9 oct. 2018 - El secretario argentino de Energía, Javier Iguacel, defendió la decisión del Gobierno de trasladar a los consumidores de gas un recargo que debe abonarse a las empresas productoras por la depreciación del peso argentino.
"Lo que pasó fue que los productores le facturaron en pesos a las distribuidoras montos que los distribuidores no le refacturaron a los usuarios", explicó el funcionario en una rueda de prensa.
El secretario de Energía salió al frente de las críticas después de que su cartera publicara una resolución por la que los consumidores deben pagar una deuda contraída por las empresas distribuidoras con las petroleras debido a la depreciación de la moneda local entre finales de abril y hasta septiembre.
Ese recargo en la tarifa se pagará a partir de enero 2019 y en 24 cuotas.
"Lo que tratamos de hacer para morigerar la situación, es que se pueda hacer en veinticuatro meses", indicó.
Con continuas críticas a la gestión anterior, Iguacel señaló que la producción de gas está dolarizada, mientras que el transporte del gas y la distribución están pesificados, y que este último ítem se ajusta por inflación.
"Los contratos de gas están en precios dólar porque es una empresa vinculada con la energía", se excusó.
Este recargo en la factura se añade al aumento de entre el 30 y el 35% que comenzó a regir desde el 1 de este mes.
El 70% de los hogares, en suma, pagará unos 700 pesos al mes (18 dólares) en la factura de gas, aseguró Iguacel.
El secretario fue denunciado penalmente por un fiscal federal que pidió investigar si el funcionario cometió los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El peso argentino comenzó a depreciarse frente al dólar de manera abrupta y casi continuada desde fines de abril, cuando equivalía a 20,8 unidades el dólar.
Hoy la divisa estadounidense se cotiza a 38,6 pesos argentinos para la venta.
Desde que asumió en diciembre de 2015, el Gobierno de Mauricio Macri decidió cambiar la política tarifaria y ajustar los precios de los servicios públicos a los valores del mercado para reducir los subsidios del Estado que generaban un gran déficit fiscal.
