04-08-18.-El 16 de diciembre de 2005 la periodista Lydia Cacho fue detenida en las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) por un contingente de 10 personas -entre ellas, cinco empleados de Kamel Nacif- y fue trasladada a Puebla acompañada de agentes de la policía judicial de Quintana Roo. Hechos que ocurrieron luego de que la periodista publicara la historia de una red de pornografía infantil.
"Hoy es un día en el que el mundo reconoce que las agresiones cometidas en contra de la periodista Lydia Cacho fueron ciertas y que requieren una reparación integral y una justicia efectiva”, declaró Ana Ruelas, directora de Article 19, organismo en pro de los derechos y defensa de los periodistas.
Poco más de 12 años después de este hecho, el pasado 31 de julio el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución contra el Estado mexicano como resultado de la petición que hizo Article 19 en octubre de 2014 para que se revisara el caso de Lydia Cacho.
Ésta es la primera resolución favorable de este Comité y, por ende, la primera en la que se pronuncia sobre violencia ejercida por las autoridades en contra de una mujer periodista.
Aquel 16 de diciembre Lydia Cacho fue trasladada a Puebla, recorrido que duró aproximadamente 20 horas durante las cuales no se le permitió ingerir alimentos, no se le suministró el medicamento para la bronquitis ni se le permitió dormir; sólo se le autorizó ir al baño en una ocasión y realizar una breve llamada a su pareja.
Además, tanto en el trayecto como durante su detención en la Procuraduría General de Justicia de Puebla, fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos, insinuaciones sexuales y amenazas de muerte.
"Ser víctima de tortura, algo que nadie nos podemos imaginar; hasta que no lo vives no puedes entender, en el momento en que está sucediendo. Las implicaciones que tiene haber dicho la verdad y ser perseguida por la policía, por gobernadores senadores y por gente que está protegida por presidentes de la república; por proteger los derechos fundamentales de la niñez de hombres o mujeres, personas desaparecidas", contó Lydia.
Tras 12 años exigiendo justicia, solamente uno de los agentes policiales que torturó a la periodista fue sentenciado, mientras otro sigue prófugo. No obstante, las demás violaciones a a sus derecho humanos permanecen impunes.
Después del análisis de los hechos que hizo el CDH, el órgano de la ONU determinó que se violaron los derechos a la no discriminación en razón de género, a no ser sometido a tortura, a la libertad personal, a la integridad personal y de libertad de expresión, entre otros.
Asimismo, el organismo internacional enfatizó que, debido a los comentarios y el trato sexualizado, las violaciones que sufrió Lydia fueron discriminatorios en razón del sexo.
El comité también calificó como arbitraria la detención de la periodista, ya que derivó de un proceso con motivo de la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que señala a altos empresarios y autoridades involucrados en la explotación sexual infantil.
"A la luz de las declaraciones vertidas, en aquel entonces, por el empresario en cuestión, Kamel Nacif, y por altas autoridades ejecutivas, Mario Marín, y judiciales del estado de Puebla, la detención de la autora Lydia Cacho no fue una medida necesaria ni proporcional, sino una medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria", remarcó el CDH.
Además, señaló que el Estado no cumplió con sus obligaciones de proveer un recurso efectivo para investigar y sancionar a los culpables en un plazo razonable. En suma, sostuvo que a casi 13 años de los hechos, la investigación -aun abierta en la Feadle- no ha sido diligente ni eficiente, como tampoco lo ha sido en posteriores denuncias de amenazas que ha sufrido Cacho.
Por tanto, el dictamen del Comité se pronunció a favor de la libertad de expresión y refirió que cualquier amenaza, detención arbitraria, tortura o agresiones -como las que sufrió Lydia- deben ser objeto de una activa y puntual investigación, los autores deben ser sometidos a juicio y debe ofrecerse una reparación adecuada a las víctimas.
"Exigimos el pronto y cabal cumplimiento de la resolución al Estado mexicano, en los términos precisados por el Comité, a fin de que todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones a derechos humanos de Lydia Cacho sean investigados, procesados y sancionados y, a la par, se tomen las medidas estructurales que garanticen la no repetición de hechos similares", declaró la directora de Article 19.
