La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo el miércoles que es "alarmante" la solicitud de la Fiscalía salvadoreña de detener nuevamente al periodista comunitario Víctor Barahona, quien denunció arbitrariedades en su contra en el contexto de un régimen de excepción vigente desde 2022.
"Es alarmante la nueva orden de detención contra el periodista Víctor Barahona, recién liberado después de 11 meses de detención arbitraria bajo el régimen de excepción", publicó en Twitter en reacción a la alerta pública de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Añadió que "es imperativo que las autoridades judiciales actúen con independencia y respeto a los derechos humanos".
De igual forma, la organización Artículo 19 publicó en la misma red social que "se suma a la condena de la petición de la Fiscalía a una nueva detención del periodista comunitario Víctor Barahona".
"Exigimos se desista la criminalización de la prensa crítica y abstenerse de realizar cualquier otro acto intimidatorio", subrayo la organización que defiende la libertad de expresión.
AI y Artículo 19 se sumaron así a la red latinoamericana Voces del Sur, que aglutina organizaciones que velan por la libertad de prensa en la región y que pidió al presidente salvadoreño Nayib Bukele un alto al "acoso y hostigamiento" contra la prensa crítica.
"Pedimos nuevamente a Nayib Bukele que disponga el cese del acoso y hostigamiento desde el Gobierno contra la prensa y el periodismo crítico", publicó el ente al conocer la denuncia pública de la APES.
La APES dio a conocer la petición de la Fiscalía y condenó la actuación del tribunal, que ordenó realizar una audiencia para revisar la libertad condicional otorgada a Barahona.
Catalogó estas acciones como un "acto que busca silenciar al periodista", quien "hace dos semanas hizo público las vulneraciones de derechos humanos de las cuáles fue víctima al interior de los penales".
El pasado 11 de julio, la APES denunció la detención arbitraria de Barahona, quien estuvo preso por más 11 meses y que habría sufrido torturas.
Indicó en un comunicado que "durante 11 meses y 12 días, Barahona permaneció en condiciones de hacinamiento, tortura y sin acceso a atención médica" en diversas prisiones.
El Congreso salvadoreño, por solicitud del Gobierno de Nayib Bukele, aprobó dicho el régimen de excepción en marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas.
En este marco, las organizaciones humanitarias han denunciado al menos 5.490 detenciones arbitrarias de personas sin relación con estas bandas, mientras que la APES da cuenta de 385 agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
