22junio 2019 - El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha recibido duras críticas por ordenar una fuerte represión contra las protestas sociales que hasta el momento han generado tres fallecidos y centenares de heridos.
Hernández ordenó el pasado 20 de junio la incorporación de efectivos militares a las tares que venía cumpliendo la Policía Nacional, quien se había sumado a la huelga general iniciada por maestros, médicos y secundada por los transportistas, reseñó Prensa Latina.
Al respecto, el analista internacional Roberto Quesada, recomendó a Hernández evitar el uso excesivo de la fuerza y garantizar los derechos humanos de quienes participan las protestas sociales, que han sido reprimidas con gases lacrimógenos, armas de fuego, por los cuerpos de seguridad.
En artículos publicados por la prensa nacional, como el diario El Heraldo, se exhortó a garantizar los derechos de libertad de expresión y asamblea pacifica, limitando el uso de la fuerza al mínimo necesario y proporcional, para evitar más lesiones y muertes.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) reportó que, aparte del Ejército, la Policía Preventiva y las Fuerzas Policiales, «empleados gubernamentales de asistencia social apoyan a los militares en calidad de grupos civiles de choque, a veces armados, contra las manifestaciones populares».
Asimismo el Cofadeh denunció la muerte violenta de tres personas, dos de ellas con arma de fuego, cuyo calibre correspondería al arma oficial que utiliza la Policía Militar, así como 29 heridos de gravedad y la detención ilegal de 41 ciudadanos.
«Hernández usa las Fuerzas Armadas para cerrar por la fuerza los espacios de expresión pacífica de la oposición social y política, los únicos existentes, en tanto el régimen controla el sistema tradicional de medios, induce noticias falsas y propaganda de culto la personalidad a través de redes», agregó Cofadeh en un comunicado.
Las movilizaciones contra Hernández comenzaron en mayo pasado, en reclamo por la derogación de los decretos ejecutivos PCM-026 y PCM-027, considerados la base para una futura privatización de la educación y la salud pública en Honduras, con una consiguiente ola de despidos.
