24 de septiembre de 2017.-
Más de 30 trabajadoras y trabajadores han sido despedidos de la distribuidora de alimentos "Kromi Market, C.A.", ubicada en Valencia y Naguanagua, y otros son objeto de intimidación por parte del patrón, en desacato a la inamovilidad laboral.
La dirigente sindical y delegada de prevención de la empresa, Lisbeth Oropeza, aseguró que la gerencia "ha encerrado a los empleados en una oficina con un abogado y se les ha obligado a firmar la carta de renuncia".
Indicó Oropeza que Kromi Market, vulnera los derechos de los trabajadores aplicando despidos masivos. En este sentido, refirió que cuando a los afectados se les emite una providencia de reenganche, "la empresa se burla de la institución pública, no cancelan salarios caídos, ni tickets de alimentación".
"Nos llama la atención que la empresa se empeña en atacarnos y los verdaderos corruptos los tienen ahí adentro, como el señor Reynaldo Silva quien hace poco hasta salió en la prensa que vendía cupos en las colas", denunció Oropeza quien laboró por 11 años en la distribuidora.
Reclamo a instituciones
Actualmente está en vigencia una resolución de inamovilidad laboral, que el pasado primero de mayo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, volvió a extender, sin embardo, un tribunal aprobó que a Oropeza se le impida el ingreso al puesto de trabajo, además le suspendieron el salario y ticket de alimentación, luego de haberle aplicado una calificación de despido hace tres años.
Oropeza cuestionó que desde la inspectoría "se le ha dado prioridad en atención al que tiene dinero", es decir, a directivos del supermercado.
Asimismo, denunció que desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde han acudido a solicitar la ejecución de elecciones para la renovación del sindicato, no cumplen su trabajo. "El CNE siempre alega que hay que hacer una reprogramación", dijo.
Finalizó señalando que el representante de la Federación de Sindicatos de Carabobo, Antonio Lobera, "está a favor del patrón", ya que introdujo ante el Poder Electoral unos documentos que incurren en ilegalidad por no constar de las firmas necesarias.
Más de 30 trabajadoras y trabajadores han sido despedidos de la distribuidora de alimentos "Kromi Market, C.A.", ubicada en Valencia y Naguanagua, y otros son objeto de intimidación por parte del patrón, en desacato a la inamovilidad laboral.
La dirigente sindical y delegada de prevención de la empresa, Lisbeth Oropeza, aseguró que la gerencia "ha encerrado a los empleados en una oficina con un abogado y se les ha obligado a firmar la carta de renuncia".
Indicó Oropeza que Kromi Market, vulnera los derechos de los trabajadores aplicando despidos masivos. En este sentido, refirió que cuando a los afectados se les emite una providencia de reenganche, "la empresa se burla de la institución pública, no cancelan salarios caídos, ni tickets de alimentación".
"Nos llama la atención que la empresa se empeña en atacarnos y los verdaderos corruptos los tienen ahí adentro, como el señor Reynaldo Silva quien hace poco hasta salió en la prensa que vendía cupos en las colas", denunció Oropeza quien laboró por 11 años en la distribuidora.
Reclamo a instituciones
Actualmente está en vigencia una resolución de inamovilidad laboral, que el pasado primero de mayo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, volvió a extender, sin embardo, un tribunal aprobó que a Oropeza se le impida el ingreso al puesto de trabajo, además le suspendieron el salario y ticket de alimentación, luego de haberle aplicado una calificación de despido hace tres años.
Oropeza cuestionó que desde la inspectoría "se le ha dado prioridad en atención al que tiene dinero", es decir, a directivos del supermercado.
Asimismo, denunció que desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde han acudido a solicitar la ejecución de elecciones para la renovación del sindicato, no cumplen su trabajo. "El CNE siempre alega que hay que hacer una reprogramación", dijo.
Finalizó señalando que el representante de la Federación de Sindicatos de Carabobo, Antonio Lobera, "está a favor del patrón", ya que introdujo ante el Poder Electoral unos documentos que incurren en ilegalidad por no constar de las firmas necesarias.