionismo procaz. Poco menos viene ocurriendo, tanto en la concepción de las autoridades gubernamentales, como en la opinión pública, las lógicas corporativistas y las propias comunidades. Sirva este material como llamado de atención a tan significativo asunto de interés colectivo.


Concentración de la población en las ciudades latinoamericanas

Latinoamérica se coteja a Europa en términos de población urbana; cerca del 80% del total poblacional vive en ciudades, sin embargo, las grandes capitales ya no concentran la mayor aceleración en su crecimiento, son las urbes intermedias (entre 50.000 y 1.000.000 de habitantes) las que exhiben índices de crecimiento superiores a los promedios nacionales.

El cómo se distribuye la concentración poblacional por tamaño de ciudades latinoamericanas, pone de manifiesto la relevancia de planificar los impactos esperados por los crecimientos, particularmente, de las ciudades intermedias que advierten procesos de gentrificación de la periferia urbana, al ocupar zonas locales tradicionalmente de vocación agrícola y/o artesanal, lo que produce desplazamientos, metamorfosis social y segregación territorial de ingentes masas sociales. 

Se cuantifican cerca de mil ciudades intermedias en Latinoamérica, mismas que acogen a poco más de 160 millones de habitantes, esto es, aproximadamente el 31% de la población urbana de la región. Ciudades como Cuenca en Ecuador, Acarigua-Araure en Venezuela, Maranguape en Brasil, Barranquilla en Colombia, así como el resto de la región, poseen una singular oportunidad de orientar su modelo urbano poniendo el acento en la planificación estratégica del territorio, al hacer de sus urbes espacios más inclusivos, asequibles, seguros, productivos, y generadores de empleo.

Ya no son los ejes metropolitanos los nodos exclusivos de expansión y desarrollo, sino las zonas urbanas intermedias. En poco tiempo, la mayoría habrá alcaLas ciudades latinoamericanas y su papel en el ecodesarrollo

Las ciudades latinoamericanas están en plena evolución y poseen un potencial extraordinario; aprender de las experiencias de otras latitudes, convertirlas en centros de confort colectivo y de intercambio ciudadano, hacer uso de las tecnologías disponibles, armonizar su desarrollo con la agenda medioambiental e innovar, son la clave para lograr conglomerados metropolitanos socialmente justos y desarrollados.

Dado el vertiginoso aumento de la población urbana en la gran mayoría de los países latinoamericanos, la ciudad y su desenvolvimiento ha de ser un propósito de cuidado prioritario a asumirse por la sociedad en su conjunto. El espacio donde se habita puede tornarse diferente al ideal individual o colectivo, si la inercia del crecimiento desordenado discurre sin parámetros validados democráticamente, sin políticas de convivencia y sin planes regulatorios.

Pero también, la organización del hábitat donde la inmensa mayoría de seres humanos se desenvuelve, no puede supeditarse ni a dogmas de carácter ideológico ni a euforias mercantiles de intereses corporativos.

Relegar a un segundo plano tal desarrollo de la urbe, y asumir que la lógica “auto-reguladora” de la dinámica socioeconómica será altruista es, en buena nzado tasas poblacionales propias de gran ciudad, con mayores pasivos ambientales, mayor pobreza en su periferia, mayor demanda energética, mayores demandas socioeconómicas, mayores conflictos y deuda social, si no crecen de forma ordenada y bajo criterios consensuados entre la colectividad. Lo que no se haga ahora, supondrá mayores complejidades y conflictividad social en el mañana; depende del presente no dejar en manos del libre albedrío el futuro de las grandes masas poblacionales condenadas a estar amontonadas en ciudades fallidas.

Características de la urbe latinoamericana

En el conjunto de las grandes ciudades latinoamericanas, Sao Pablo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Caracas, Lima, Ciudad de México, Managua, por nombrar algunas, se ha impuesto un modelo urbano difuso con características norteamericanas o anglosajonas, constituido por islas conectadas a través de autopistas.

La estructura y morfología urbana inherente a ese modelo consiste en zonas donde se localizan servicios especializados, zonas residenciales exclusivas para los sectores medios y altos, grandes centros de esparcimiento y consumo, con “barrios” en las zonas de alto riesgo y poco valor. El ordenamiento territorial se rige por las fuerzas invisibles del mercado, que decreta la declinación de unas áreas y el ascenso de otras.

Lo que está sucediendo con las grandes ciudades, lo que se haga o deje de hacer, puede convertirse en modelo negativo o positivo a ser emulado por las ciudades intermedias. En las últimas décadas, se ha producido una lenta transformación en las urbes latinoamericanas a raíz de procesos económicos, de entre todos estos cambios, sin duda, el más sobresaliente ha sido, la modificación sustancial de las áreas sociales como consecuencia del acaparamiento del espacio público por parte de corporaciones privadas.

También los cambios en tales conglomerados metropolitanos son consecuencia de procesos sociales, políticos, culturales y tecnológicos que se reproducen en su interior, a saber, exclusión social, relaciones de dominación, desarraigo cultural, pérdida patrimonial, pasivos ambientales, sobre poblamiento anarquizado, pérdida de contacto social, deterioro de los espacios y servicios públicos, entre otras características que se manifiesta de distintas formas, repasémoslas:

a) Segregación espacial y social

La ciudad latinoamericana está visiblemente segregada, presenta en su seno porciones opulentas, capas medias, sectores populares (clase media baja) y grupos excluidos con pocos vínculos entre sí, estratificados en el espacio urbano y con notables diferencias en sus niveles de vida, producto de lo cual se expresan inequidades absurdas y, particularmente, escasa integración social. Caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades sociales, delincuencia, violencia, criminalidad y otros flagelos.

La “ciudad formal” ubicada en los mejores asentamientos y mejor dotada de servicios y equipamientos, con conjuntos cercados, amplias vías y avenidas, espacios de esparcimiento, áreas verdes, vigilancia privada y de grandes residencias, no se relaciona con la “ciudad informal” de la periferia, la de las barriadas, con viviendas precarias, con amplias favelas o barrios, servicios deficitarios, hacinamiento y en, múltiples casos, bajo situación de alto riesgo. El vínculo entre ambas ciudades viene dado en el hecho de que en una habita la “mano de obra” de la otra.

Se trata en realidad de dos ciudades entrelazas por una geografía e historia común, sin embargo, una ocupa y se apropia de los mejores espacios en una suerte de carrera indetenible hacia las periferias, y la segunda se ve obligada a la toma irregular de terrenos comprometidos y sin urbanizar, en los límites de la ciudad formal.

En el medio de ambas vive una extensa tonalidad de capas medias, también social y espacialmente segregada. En la basta mayoría de las ciudades latinoamericanas, son apreciables las diferencias e inequidades en el acceso a los servicios y a los beneficios que éstas ofrecen para cada uno de los grupos sociales que la componen.

b) Desarrollo anárquico

Las fronteras de las ciudades latinoamericanas se expanden sin control, bajo las mirada indiferente e indolente de las autoridades reguladoras del espacio urbano; en un gran número de ellas no se practica el ordenamiento urbano ni la planificación del desarrollo.

Tal crecimiento indiscriminado y anárquico se produce bajo el influjo de dos directrices contrapuestas: una dirigida por invasiones urbanas u “ocupaciones ilegales”, activadas por la necesidad de establecimiento, arraigo y vivienda de los sectores pobres, dado el déficit de tierras urbanas habilitadas dentro del perímetro de la ciudad formal.

La otra propiciada por los “desarrollos inmobiliarios”, realizadas al margen de toda regulación, habida cuenta de que encuentran en la falta de ordenación pública el ambiente propicio para el emprendimiento de proyectos que les son muy rentables. Las más de las veces, tales proyectos no toman en cuenta los requerimientos de servicios para recibir y atender la nueva demanda de población, situación que afecta la disponibilidad de agua, electricidad, vías, transporte, etc., y acentúa los déficits ya existentes y el caos reinante en las ciudades.

El crecimiento anárquico eleva los costos de dotación, incrementa los déficits de servicios urbanos, genera la ocupación desordenada del espacio, y acentúa la pérdida de suelos de alto potencial agrícola.

c) Ocupación desparramada

La ciudad latinoamericana se organiza en torno a la disposición de centros de especialización donde se diferencian las funciones urbanas (comercial, industrial, de servicio, residencial, etc.). La dinámica económica se motoriza en torno a tales centros, cada cual, con una actividad empleadora y periferias residenciales conectadas por autopistas, con privilegio al uso del vehículo privado como medio de transporte de la población. En este modelo el desplazamiento peatonal es minimizado y restringido, aumenta el número de horas requerido para el traslado de las personas desde sus lugares de residencia hasta sus sitios de trabajo y viceversa. Las personas tienen un tiempo muy limitado para la interacción social.

En las grandes áreas o regiones metropolitanas se presenta el fenómeno de las ciudades dormitorio, desprovistas de actividades empleadoras y servicios para la mayoría de las personas que las habitan, por lo que éstas se ven en la obligación de trasladarse a los centros de empleos y servicios, en condiciones precarias, afectando la vida en familia y el intercambio social.

d) Costoso reacomodo para la adaptación y el crecimiento

Ciudades dormitorios que no cuentan con servicios de transporte masivo, capaz de movilizar a cientos de miles de personas a diario a sus centros de trabajo, o zonas residenciales sin suficiente cobertura de agua potable, son algunos de los típicos ejemplos del asentamiento desordenado y sin planificación de ciudades que ameritan reconstruirse en caliente.

Construir un sistema de transporte público masivo o acometer una obra de aducción y disposición de aguas para ambos casos, supondrá grandes obras en medio de la ciudad, reubicación de servicios públicos, obstaculización de pasos y consecuencias molestas, sin mencionar los elevados costos de inversión.

e) Menoscabo de los espacios públicos

Los espacios públicos son los sitios por excelencia para el encuentro, la distracción, las afirmaciones culturales, integración e interacción social, su mengua afecta la propia vida en ciudad. En Latinoamérica queda mucho por hacer en cuanto a la proliferación de tales lugares de convivencia, no obstante, en una multiplicidad de ciudades la tendencia a edificar centros comerciales como espacio de “intercambio” crece, con el riesgo de que las relaciones sociales muten a expresión de los valores individualizantes del ser humano.

Los espacios públicos se encuentran en decadencia por la desatención de la que han sido objeto por parte de las autoridades locales, así como por las dificultades financieras y de gestión de los gobiernos municipales para su mantenimiento, aunado a los pocos incentivos que tiene la población para su conservación y el escaso interés de los sectores privados para invertir en su recuperación.

Los espacios públicos mejor mantenidos se sitúan en los sitios privilegiados de la ciudad, mientras que los de las zonas populares o de los centros tradicionales, se encuentran en franco deterioro, siendo ocupados por la indigencia, la basura y otros problemas que los hacen altamente inseguros e intransitables.

f) Especulación inmobiliaria

La especulación inmobiliaria es práctica común en todo el mundo, por ser una manera expeditiva y segura de ganar mucho dinero, invirtiendo relativamente poco. Esto hace que la ciudad esté a merced de los intereses particulares del negocio inmobiliario. El valor económico de los terrenos es empleado con fines especulativos y regulado por el mercado, quien como, se sabe, opera bajo la lógica de la ganancia individual y no bajo la impronta del interés colectivo.

La resultante de la ecuación especulativa es la segregación intolerable de la ciudad y la pérdida de autoridad regulatoria del Estado.

Hacer frente común y pedir más control sobre este tipo de operaciones de compraventas, es un vector empleado por muchos ayuntamientos y alcaldías. También, la puesta en marcha de planes anti-gentrificación en barrios, sobre la base de la elaboración de índices de precios. Tales índices posibilitan el otorgamiento de incentivos a los arrendadores a fin de que no superen los precios que figuren en él.

g) Modelo urbano sin asidero medioambiental

El modelo de expansión urbana en Latinoamérica (sobretodo las ciudades intermedias) se centra en el mero ensanchamiento del territorio, lo cual supone mayor consumo de porciones desmesuradas de suelo e implica una alta inversión en infraestructura y equipamiento urbano (vialidad, sistemas de transporte, redes de distribución de agua y saneamiento, electricidad, telefonía, gas, escuelas, institutos educativos en general, bibliotecas, centros culturales y centros de salud, etc.). Adicionalmente se requerirá un oneroso mantenimiento.

Este modelo a su vez aumenta el consumo energético, la contaminación y los costos de dotación de servicios públicos. Estimaciones conservadoras indican que el coste de gestión de tal tipo de ciudad con fronteras móviles, es de 2 a 5 veces más elevado que el de la “ciudad compacta”, requiriendo además cerca de 35 veces más terreno y 15 veces más vías asfaltadas.

h) Ciudades carentes de identidad

Es común observar en las urbes latinoamericanas el desplazamiento de su centro histórico por la presencia de otros centros de mayor influencia y mejor dotados. En tal sentido, los rasgos culturales propios de la historia de la ciudad, su patrimonio arquitectónico, se ven desplazados por los centros comerciales que expresan valores y códigos culturales uniformadores, alienantes, con orientación al consumo.

i) Políticas urbanas no democráticas

Las disposiciones que dicta la dinámica de la ciudad latinoamericana son, en gran medida, centralizadas por grupos de interés con amplios recursos económicos, políticos y financieros, en complicidad y concordancia con factores políticos que dirigen la municipalidad o poseen amplia injerencia en la localidad.

La ciudadanía, expresada por amplias capas medias y sectores populares, es relegada al margen de tales decisiones, por lo que en general, sus expectativas, necesidades y aspiraciones no son incorporadas en los manejos urbanos.

j) Inadecuada distribución de competencias urbanas

En el mejor de los casos, en un gran número de ciudades latinoamericanas frecuentemente se solapan atribuciones urbanas entre los distintos niveles de gobierno, en otras ocasiones ninguna institución se ocupa de tareas vitales de planeamiento o gestión de la ciudad. Ello ocurre en parte, dada la inmadurez institucional de ciertos organismos públicos y por la alta rotación de funcionarios en virtud de los recurrentes cambios de gobierno.

Esta limitación es especialmente notable para el manejo de las grandes urbes, cuyo crecimiento envuelve a varios municipios y autoridades locales. Los instrumentos previstos en legislaturas tales como los distritos municipales y las mancomunidades urbanas, son a menudo ignorados por los gobiernos, lo que merma la capacidad de gestión planificada de estas áreas metropolitanas.

k) Limitadas capacidades institucionales

Es común que la gestión municipal latinoamericana se realice sin basarse en un plan mínimo, amén de poseer un conocimiento muy limitado de la realidad local. Tal gestión del municipio tiende a ser altamente improvisada, concentrando esfuerzos y recursos en múltiples urgencias sin resolver problemas de fondo.

En el ámbito de los gobiernos nacionales, las funciones de planificación urbana son normalmente relegadas a oficinas con poco personal, desprovistas de información y con limitaciones técnicas administrativas. Lo propio ocurre con las oficinas de planificación urbana de los municipios carentes de capacidades institucionales y presupuestarias para llevar adelante la elaboración de planes urbanos, restringiendo sus funciones a la administración de las ordenanzas y regulaciones de ocupación.

Pero aún más relevante que estas limitaciones, es la ausencia de soportes tecnológicos que son del dominio público y una política nacional que guíe el desarrollo de las ciudades latinoamericanas, en lo atinente a la Nueva Geometría Territorial Nacional.

Planificar el desarrollo de las ciudades, el gran desafío

La superación de los problemas urbanos no se hace de manera aislada, tampoco tomando como referencia los límites de la ciudad y los de su área de influencia. La ciudad se entrelaza e integra al todo holístico y sus dinámicas trascienden sus cotos cerrados, por lo que es ineludible asumir respuestas a tales vicisitudes desde la esfera local y proyectados a la proporción nacional y/o internacional. De allí que se precisa vivir lo local y pensar a escala global.

Muchos problemas urbanos no se originan en el propio seno de las ciudades sino se importan de otras latitudes1, por lo que las soluciones pueden estar fuera del propio territorio, seguramente en un ámbito nacional.

Pensar en desarrollo urbano, en solución de problemas de cada ciudad, sin una congruencia con los planes nacionales, es tanto utopía como ejercicio inútil de planeamiento.

Latinoamérica ha heredado un modelo de concentración territorial con una periferia estancada y un centro dinámico en crecimiento, con marcadas incompatibilidades entre sí. Las migraciones que históricamente han acaecido hacia el centro de los países, la localización de la mayoría de las actividades industriales en dichos centros y la desigual distribución del ingreso, pesan de manera determinante sobre las principales ciudades, sin contar con los pasivos ambientales creados.

El patrón nacional se reproduce a una escala mayor, los países ordenados de acuerdo a su papel en la división internacional del trabajo se conectan con el “primer mundo”, pero yacen desconectados entre sí.

De allí que se requiera conformar un Estado rector de las actividades del desarrollo: induciéndolas, regulándolas y controlándolas, asumiendo la planificación del desarrollo desde lo nacional hasta lo local, como actividad socio política fundamental para orientar su actuación.

En tal sentido, se hace necesario asumir la planificación urbana como Política de Estado bajo conceptos y prácticas desburocratizadas, y fundar una nueva institucionalidad que supere el anacronismo de las oficinas de ordenamiento territorial.

Del mismo modo, el desarrollo de las ciudades debe ser concebido en el marco de una Política Nacional de Desconcentración y Desarrollo Territorial. Con un ente supra regional que articule estrategias comunes, democratice la información y las tecnologías disponibles, coordine equipos especializados y asegure la participación ciudadana en la producción de dispositivas y regulaciones, así como en la contraloría social de los emprendimientos.

Que los países latinoamericanos asuman la planificación estratégica de las ciudades y el territorio como una política de Estado en la que se armonicen programas urbanos, estrategias de gestión y desarrollo económico, favorecería la promoción de reformas institucionales positivas y cambios culturales tanto en los decisores como en la ciudadanía metropolitana.

Pensar a mediano y largo plazo las ciudades es la línea de acción correcta, habida cuenta de que ciertos problemas que les son inherentes (vivienda, transporte, sostenibilidad, etc.) no pueden ser atendidos satisfactoriamente en el corto plazo, lo cual supone en diversos casos, trascender los períodos de mandato de los gobiernos de 4, 5 o 6 años de duración.

Si el plan estratégico de las ciudades se funda en un consenso activo, tras la participación de todas las fuerzas intervinientes de la dinámica urbana, se logran mejores apuntalamientos en el tiempo, sin importar los vaivenes de los cambios políticos. Una visión compartida por las amplias mayorías, fundada en esquemas holísticos y de máxima inclusión social, supone gobernanza urbana robusta, y apoyos populares a lo largo de los procesos de implementación de los planes.

Los tres pilares del desarrollo sostenible, bienestar social, progreso económico y política ambiental deben compaginarse en las agendas de las ciudades, de allí que, habiendo delimitado el andamiaje de planeamiento estratégico para el desarrollo, corresponde ahora repasar la hoja de ruta a seguir por las urbes latinoamericanas en cada uno de estos eslabones, repaso que a continuación haremos.

Desarrollo económico con justicia social

El modelo de desarrollo al que se alude se centra en la construcción de una sociedad justa, incluyente y solidaria, donde la redistribución de la riqueza generada tras el empleo adecuado de los recursos naturales del entorno, son orientados a la satisfacción de las necesidades sociales; suprime cualquier forma de dominación sobre grupos humanos, mejorando su calidad de vida sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan; patrocina la profundización de la democracia participativa y postula la plena inclusión de la ciudadanía en los asuntos públicos, al tiempo que da correcta observancia a la autodeterminación de los pueblos.

Desarrollo para el crecimiento económico y para el bienestar ciudadano es el enfoque adecuado. Reducir las externalidades negativas de todo proceso de apuntalamiento económico, concita superar desequilibrios y desigualdades existentes. Las grandes ciudades en tal sentido, han de contribuir con la formación de empleo, aminorar brechas de desigualdad, limitar la gentrificación, saldar los pasivos ambientales, respetar el derecho a la ciudad para todos, y promover la cooperación y la solidaridad entre individuos, instituciones y territorios.

Es primordial avanzar hacia modelo socialmente justo y ecológicamente equilibrado, asegurando la persistencia de los recursos naturales y el bienestar poblacional. Los ejes metropolitanos concentran la mayoría de las poblaciones del mundo y acaparan ingentes riquezas, por lo que es adecuado fundar en su imaginario colectivo la ética de buen vivir, la ética de vivir de modo sostenible. En algunos países desarrollados, sus grandes conurbaciones capitalinas concentran mayor PIB que el conjunto de su nación, Tokio, París, Londres, Nueva York, Los Ángeles, por ejemplo. Si en Latinoamérica se implantan modelos de ecodesarrollo en sus grandes ciudades, tales emprendimientos pueden coadyuvar en el propio dinamismo económico nacional.

Como tal, las zonas metropolitanas poseen un rol determinante en tanto motores de empuje del progreso económico de sus respectivos países y contribuyen de manera determinante en la innovación. El perfeccionamiento de su capacidad de atracción de inversiones es un eslabón medular de su apalancamiento. Organizar eventos internacionales, salones exposición, ruedas de presentación de ventajas comparativas, shows tecnológicos, etc., constituyen iniciativas viables que contribuyen en el propósito descrito.

Las altas utilidades tributarias que consiguen las grandes ciudades por concepto de impuestos a empresas de alto valor agregado como banca, comercio, emporios tecnológicos e industriales, entre otros, pueden favorecer al resto de la nación, a estabilizar los desequilibrios presentes en las zonas con menores potenciales. Para sostener las grandes ciudades se ameritan grandes esquemas de suministros que, de procurarse en dichas regiones rezagadas, contribuiría a su desarrollo. El pez grande ayuda a nadar a contracorriente a los peces pequeños.

Las grandes urbes también funcionan como polos de desarrollo dado el empuje de la construcción de infraestructuras conexas y de servicios, además porque atraen turismo, sus nichos industriales aportan nuevas oportunidades de trabajo y capacitación técnica que posibilitan la cualificación laboral. De dicha práctica pueden beneficiarse tanto las ciudades intermediarias y/o entornos rurales próximos a área de influencia.

Las metrópolis emergentes latinoamericanas requieren de protocolos, regulaciones y manejos coherentes, a fin de mejorar su productividad, pero ello no significa únicamente acometer obras de gran infraestructura, también cautivar y retener sus profesionales, técnicos y fuerza laboral altamente cualificada.

Ciudades solidarias para el buen vivir

Si las amplias mayorías nacionales elijen la ciudad para establecerse, las ciudades en consecuencia deben hacerse vivibles, regidas por cánones de dignidad humana e igualdad de condiciones sociales.

Desplegar programas de transformación integral del hábitat y viviendas de los asentamientos populares, barrios y favelas, asegurando dotación de servicios, dotación y recuperación de espacios comunes, con iluminación, cobertura médica y educativa, entre otros aspectos, es una agenda indispensable si se transita el horizonte de constitución de ciudades solidarias que aseguran paz y felicidad social, respetando los principios básicos de equidad espacial.

La participación del poder popular en la fase de diseño, implementación y contraloría social de los programas de desarrollo urbano es insoslayable. Si los proyectos se ejecutan con la gente serán mejores, de tal manera que es fundamental procurar masificar las dinámicas de participación y solidaridad en cada barrio y entre barrios.

Por otra parte, se debe facilitar la movilidad urbana, lo que supone avanzar en el mejoramiento de los sistemas de transporte público en los ámbitos urbanos, suburbanos e interurbanos, a fin de asegurar el desplazamiento oportuna, segura y de calidad de las personas.

Siguiendo estos criterios, otra de las prioridades en la reconfiguración de las ciudades latinoamericanas es brindar accesibilidad económica a la mayor parte de la ciudadanía, bajo claras pautas de eficiencia distributiva, racionalidad económica, equidad social y sostenibilidad ambiental.

Reducir la huella ambiental urbana

Los ejes metropolitanos y las ciudades intermedias para su crecimiento ordenado precisan incorporar planes verdes contra la degradación del medio ambiente y el cambio climático.

Crear espacios públicos (tantos como sea posible), ejes para zonas verdes y parques metropolitanos (pequeños, medianos y grandes), combinados con el mantenimiento de desarrollos agrícolas de las áreas periféricas, y proporcionar acceso universal a tales espacios, ejes y zonas verdes y públicos, supone un punto de partida casi obligatorio,

Delimitar las Plataformas de sustentabilidad de los centros poblados: brindar los soportes urbano-territoriales necesarios para la vida digna, encarar y resolver las problemáticas y de gestión ambiental, a fin de asegurar la sostenibilidad ecológica urbana, pasa por promover otros cursos de acción relacionados con el aseguramiento de la eficiencia urbana y transición energética. Como tal es imprescindible:

a. Reducir el consumo energético de las ciudades y aumentar el uso de energías renovables.

b. Mejorar la gestión eficaz del agua, en términos de mejoramiento de infraestructuras civiles, políticas ciudadanas de conservación y uso racional, prevención y corrección de fugas, entre otras.

c. Implementar sistemas eficientes de transporte y movilidad sostenible de bajo impacto ecológico, como Autobuses de Tránsito Rápido BRT, tranvías, ferrocarriles ligeros, metrocables, extensión de las líneas de metro, etc., basados en sistemas multimodales de transporte urbano y en regímenes tarifarios unificados.

d. Propender a reducir el uso y la alta dependencia del vehículo particular altamente contaminante, para ello estimular el cambio de matriz energética, pechando a los vehículos de combustión fósil, limitando su circulación y estimulando la adopción de vehículos eléctricos en cuanto la tecnología se vuelva más asequible. También privilegiar la creación ciclo vías.

e. Implementar eficientes servicios de gestión de residuos. La cifra de recolección de residuos sólidos a escala planetaria es de 11 mil millones de toneladas anuales y la tendencia de crecimiento es exponencial. Se estima que tales residuos son responsables de las emisiones de gases efecto invernadero en una proporción equivalente al 3,3% de las emisiones globales. Las ciudades latinoamericanas son de las más ineficientes en el manejo de residuos del planeta, por lo que es imperativo implementar estrategias exitosas empleadas en otros lugares, por ejemplo, la metodología “cradle-to-cradle” o “de cuna a cuna” en español; o los programas de reciclaje y recuperación de materiales basado en el concepto de economía circular, que además de reducir el agotamiento de recursos, y disminuir los gases contaminantes, contribuyen a generar empleos.

Otras líneas propositivas

A manera de titulares, otros ejes de actuación posibles que apuestan al crecimiento ordenado de las ciudades pueden citarse como sigue:

Desarrollar amplios programas nacionales de habilitación de tierras urbanas para destinarlas a proyectos urbanísticos.

Definir y promover políticas de desarrollo territorial y transformaciones productivas para el aseguramiento de los bienes de servicio y consumo esenciales.

Definir el sistema de ciudades en el marco de una estrategia de desconcentración y de desarrollo territorial equilibrado. Esta política contiene el financiamiento de planes de ordenación urbanística de las ciudades incluidas en los ejes de desconcentración, para que éstas constituyan redes policéntricas con funciones complementarias y con capacidad para absorber incrementos de población y las nuevas demandas de servicios.

Crear instancias regionales dedicadas al ordenamiento de ciudades, con el propósito de complementar las funciones y capacidades limitadas de los gobiernos municipales. Esto requerirá la elaboración de planes urbanos para ciudades menores que sean producto combinado de la participación de entes regionales de desarrollo, gobiernos municipales y estructura del poder popular de la región y a escala local.

Acotar y regular la competencia en el mercado inmobiliario a fin de extender la migración de la población con menores recursos dentro de las propias ciudades, desde zonas deprimidas y de alto riesgo a espacios dignos, y con ello aminorar paulatinamente la desigualdad espacial. La reducción de la especulación inmobiliaria es vital para la diversidad social y funcional de la ciudad, de tal manera que se tutele la cercanía entre la vivienda y el centro de trabajo. Esta medida supone coraje y voluntad política para superar las componendas que se celebran entre particulares y funcionarios públicos que despojan del valor del suelo a la ciudad, arrebatando valiosas oportunidades para la aplicación de planes de viviendas para los sectores necesitados en áreas accesibles y bien conectadas.

Recuperar los cascos centrales y centros históricos de las ciudades, reforzando la identidad y el sentido histórico y cultural de nuestras ciudades.

Regular los proyectos urbanísticos que no se articulen al plan rector de la ciudad, sobretodo restringir las inversiones especulativas. Ningún proyecto puede ser acometido con independencia de la planificación a escala metropolitana. Tal premisa supone buscar puntos de coincidencia y equilibrio con las inversiones del capital privado, habida cuenta de que su participación es estelar y necesaria, entre otras razones, dadas las limitaciones de los presupuestos locales.

Por una alianza latinoamericana de ciudades a favor de la energía regional, el clima y el medioambiente

Las grandes metrópolis y las ciudades intermedias latinoamericanas son las primeras responsables de la depauperación climática en la región, sobre todo aquellas donde la pobreza se expresa con mayor intensidad y cobertura. Como se sabe, niveles de pobreza y deterioro ambiental están correlacionados. De manera reiterada, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente registra en sus informes que la pobreza es la mayor causa y efecto de los problemas ambientales.

Y es que las áreas urbanas producen graves problemas ambientales dada su concentración demográfica y la cantidad de recursos que demanda, superiores a los que puede producir. Los ingentes volúmenes de recursos importados y digeridos por las ciudades, se restituyen al ambiente en forma de residuos y emisiones. A medida que las ciudades sigan creciendo sin control y amplificando las fronteras de la inequidad social, los impactos negativos sobre la naturaleza mantendrán la tendencia de deterioro progresivo y las estridencias sociales y políticas seguirán en ascenso. Urgen acciones combinadas y masificadas, no solo en algunos países y ciudades de manera aislada, sino de todo el conjunto de la región.

Latinoamérica no posee un tratado medioambiental propio. La política ambiental internacional de la región se expresa de manera unilateral por los países, al ser adherentes de acuerdos y protocolos internacionales sobre el cambio climático y temas relacionados, y por la aplicación de medidas a lo interno de cada nación, pero no existe una política ambiental común de la zona.

Ciertamente, en marzo de 2018, nace el primer acuerdo ambiental vinculante de América Latina en Costa Rica, el denominado Principio 10, tratado que se logró concretar tras 26 años de espera luego de la celebración de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992. Este acuerdo regional versa principalmente sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, sellando un claro compromiso relacionado con la protección de los defensores ambientales. Por cierto, muy lamentable que el telón de fondo que precipitó la suscripción del acuerdo haya sido las presiones sociales generadas tras el vil asesinato de la indígena hondureña Berta Cáceres, por enfrentarse a un polémico proyecto hidroeléctrico.

Como tal, los avances en materia de suscripción de políticas medioambientales en la región tienen que ir más allá de lo alcanzado tímidamente hasta ahora, tanto al interior de cada nación como en colectivo. Los países latinoamericanos precisan adoptar estrategias ambientales activas y comunes de carácter vinculante. Un punto de partida vendría dado en la formalización de una alianza a nivel de alcaldías y ayuntamientos municipales en pos de homologar acciones conjuntas de mitigación del cambio climático y el calentamiento global, a favor de la generación de matrices energéticas sustentables, de reducir la pérdida de biodiversidad, y en contra del agotamiento descontrolado del medioambiente.

Otra área donde se puede avanzar de manera articulada es en la selva tropical, a fin de promover, por ejemplo, un modelo de desarrollo endógeno sustentable de la Amazonía y establecer una sólida alianza entre los países amazónicos, capaz de cambiar radicalmente el patrón de ocupación y el modelo económico que ha dominado en la explotación de la floresta. Lo propio se pudiera hacer con el mar caribe, la cordillera andina, las costas de los océanos pacífico y atlántico, etc.

En el caso que nos ocupa, pudiera organizarse un Acuerdo Ambiental de las Ciudades Latinoamericanas similar al Pacto de Alcaldes celebrado en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima de 2014, donde se fijó el objetivo común de fundar una plataforma homologada que facilite la medición estandarizada de las emisiones y evalúe tanto los avances como el impacto de las acciones climáticas de las ciudades.

El Acuerdo Ambiental de las Ciudades Latinoamericanas y Caribeñas, pudiera constituirse como la punta de lanza medioambiental de dichas naciones, en tanto sólida coalición regional de autoridades locales y regionales que combaten conjuntamente el cambio climático, al cumplir los compromisos de reducir las emisiones de CO2, por ejemplo, para el año 2035 en al menos un 50%.

Venezuela: un plan maestro para la Gran Caracas

Las ciudades venezolanas, al igual que el conjunto latinoamericano presentan notables inequidades sociales y territoriales.

Más allá de su ámbito limitado, las ciudades venezolanas integran un sistema de interrelaciones que expresa, en la esfera territorial nacional, desequilibrios y asimetrías. Este sistema contiene un número restringido de grandes aglomeraciones que constituyen áreas metropolitanas: Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz-Barcelona y Puerto Ordaz-San Félix, y la Región Metropolitana de la Gran Caracas.

En todas estas urbes se concentra la mayor parte de la población del país, los principales servicios per cápita, las principales inversiones públicas y privadas, el poder político, los mejores prospectos inmobiliarios y, en términos de la accesibilidad de recursos y servicios, las mejores condiciones de vida.

En oposición, se halla una inmensa cantidad de pequeñas ciudades y centros poblados, con mayores déficits de servicios, en general con menores condiciones de vida que la población de las grandes urbes e incluso las ciudades intermedias, por lo que mucha de su población tiende a emigrar. Estos desequilibrios y asimetrías se sintetizan en la alta concentración y dependencia del sistema de ciudades en torno a pocos polos, en especial Caracas, bajo un modelo de ocupación que tiende a agudizar la concentración y las desigualdades sociales y territoriales.

En una posición diferente se hayan un amplio conjunto de ciudades intermedias que deben ser objeto de ordenamiento y fortalecimiento con miras a fundar un sistema interconectado, capaz de atraer población y ofrecer mejores condiciones de vida, lejos de la aglomeración y convulsión característica de las grandes urbes.

Como se ha dicho, todo eje metropolitano ha de administrar su crecimiento y organización basado en planes rectores de desarrollo. Por ser asiento de la mayor parte de la población de los países, no puede dejarse al libre albedrío su futuro. Dichos planes maestros deben regirse por criterios de urbanismo humanista, contrarrestando la segregación social y la especulación de las empresas inmobiliarias y, por consiguiente, el crecimiento urbano ha de ser dominio de los intereses colectivos de la ciudadanía.

La Gran Caracas no posee un plan maestro. Tampoco posee en la práctica una autoridad administrativa-gubernamental capaz de coordinar su preparación y aplicación. Los municipios que integran el territorio capitalino tienen lineamientos de planificación territorial que colidan entre sí, y los proyectos urbanos en su mayoría, no cumplen con los parámetros básicos de capacidad de cobertura de servicio que proyectan los entes prestadores.

Como consecuencia de tal desarticulación, proliferan proyectos sin organización espacial, muchos sin pertinencia social, incluso sin factibilidad técnica. Las instituciones del gobierno central, cuyo asiento se ubica en la capital de la República, precariamente gobiernan determinadas áreas de interés como los sistemas de transporte masivo, la dotación eléctrica, parcialmente el suministro de agua potable y los emprendimientos masivos de viviendas.

Urge la conformación de una instancia de articulación institucional y la designación de un alto comisionado para la elaboración y posterior implementación del Plan Maestro de la Gran Caracas. Todos los municipios capitalinos (Caracas, Sucre, Chacao, Baruta y el Hatillo) y sus alcaldías deben participar en dicha instancia, también las gobernaciones de Miranda y Vargas, el gobierno del Distrito Capital, los ministerios del gobierno central con competencias relacionadas con la gestión de ciudades, y por tratarse de una región capital, deben adicionalmente participar los municipios aledaños (los tres de los altos mirandinos (Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias), el eje Guarenas-Guatire (Municipios Plaza y Zamora) y el municipio Vargas.

Del mismo modo han de incorporarse las empresas públicas prestadoras de servicio, el poder popular, las casas de estudio técnico-universitario, los centros de profesionales, los movimientos medioambientalistas y demás ONG´s con vinculaciones a la ciudad, en fin, deben asegurarse una amplia base social participante, con lo cual el instrumento de política urbana resultante sea objeto de amplios consensos y procesos de consultas, y finalmente sus lineamientos logren ser vinculantes y de obligatorio cumplimiento.

En principio, el norte que ha de guiar la acción en conjunto busca desarrollar el eje o Región Metropolitana de Caracas como un sistema dinámico y holístico, más allá de la simple suma y agregación de los diferentes municipios que la componen. Tal proceso estratégico permitirá que el conglomerado urbano pueda fundar una visión y un esquema de actuación conjunto, promoviendo la integración de iniciativas y acciones que se reforzarán recíprocamente.

Como producto esperado de la articulación institucional-ciudadana se debería obtener un plan rector y programas desencadenantes, a saber:

a. Plan Maestro del Área Metropolitana de Caracas;
b. Programa de Movilidad Urbana;
c. Programa de Desarrollo Económico Productivo;
d. Programa de Ordenamiento y Ocupación Territorial de Caracas;
e. Programa de Servicios Públicos;
f. Programa de Preservación Medioambiental, Recreación y Espacios Públicos;
g. Programa de Eficiencia y Soberanía Energética;
h. Programa de Manejo y Disposición de Desechos Sólidos;
i. Programa de Preservación Patrimonial, Cultural y de Identidad.

De forma trasversal al plan y sus programas debemos promover el ‘Derecho a la Ciudad’ de todos sus habitantes por igual, asimismo, se debe afrontar las crecientes desigualdades con políticas sociales que garanticen un acceso de todos a los servicios básicos, a la sanidad y a la educación, tanto como asegurar el acceso universal y la participación de todos en la vida cultural.

Del mismo modo ha de fomentar el desarrollo regional y promover una colaboración estrecha entre las áreas metropolitana de Caracas, sus zonas de influencia y su entorno rural; y como idea fuerza medular, definir y promover el fortalecimiento del poli-centrismo dentro del área metropolitana de la Gran Caracas al tiempo que se obre en función de hacer la metrópolis lo más compacta posible.

La resultante del enfoque estratégico de la planificación abordada, ha de superar las fragmentaciones de las distintas visiones sectoriales y tener presente con valoración positiva, las tensiones presentes dada los criterios disímiles en cuanto a maximizar la inclusión social, apuntalar la sostenibilidad ambiental y las necesidades de crecimiento económico con justicia social.

La Gran Caracas ha de disponer sin dilaciones, de un plan maestro que establezca el conjunto de directrices para el desarrollo de la ciudad, a lo sumo, durante los próximos veinte años.

Corresponde a los gobiernos locales, al Ejecutivo nacional y a las comunidades organizadas romper con la visión mercantil del ordenamiento de las ciudades que produce un territorio compartimentado, disfuncional y socialmente segregado, ecológicamente degradado y sin cohesión social, para promover un modelo de ciudad sustentable, equitativo, respetuoso del equilibrio ambiental, auspiciante de una cultura de urbanismo democrático, promotor de la descentralización y desconcentración para la equidad, socialmente integrado, justo e incluyente.

La promesa de quienes quieran ir a vivir en Caracas no puede ser equivalente a la vida de quienes habitan dentro de las cavernas de Saramago. Caracas, no puede ser la serpiente que muda reiteradamente de piel al crecer, se traga a sus hijos cuando dejan de ser necesarios, con su laberinto de espejos que no repara los límites de la ilusión engañosa y los paraísos artificiales, en donde se agota lentamente la existencia afectiva, multiplicando las responsabilidades y el estrés laboral, minimizando los espacios para la intimidad y la subjetividad.

Caracas, ha de ser la ordenada, la luminosa, la acurrucada baja las faldas de su cordillera protectora, la cuna del Libertador, la insumisa, la gran metrópolis del Caribe, ha de ser ejemplo de organización urbana y equidad, de belleza e inclusión, de eficiencia y respeto ecológico, la del futuro palpitante. Territorio generoso donde habita gente buena.