Una red de ONG denuncia "epidemia" de minería ilegal en la Amazonía

11 Dic. 2018 - La minería ilegal en la Amazonía se expandió de forma "epidémica" en los últimos años, según denuncia un colectivo de asociaciones ambientales que publicó el lunes un mapa inédito identificando más de 2.300 minas clandestinas en seis países de Sudamérica, la mayoría en Venezuela y Brasil.

"La incidencia de la extracción ilegal en la Amazonía, especialmente en territorios indígenas y áreas naturales protegidas, ha crecido exponencialmente en los últimos años con el aumento del precio del oro", afirmó el antropólogo brasileño Beto Ricardo, quien coordina la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).

Este colectivo formado por ocho ONG contabilizó 2.312 puntos de extracción ilegal y 245 áreas en Venezuela, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

"Como una epidemia, la extracción ilegal destruye el bosque, contamina los ríos y amenaza la supervivencia de centenares de comunidades autóctonas", especialmente por el uso del mercurio vertido en las corrientes de agua, subraya Ricardo, quien dirige igualmente el Instituto Socioambiental, una ONG con sede en Brasil.

Según los datos recogidos en este mapa inédito, la mayor cantidad de minas ilegales se concentra principalmente en Venezuela y Brasil.

Entre los puntos registrados, 37 se encuentran en territorios indígenas, la mayoría de ellos en Brasil (18), donde la elección del ulraderechista Jair Bolsonaro, que asumirá el poder el 1 de enero, suscita grandes preocupaciones a los defensores del medio ambiente.

El excapitán del Ejército dio a entender recientemente que Brasil podría salir del acuerdo de París sobre el clima si la soberanía del país estuviera en juego, especialmente en las exigencias relacionadas con la demarcación de tierras indígenas, donde está prohibida la actividad minera.

Escéptico del cambio climático, Bolsonaro admitió también haber participado en la reciente decisión de Brasil de renunciar a la organización de la cumbre del clima COP25, adoptada por el gobierno actual debido a problemas presupuestarios, según la versión oficial.


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