17-09-18.-Las cuatro reformas constitucionales contra la corrupción propuestas por el presidente, que el Legislativo, liderado por la oposición, evitaba tramitar, podrían acabar forzando el miércoles la disolución de la Cámara.
"Respetuoso de la Constitución política del Perú, que juré respetar y hacer respetar, acudo a ella poniendo como testigo a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso para aprobar las cuatro reformas constitucionales", afirmó Martín Vizcarra en un mensaje a la Nación. El presidente del Perú hizo este este domingo (16.09.2018) de su exigencia de cambios en el sistema político y judicial una "cuestión de confianza", lo que en la práctica abre la opción de que el Ejecutivo cierre el Legislativo si no le da paso a la consulta y se convoquen elecciones anticipadas.
En su mensaje, emitido por televisión en horario de máxima audiencia, el mandatario convocó de manera extraordinaria al pleno del Congreso este miércoles para que vote, con carácter de cuestión de confianza, los cuatro proyectos de ley. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de FP, citó a una junta de portavoces para examinar la situación mañana.
La "cuestión de confianza" implica que si el pedido del Ejecutivo no es aceptado por el Congreso, se interpretará como un rechazo abierto al equipo ministerial, que estaría por tanto obligado a renunciar. La Constitución señala que si el Legislativo le niega la confianza a dos gabinetes en un período, el Ejecutivo puede cerrarlo y citar elecciones anticipadas (están previstas para 2021). Este Congreso ya le destituyó un gabinete al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, por lo que las condiciones de cierre constitucional estarían dadas.
Todo empezó el 28 de julio, cuando Vizcarra usó su discurso por el Día Nacional para anunciar un referéndum con cuatro puntos: prohibición de la reelección inmediata de congresistas, control a las finanzas de los partidos, regreso a la bicameralidad y cambios en el sistema de designar jueces y fiscales. Tras reunirse hoy con sus ministros y con parlamentarios oficialistas, el presidente da un paso más ante la aparente intención del Congreso, controlado por el partido opositor Fuerza Popular (FP), de dilatar la aprobación del referéndum.
En ese momento, el país presenciaba estupefacto el destape de una gigantesca red de corrupción en el sistema judicial, ramificaciones políticas, mediante la cual se negociaban nombramientos, fallos e investigaciones. En medio de una amplia acogida popular a la propuesta, FP, de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, respondió que los puntos propuestos no solucionaban la crisis, acusó a Vizcarra de populista y, aunque sin rechazar explícitamente el referéndum, se tomó las cosas con calma con el presumible propósito de impedir que la consulta se haga este año, como quiere el Gobierno.
Según una encuesta de la firma Ipsos Apoyo publicada hoy, el referéndum y su contenido cuenta con la aceptación de un 79 por ciento de la ciudadanía y el rechazo de un 18 por ciento. "Estos no son proyectos del Presidente de la República, sino que responden a claras demandas de la ciudadanía, que en una enorme mayoría quiere expresarse, participar y decidir", afirmó Vizcarra.
