5 abril 2017 - María Cristina Martínez tiene una bala con su nombre y apellido. Así se lo dijeron. Ya le cuesta querer salir de su casa. Cuando debe viajar fuera de Yaracuy o ir a alguna audiencia le responde a quienes le preguntan a dónde va:
—No sé. Por ahí.
Le mandan papelitos y mensajes: "No te presentes en el Tribunal Penal".
Pero María Cristina se presenta. Se presenta y busca abogados. Se presenta y hace preguntas.
Tiene 31 años. Preferimos decirle solo Cristina. Es ingeniera en ambiente, y su cuerpo menudo y moreno se levanta por las 3230 familias que podrían ser desalojadas de sus tierras por el supuesto "ilícito de permanencia en terreno protegido".
Así empezó todo
La Comuna Socialista Minas de Buría se fundó en el 2013. Como suele pasar en Venezuela, las comunas rompen con las típicas divisiones territoriales de la cartografía. Se unen por raíces comunes, por identidad compartida entre la gente. Por eso esta Comuna agrupa a consejos comunales de los estados Lara y Yaracuy. Por el lado de Yaracuy son siete, entre las zonas altas del macizo Nirgua y las zonas de Bruzual. Y son esas las áreas afectadas por el decreto 3203 que emitió la Gobernación de Yaracuy en el año 2015 "como medida para la protección de las cuencas hidrográficas". ¿Qué significa? Que para proteger cuencas, microcuencas, y subcuencas, las familias campesinas que tienen hasta más de cien años asentadas en el lugar –muchas descendientes indígenas jirajaras– deben irse y "en caso de incumplimiento del desalojo voluntario, el Estado, haciendo uso de la fuerza pública, ejecutará de manera forzosa la medida". ¿Irse a dónde? No hubo opciones sobre la mesa.
Ya va. El desalojo es para evitar la contaminación de las aguas, pero –y entramos en las contradicciones de esta historia– en esta zona existe minería no metálica (extracción de cal, arena, feldespato): "Un negocio redondo en el estado Yaracuy. De Yumare han sacado a los productores por quedarse con las minas de arena", dice Fernando Oliveros, uno de los abogados defensores de los campesinos de Minas de Buría.
Aquí es donde se despierta la suspicacia. Oliveros dice que es absurdo que se exija la salida de los campesinos porque supuestamente afectan las aguas pero se permite que los desperdicios de la Central Matilde (central azucarero) lleguen al cause del Cumaripa que abastece de agua a ocho municipios, o que los desperdicios de Mosarpel (empresa de cartón y papel) vayan al río Veroes. A la minería y otras empresas les dicen adécuense, pero a los campesinos los imputan.
Sí. El decreto 3203 multa la quema, tala y ocupación, pero no la minería.
Tierras productivas
Como es natural, la tierra llama y las familias se quedaron. Total, cuál se podría decir que es su crimen: están en una zona netamente productiva de la que salen al menos 28 rubros: musáceas (plátano y cambur), tubérculos y raíces, carne y 500 kilos semanales de queso, todo repartido por las y los campesinos a nivel local y nacional.
Cuentan con un centro de acopio en la comunidad para la distribución directa al estado Lara (allí se benefician siete comunas); y a Fuerte Tiuna, Caracas, arriman plátano, ocumo, ñame y yuca para el contingente de la Guardia Nacional (GN). Una completa red de productores que entrega productos directamente al consumidor y que forma parte del Comando Antibachaqueo.
En la zona de Lara siembran leguminosas y cereales. En el año 2016 cosecharon 200 hectáreas de caraotas con ayuda del Fondo Nacional de Desarrollo Agrario Socialista (Fondas), y 200 hectáreas más a través de la autogestión. Es decir, una producción de 400 hectáreas que distribuyeron en varias partes del país.
Son 28 mil hectáreas en disputa sobre las que se asientan poblaciones completas. 28 mil hectáreas que juntan a siembra y cosecha a las familias que no se fueron.
Comenzó la angustia.
Es abril del 2015 y un campesino va en su moto. Un grupo de la GN lo detiene y se lo lleva junto a otros seis comuneros. El motivo: ocupación ilícita de áreas verdes protegidas. Cuando los soltaron, quedaron bajo medida de presentación. Desde ese momento la GN inició las visitas a sus tierras cada quince días para controlar qué siembran.
Cuatro meses después llegó una orden de desalojo, la GN apareció con camiones. El encargo era llevarse el ganado y las gallinas.
"Notifiqué en la Comuna, a los compañeros del parlamento comunal. Cuando llegué, la GN mostró la orden del Tribunal Penal que notificaba que teníamos solamente 45 días hábiles para el retiro de todos los semovientes que estaban ahí, incluyendo los asentamientos humanos. Desde ese momento me enfrenté a la GN. Somos bastantes en la Comuna, pero como hay mucho trabajo de agricultura le metí el pecho a esto, me dediqué a la lucha".
Dice Cristina y su cautela se vuelve más clara.
El 2 de enero de 2017 llegó la primera citación de audiencia ante Tribunal Penal. Cuenta Cristina:
"Nos dijeron que todo esto era por ocupación ilícita de áreas protegidas. A los campesinos acusados les recomendamos que no se presentaran porque primero queríamos saber en qué estatus estaba ese caso".
¿Quiénes son los acusados? En total son ocho. Asombrosamente uno de ellos había muerto al menos cinco años antes de que se lanzara el decreto 3203 (!). El criterio para que sean estos ocho imputados y no otros, se basa en la ubicación de sus tierras desde donde comienza la orden de desalojo. Entre los siete (vivos), hay un ganadero, quien posee alrededor de 300 hectáreas, el resto son campesinos con sus cartas agrarias y condicionamiento de uso.
Los siete acusados no se presentaron a la citación. Días después llegó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con una nueva orden. De no acatarla serían prófugos.
Pero no desalojarían de golpe a todas las poblaciones (¿gracias?). En la primera fase se contempló la movilización de 277 campesinos. Sigue Cristina: "El Gobernador solicitó al Tribunal Agrario [el espacio legal idóneo para actuar sobre estos asuntos] una medida de desalojo, pero este Tribunal la tomó como no procedente. Ante esta respuesta pasaron el caso al Tribunal Penal, se mandaron a hacer unos levantamientos de evaluación e impacto ambiental que en realidad era la GN llegando a los predios, amenazando y apuntando con sus armas a los campesinos".
Un mes después el presidente del INTI hizo una visita. Manifestó su apoyo a la Comuna, a su trabajo, a su organización. De su mano una promesa: la imputación no iba. "Tuvimos la esperanza de que se solucionara todo, pero al contario, más bien se agudizó". El 26 de febrero llegó una nueva citación.
Y así va todo de peor en peor: la casa de uno de los campesinos la tomó la GN como punto de llegada para que le dieran comida, el queso que producía se lo llevaban, le abrieron doscientos huecos en el patio para sembrar una plántula venenosa para supuestamente reforestar.
Cristina vive en la zona en la que termina la extensión de tierra definida en el decreto, hay 486 habitantes, escuelas y bases de misiones. Toda esta población debería irse.
Y así, el 2 de marzo la amenaza. Una llamada en la que le dijeron a Cristina: "No te presentes a la audiencia de imputación. Hay una bala con tu nombre y apellido".
Hoy los tienen trancados por todos lados. Dieron un cese para que los campesinos no puedan trabajar. Les están matando los animales.
En lo administrativo se les han negado los expedientes a sus abogados (militantes del Partido Comunista de Venezuela). Oliveros dice: "Esos expedientes están amañados. Notificaron a las partes pero sin derecho a la defensa. Dicen que no los podemos ver porque los tiene un funcionario, es una clara forma de amedrentamiento para que los productores salgan de las tierras".
Van dos años y esta es una noticia que pasa bajo la mesa. Mientras, partidos de ultraderecha son los únicos que levantan esta lucha en la región para su saldo político. Mientras, a las cuencas llegan desechos de papel y las sobras contaminadas del ejercicio minero que celebra el director de ecosocialismo de Yaracuy porque reporta ganancias para proyectos de "impacto social".
Mientras, se van poniendo nombres de campesinos en balitas.
Fuente: La Cultura Nuestra