Caracas, marzo 15 - “Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana”. Artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el que inicia la reivindicación, reconocimiento y dignificación de un sector de la población que había sido invisibilizado y olvidado durante años.

Años más tarde, fue aprobada por la Asamblea Nacional y posteriormente promulgada por el presidente Hugo Chávez, la Ley para las Personas con Discapacidad, el documento jurídico que rige y garantiza sus derechos y vela por la inclusión en todos los ámbitos: cultural, deportivo, educativo, social, de salud y laboral.

Entre los aspectos más importantes que aborda este reglamento legal establece que “los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal competentes en la materia, y las personas naturales y jurídicas de derecho privado, cuyo objeto sea la atención de las personas con discapacidad, tienen el deber de planificar, coordinar e integrar en las políticas públicas todo lo concerniente a la discapacidad, en especial su prevención, a fin de promover, proteger y asegurar un efectivo disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el respeto a la igualdad de oportunidades, la inclusión e integración social, el derecho al trabajo y las condiciones laborales satisfactorias de acuerdo con sus particularidades, la seguridad social, la educación, la cultura y el deporte de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados, pactos y convenios suscritos y ratificados por la República”.

En este sentido, todos los involucrados deben garantizar “el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades, y lograr la integración a la vida familiar y comunitaria, mediante su participación directa como ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos y la participación solidaria de la sociedad y la familia”.

Con estos precedentes, el Estado venezolano está en la obligación de garantizar la no discriminación en todas sus formas y los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, como el derecho a la vida, salud, educación, alimentación, deporte, inclusión, entre otros.

Cumpliendo con este principio, el Gobierno Nacional tiene la facultad para promover e implementar políticas, mecanismos y herramientas que puedan dar cumplimiento a lo contemplado en la Constitución.

Una de estas políticas fue creada el 15 de marzo de 2008, cuando el comandante Hugo Chávez anunció desde el Teatro Municipal de Caracas, el lanzamiento de la Misión Dr. José Gregorio Hernández, cuyo objetivo es la atención e inclusión social para la población más vulnerable, las personas con discapacidad.

"Que no quede ni una sola persona con discapacidad en recibir atención integral en el país y luego proceder a su incorporación al trabajo, a la vida activa y posteriormente proceder al estudio genético de esas personas para prevenir este tipo de males. Por eso mi insistencia en que la salud integral es lo más importante”.

Con esas palabras, el entonces Presidente venezolano dejó clara su posición de ser garante de la oportuna atención, dignificación y reivindicación de las personas con alguna discapacidad, ya sea visual, auditiva, física o intelectual.
Inicios

El 24 de julio de 2007 se dio inicio a un despliegue nacional casa a casa de recolección de datos para un levantamiento de un sistema que permitiera el estudio de personas con discapacidad y enfermedades genéticas, cuya metodología comprendió tres fases: el diagnóstico, el estudio médico completo y la donación de implementos para su normal desempeño.

El propósito era determinar las causas que originaban las discapacidades más comunes mediante la búsqueda de los ciudadanos que presentan alguna discapacidad y debido a la importancia que reviste esta forma de inclusión el Presidente Chávez decidió constituir la iniciativa en una Misión Social, cuya labor de principal es transformar radicalmente sus condiciones de vida y contribuir a la formación de ciudadanos plenos y felices.

El 07 de octubre de 2008 concluye la fase de levantamiento de la data y automáticamente se inicia un segundo proceso de recuperación de personas que por diferentes razones pudieron no ser arropadas por la primera etapa, lo que permitió ampliar el registro, concluyendo que 336.270 personas en nuestro país tenían algún tipo de discapacidad para una tasa de 1,21 por cada cien (100) habitantes en el territorio nacional; de ellos 103.385 individuos presentaban discapacidad intelectual y 233.105 otras discapacidades.

El presidente Nicolás Maduro autoriza la creación de la "Fundación Misión José Gregorio Hernández", adquiriendo personalidad jurídica y patrimonio propio, mediante la publicación el 25 de octubre de 2013 de la Gaceta Oficial Nº 40.280 y el decreto N° 498; pasando a formar parte del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

La principal función de esta misión es la de diseñar, establecer y desarrollar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención y atención social para personas con alguna discapacidad en el ámbito nacional.


Hasta la fecha a través de la Misión José Gregorio Hernández, han sido más de un millón de beneficiados con ayudas técnicas, que abarcan entrega de enseres, prótesis y ortesis.

El Centro Nacional de Genética Médica ha atendido a más de 80 mil personas.

Más de 326 mil personas han sido certificadas.

Los Laboratorios de Prótesis y Ortesis han atendido más de 16 mil requerimientos.

La Unidad de Registro y Certificación cuenta con al menos 14 mil empresas inscritas.

El ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua, informó que actualmente existen alrededor de 387 instituciones de educación especial aparte de los colegios regulares en los que se imparten clases mixtas o particulares para niños con alguna discapacidad.

Sin embargo, el Gobierno Nacional tiene previsto implementar nuevas políticas a través de la articulación con los diferentes entes del Estado, regional y municipal, con el objetivo de cubrir la demanda del personal docente que requiere, esto en lo que tiene que ver con la formación universitaria y especializada.