En marzo del 2005 el recién creado Ministerio para la Vivienda y Hábitat aprobó para el estado Trujillo, aproximadamente, unos 15 millardos de bolívares para llevar a cabo tres desarrollos habitacionales enmarcados en el Plan de Emergencia (P-8). Estos desarrollos se construirían en los municipios Trujillo, Escuque y La Ceiba. Aquí sólo abordaremos el caso de La Ceiba. El Ministerio al aprobar el monto antes indicado determinó que estos desarrollos serían ejecutados por FUDET (Fondo Único para el Desarrollo del Estado Trujillo), ente ejecutor.
Para La Ceiba, se realizan dos proyectos habitacionales debido a que la empresa Vinccler había donado dos terrenos en lugares distantes. Un terreno está en una ranchería llamada «La Pueblita» o «EL Pueblito»; el otro está ubicado frente al puerto de La Ceiba, a la entrada del pueblo del mismo nombre. El urbanismo de «La Pueblita» consta de 66 viviendas, el de La Ceiba de 53 viviendas, en conjunto son 119 viviendas a construir en este municipio. El proyecto en cuestión contempla urbanismo y viviendas, las viviendas son de dos niveles con un área de 83 m². La obra se inicia en La Pueblita en junio del 2005 y en La Ceiba en agosto del mismo año. ¿Cuál ha sido el destino de los mismos? Hasta la presente fecha, febrero 2007, no se ha terminado ni una sola vivienda de ambos desarrollos habitacionales encontrándose en una nueva etapa de contratación, ya que los contratos de la mayoría de las empresas se rescindieron. ¿Cuáles son las razones de este fracaso? Intentar dar respuesta a esta interrogante es el objetivo de este artículo.
Primero, el Ente Ejecutor asumió la modalidad de contratar empresas y cooperativas para cada parte de la obra, es decir, una empresa o cooperativa para ejecutar la electricidad, las aguas servidas, el movimiento de tierra; con referencia a las viviendas determinó contratar seis (06) viviendas por empresa o cooperativa, esto es, se realizaron once (11) contratos para ejecutar 66 viviendas. En total se realizaron diecisiete (17) contratos para llevar a cabo el urbanismo y viviendas de La Pueblita, lo mismo ocurrió con el desarrollo de La Ceiba, lo que es un exabrupto administrativo por tratarse de una obra tan pequeña. Segundo, ninguna empresa o cooperativa contratada pertenecía a la zona, es decir, al Municipio La Ceiba, la mayoría eran de Valera. Esta situación creó un conflicto permanente con los obreros, en particular las empresas contratadas para la ejecución de las viviendas, ya que éstas quisieron imponer condiciones laborales adversas a los obreros; ni las empresas ni cooperativas poseían capacidad para construir —como se demostró— seis (06) viviendas; además, nunca se pusieron de acuerdo entre ellas, ni siquiera para hacer la valla en común.
Tercero, ni en La Pueblita ni en La Ceiba la gente se organizó como comunidad, desde un inicio prevalecieron los interés particulares y como siempre los dimes y diretes. Cuarto, al llegar el momento —diciembre 2005— de realizar el segundo desembolso CONAVI no bajó los recursos, esto trajo como consecuencia que las empresas asumieran que no tenían dinero y, por tanto, paralizaban la obra. No obstante, éstas habían cobrado —en agosto y septiembre— el anticipo del 50%. El Ente Ejecutor fue ineficaz para dar respuesta a esta situación. Quinto, el retraso del segundo desembolso tuvo como consecuencia que el desarrollo de La Ceiba no se iniciará, ya habían pasado siete (07) meses y no se había iniciado la construcción del Plan de Emergencia, en el caso de La Ceiba.
Octavo, en enero 2006, las empresas y cooperativas, paralizaron la obra no atendiendo a las diversas convocatorias del Ente Ejecutor, éste comenzó ha demostrar ineficacia e ineficiencia para hacer que las empresas y cooperativas llevarán a cabo la obra, no puso interés en coordinar a la comunidad, ni a ninguna otra instancia que permitiera proseguir la obra que ya estaba muy retrasada; puesto que, se había considerado que en cuatro meses estaría lista. Noveno, a partir de enero 2006, las empresas y cooperativas comenzaron un proceso de aflojamiento de la obra, señalando diversos «peros», que los obreros, que la escasez de materiales, aumento de los mismos, que el monto del contrato era muy bajo (el monto del contrato era de Bs. 228.000.000,00 para la construcción de seis viviendas), que las partidas se habían calculado con un monto muy bajo, que el contrato no contemplaba obras extras por ser un contrato cerrado y un largo etc., de inconvenientes para no continuar la obra.
Décimo, esta situación se mantuvo durante todo el ano 2006; asimismo, cuando se contrato para iniciar las viviendas de La Ceiba, prácticamente las mismas empresas, estas iniciaron los trabajos con los mismos vicios que ya traían de La Pueblita, es decir, se repitió la misma situación. El Ente Ejecutor indolente ante esta situación dejó pasar el tiempo sin tomar acciones para frenar tal situación. Décimo primero, la comunidad inició algunas protestas llevando la denuncia a la prensa regional, la cual reseño el caso de La Ceiba y La Pueblita de manera muy seria y ajustada a los acontecimientos; también se trasladaron al Ministerio a exponer toda la situación existente, fueron atendidos pero sin ofrecer una solución. Décimo segundo, en octubre 2006 el Ente Ejecutor decidió rescindir los contratos a las empresas y cooperativas por incumplimiento del contrato, esta acción se llevó a cabo después de una reunión entre las partes en las cuales se acordó revisar el contrato para verificar si los precios no estaban acordes con los precios del mercado; la revisión arrogó que los precios del contrato estaban acordes con el mercado para la fecha en que se hizo la contratación. Décimo tercero, en la actualidad — a dos (02) años de la aprobación de este plan de emergencia— ambas obras —La Pueblita y La Ceiba— están paralizada y sin fecha probable de reinicio, una situación que pudo evitarse si el Ente Ejecutor hubiese actuado con diligencia y premura para evitar esta situación.
Todos los aspectos expuestos dieron al traste con la realización del plan de emergencia para La Ceiba; el cual no puede ser considerado como tal después que han transcurrido dos (02) años sin haber dado ninguna solución a la población de este sector, la cual espera la culminación de estas viviendas. La pregunta forzada es ¿se terminará esta obra? O pasará a formar parte de los desarrollos habitacionales fallidos que existen en el estado Trujillo, para no decir en Venezuela.
La negligencia, ineficacia e ineficiencia han signado la actuación del Ente Ejecutor; la voracidad mercantil, la incapacidad operativa y la no disposición para realizar la obra han determinado la acción de los contratistas; Con respecto a la comunidad, la falta de organización comunitaria, la falta de preparación o educación para dar respuesta, de manera emancipada, a sus propios problemas, seguir actuando como individuos aislados, han sido actitudes y acciones que se han conjugado para no hacer posible la realización de esta obra.
Ante esta situación
repetida muchas es necesario que el ente ejecutor, sea estadal o municipal,
debe convertirse en un ente instructor, formador y cohesionador de la
comunidad, ya que sin la comunidad organizada las acciones que pretenda
realizar el ente ejecutor serán fallidas; la práctica muestra que
los INMUVI o el ente ejecutor estadal permanecen a la espera de la aprobación
de recursos no propiciando, por no ser vinculadores, la acción activa
de las comunidades. Las comunidades, por su parte, deben convertirse
en «unidades de producción social» para lograr ser entidades autónoma
y emancipadas evitando la condición parasitaria que la coloca a merced
del ente ejecutor y de los contratistas; la comunidad en tanto «unidad
de producción social» restringiría la voracidad mercantil de los
contratistas, la práctica del compadrazgo y de la comisión, ya que
estaría en manos de la misma comunidad hacer lo que ya ella hace, pero
como fuerza laboral para otro.
Hasta este aquí, este artículo fue publicado en el diario Provincia de Cumaná, en abril de 2007.
No obstante, hoy (21 de julio de 2008) me he enterado que el conjunto de vivienda aún no ha sido terminado. Ahora lo ejecuta MINFRA por intermedio el Instituto Puerto del Litoral Central S. A., quien administra el puerto de La Ceiba, y el Ministerio para la Vivienda y Hábitat; aproximadamente unas cincuenta familias han podido ocupar sus viviendas, dudo que el urbanismo y los servicios que éste conlleva hayan sido ejecutados, como es el caso de las viviendas, desde este mismo Plan de Emergencia, que se construyeron el autopista Cruz Carrillo (Eje Vial) en el sentido Trujillo-Valera en el cual no se pavimentaron las calles
Ante esta situación, se ha realizado alguna investigación, se ha investigado al FUDET, a la gobernación del estado Trujillo sobre la administración de los recursos aprobados por el gobierno central para llevar a cabo este Plan de Emergencia en La Ceiba. Qué ha hecho el Ministerio de Vivienda y Hábitat al respecto; Qué ha hecho la Fiscalía General de la República. Los damnificados continúan esperando desde el 2005 solución a su problema.
Dónde
ha estado metido el Gobernador del Estado Trujillo; dónde los presidentes
del FUDET; dónde el Alcalde del Municipio La Ceiba; dónde están los
moderadores e invitados de los programas de VTV que se quejan de la
indolencia del gobierno de Bush para con los damnificados de New Orleans,
que no se quejan de esta indolencia del gobierno regional para con los
damnificados de La Ceiba. Porque el Gobierno Central fue expedito en
aprobar los recursos para este Plan de Emergencia, en el entonces recién
creado Ministerio para la Vivienda y Hábitat. Quién ha ido a darle
una explicación cierta a esos ciudadanos. Investigarán los organismos
competentes tal delito. Qué hará el próximo gobernador del estado
Hugo Cabezas al respecto. Cuántas mentiras más le dirán a estos «camisas
de mochila».
Obed Delfín
