“Una mala paz es peor todavía que la guerra”. Así decía el célebre gobernante romano Cayo Cornelio Tácito (55-120 a.C.), prestigioso historiador y memorable político. Y su atinada sentencia, cobra vigencia cada vez que surge un conflicto entre los seres humanos, más aún cuando una frágil paz no es más que un respiro endeble, una débil tregua, en donde se corre el riesgo de que el adversario se reorganice con ánimo de emprender un nuevo capítulo de una guerra ancestral.

Aunque el uso de la violencia como arma política no es nada nuevo y si bien es cierto que como estrategia el terror aporta muchos dividendos, desde la época de las montoneras posteriores a la Guerra Federal, a la Revolución Legalista y a la Liberal Restauradora, no habíamos vivido en Venezuela un pavor tan irritante como el que en los últimos tiempos nos ha sometido el accionar de los opositores al gobierno. La represión desatada por las dictaduras de finales del siglo XIX y principios de la centuria pasada en contra de sus opositores, las persecuciones efectuadas por los primeros gobiernos cuartorrepublicanos (Betancourt-Leoni-Caldera-Pérez) en contra de los grupos de izquierda insurrectos o desarmados, los asesinatos de dirigentes estudiantiles, de líderes campesinos, de cabecillas del movimiento obrero, de pensadores de izquierda y de gentes del pueblo llano cometidos por los últimos gobiernos de la mal llamada era democrática (Herrera-Lusinchi-Pérez-Caldera) y que condujeron al Caracazo del 89 y a las rebeliones cívico-militares del 92, en este momento lucen como tímidos ensayos de la violencia que nos turba en la actualidad.

Con suma consternación durante este año los venezolanos hemos vivido entre el estremecimiento y la ansiedad, esperando con resignación la puesta en escena de otra alucinada estrategia, la comisión de otro delito, la siguiente atrocidad. Desde el mes de abril, hemos experimentado infinidad de veces el asombro ante cada una de las cada vez más retorcidas estrategias que, para quebrantar las bases populares del gobierno ha llevado a cabo la oposición criolla siguiendo los dictámenes que les imponen sus financistas extranjeros y vernáculos.

La metamorfosis de la oposición hacia una pesadilla fascista ha ido en aumento y el gobierno ha respondido tendiendo puentes hacia el diálogo. Desde la implementación de las primeras barricadas hasta su transformación en guarimbas, con su estela de motorizados degollados, de ciudadanos asesinados, de humildes trabajadores quemados vivos, la oposición reaccionaria no ha parado su evolución y el gobierno hablaba de conciliación. No les bastó a los líderes opositores con los asesinatos grotescos que filmados y transmitidos sádicamente y hasta el hastío por los medios de comunicación -incluyendo los del Estado-, lograron arrugarle el corazón y asaltarle la conciencia hasta al menos impresionable de nuestros coterráneos y el gobierno habló tercamente de paz.

Esas pavorosas referencias hicieron mella en un segmento de la población que entendió que los siguientes en la lista para ser atacados, torturados e incinerados serían ellos mismos, y ante el llamado constituyente acudieron en masa a respaldar a un gobierno que, aunque no las tiene todas consigo, representa una posibilidad de estabilidad política, de cambio económico, de justicia y de equidad.

Las personas que asumen su condición de proletariado, los que aceptan su origen popular, los que no reniegan de sus familias y de sí mismos, los que tienen más humanidad que ambiciones -chavistas o no-, decidieron salir a votar también para la elección de gobernadores, atendiendo al llamado de paz y ya conocemos los resultados…

Sin embargo, la dirigencia opositora se empeña en vociferar que son sus seguidores una mayoría aplastante, se enfrascan en resolver sus ambiciones insatisfechas solicitando una intervención milagrosa de una potencia extranjera que logre para ellos lo que no han sido capaces hasta ahora de alcanzar por sí mismos a pesar de todos los recursos económicos y mediáticos con los que han contado.

Si en las fases anteriores de esta guerra no convencional se trató de dirimirla asesinando individuos y asediando pequeñas comunidades (casi todas ellas conformadas por sus mismos seguidores), ahora esta etapa está dirigida a quebrantar la resistencia de la población en general por la vía del desabastecimiento de bines esenciales, del encarecimiento recurrente de los productos de primera necesidad -sea esta real como en el caso de los alimentos y las medicinas o inducida como en el de los cosméticos y adminículos de tecnología de punta-, de la desaparición de autopartes y de repuestos de toda naturaleza.

Por desgracia, los venezolanos (Gobierno y pueblo por igual) experimentamos a diario esa realidad y aún insistimos en el error, en el pecado de la credulidad, con la esperanza de que esta vez no nos equivocaremos. Las iniciativas de paz que ha ofrecido el Gobierno han sido aprovechadas por los líderes opositores para reiniciar la guerra. Su lucha para la toma del poder, continúa por los mismos caminos que los dictámenes imperiales les sugieren o les ordenan.

El origen de la conseja que ha llevado a la oposición a incorporar la violencia como práctica recurrente para enfrentar al Estado tiene origen hegemónico, racista, despide un tufillo fascista que no se puede ocultar.  No se parece en nada a la romántica lucha armada que en los 60’s se proponía como alternativa el derrocamiento del gobierno de la época.  Se parece más al accionar de las Autodefensas colombianas de Álvaro Uribe Vélez, es violencia reaccionaria dirigida a atemorizar hasta la parálisis a las grandes masas,  de trabajadores, de obreros, de pueblo. Esta doctrina que el grupo opositor ha considerado  apropiada tiene una naturaleza narcoterrorista.

Con arrogancia la oposición se niega a la paz. Desestiman la salida a este conflicto por medio de una negociación política. Pretenden vencer para gobernar sobre una nación devastada, siendo un vulgar apéndice de los Estados Unidos.

Consuetudinariamente han insistido en dos puntos que evidentemente resultan imposibles de complacer: liberación de los que ellos califican como “presos políticos”, lo que abriría el paso hacia una mayor impunidad que la que actualmente vivimos y el adelanto de las elecciones presidenciales en las que aspiran alcanzar el favor de las personas que desde siempre han despreciado y maltratado, y a las que en la actualidad mantienen privadas de alimentos y medicinas, al borde de la mendicidad.

El cese del conflicto luce lejano. Los principales líderes de la oposición no capitularán, no pueden, tienen demasiados compromisos con sus financistas nacionales y extranjeros, ¡jamás entregarán sus “armas”!. No aprendieron con el fracaso de las guarimbas, no han aprendido de sus tropiezos y desatinos electorales. Su prepotencia los ha llevado a desperdiciar el único verdadero capital político que han alcanzado desde que se inició el actual proceso de cambio y que fue obtener mayoría en la Asamblea Nacional. Hipócritamente en público anuncian que sus militantes no podrán aspirar a cargos en las próximas elecciones municipales so pena de ser expulsados de sus respectivas organizaciones, pero les impulsan a inscribirse empleando otras tarjetas de estructuras locales de un prestigio reducido. Mantendrán ante el imperio su malcriadez como garantía del cumplimiento de los acuerdos que ya pactaron. El tratamiento mediático que harán de los resultados electorales será tan cínico como el que han hecho de sus víctimas. Achacarán al Estado su fracaso electoral aduciendo trampas e imparcialidad del CNE y sobre las víctimas que ellos ocasionaron seguirán contándolas como mártires de sus filas asesinados por los cuerpos represivos del Estado, aunque aquellos hayan sido miembros de la Guardia Nacional, personal del Ejercito Bolivariano, integrantes de la Fuerza Motorizada de Trabajadores o militantes del Gran Polo Patriótico.

Exigirles a los líderes opositores respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sometimiento a las leyes e instituciones del país, o un mínimo reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente es algo inconcebible para ellos. Pedirles que cesen las agresiones económicas contra los sectores más vulnerables de la población, solicitarles que no hagan uso de niños y adolescentes como carne de cañón en los conflictos que ellos planifican, es una imposición que les resultará humillante. Desafortunadamente el Gobierno -Nicolás Maduro, sus asesores-, juega a ser miembro de los Cascos Azules y ha caído en la trampa de confundir la depresión postparto que sufre este momento esta oposición derrotada con una tentativa de apaciguarse.

Para los principales conductores de la oposición el conflicto es “el negocio”. La paz es un derecho que se debe quebrantar. Negarle al ciudadano la paz es mantener en puerta la perspectiva de una probable intervención extranjera y a eso están jugando. Hasta ahora la justicia y la verdad han sido las víctimas. El absoluto desprecio por los Derechos Humanos ha sido reiterativo y sistemático. Negarles el acceso a las medicinas al país y por ende a los enfermos es su forma de hacer política. Impedirle al Gobierno la posibilidad de cancelarles las compras a los proveedores extranjeros es privar a la población de la probabilidad de obtener alimentos y es su manera de alcanzar el poder.

En este momento la oposición ha caído en un profundo aislamiento, llevan consigo un elevado rechazo social, padecen un enclaustramiento absoluto. Son un animal acorralado que se niega a las opciones de negociación  política que les ofrece el Gobierno.

Continuar insistiendo en conversaciones de paz con una dirigencia enfermiza, obcecada en alcanzar el poder por la vía expedita de la intervención extranjera es un sabotaje al mismo proceso de paz. El Gobierno debe buscar nuevos interlocutores, desplazar definitivamente a estos operadores políticos entregados a los designios del imperialismo y exigir a los nuevos actores antes de sentarse a la mesa de conversaciones, el cese de las acciones terroristas y del reclutamiento engañoso de menores para efectuar sus fechorías, el respeto por la población y sus necesidades, anteponer el derecho de las personas a sus aspiraciones políticas y algo en que hasta el más recalcitrante de los opositores debería coincidir con el Gobierno para llegar a cimentar una paz verdadera: el respeto a las instituciones y la restitución del imperio de la ley.

Coincidimos con Tácito: Una paz chucuta es el preludio de una nueva conflagración.