Caracas, junio 12 - El ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, resaltó que el 72 % de los habitantes de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) posee título de propiedad, ya que esta instancia fortalece este derecho jurídico.
Explicó que hay urbanismos que fueron construidos en terrenos privados y que estos “pasan un decreto a vivir en un proceso de apropiación por utilidad pública. En ese proceso se asignan un justiprecio, normalmente los terratenientes de las áreas urbanas no aceptan ese precio y tenemos que ir a un proceso judicial que dura entre 2 y 3 años, indicó en entrevista con una televisora privada.
En ese sentido refirió que si construyen las viviendas en un año y medio estas no pueden dejarse deshabitadas mientras se resuelva el tema jurídico. Es por ello que se les asigna un título de propiedad de bienhechuría. Estos casos representan el 28 % restante de titularidades oficiales faltantes. «8 millones de personas son propietarias de vivienda», puntualizó.
Destacó que en el país se habrían construido 2.666.298 viviendas a través del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, en los ocho años de la GMVV. Además se han edificado más de 1175 urbanismos, cifras que son «verificadas y transparentes», recalcó.
Villarroel manifestó que la Gran Misión Vivienda Venezuela «tiene la bondad de que construye las viviendas más económicas por lo menos en Latinoamérica».
En cuanto al costo de las soluciones habitacionales añadió que es un factor de política de Estado que “gracias al Comandante Hugo Chávez fue sujeto a una ley para terrenos de la GMVV que reduce el precio de la residencia en un 50 %.
En cifras, la Misión construye cada vivienda a un precio de 34 millones bolívares, en promedio, «50% menos de lo que puede costar en Latinoamérica». No obstante, esto podría variar en algunos casos dependiendo de la tipología y de dónde se construye el domicilio.
De estos terrenos, un 57% son públicos y 43% privados, en el caso de los segundos, de ser requeridos los terrenos por el organismo, el costo sería llevado a la política de precios justos.
