23 Feb. 2018 - Esta semana se registraron varios saqueos a supermercados en el sur de Bogotá que, supuestamente, según la fiscalía colombiana, pertenecen a testaferros de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
En un comunicado dirigido al fiscal general de la nación, Néstor Martínez, el ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), dice: "De manera irresponsable, la Fiscalía ha señalado a los propietarios de una reconocida cadena de supermercados y otras propiedades como supuestos testaferros de las FARC-EP, provocando, además, saqueos y disturbios en varios municipios".
El miércoles, los supermercados Supercundi y Merkandrea, entre otros locales ajenos a los que la Fiscalía acusa como propiedad de FARC, ubicados en Usme y Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, fueron objeto de saqueos por una turba armada con piedras, palos y cuchillos, por lo que la Policía Nacional tomó acciones. Al cierre de esta edición se supo que van 50 capturados.
Todo parece un show
El texto de FARC expone: "Una vez más el Fiscal le ha informado a la opinión pública a través de una noticia-espectáculo sobre la existencia de bienes que supuestamente no fueron incluidos en el inventario entregado por las FARC-EP al Gobierno Nacional el 15 de agosto de 2017".
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Agregan que "a las declaraciones del año pasado sobre fabulosas cifras de bienes no declarados, desde hace unos días, en una clara maniobra mediática dirigida a crear un clima de expectativa, se le sumó el anuncio de que el país se estremecería con una nueva lista de bienes no incluidos por las FARC-EP en su inventario". Ante esto, algunos medios locales sugieren que los saqueos no son actos vandálicos, sino que fueron organizados.
Vale mencionar que el miércoles fueron encarcelados los hermanos Mora Urrea: Yaneth, Norberto y Uriel, acusados de ser los supuestos testaferros de la extinta guerrilla y dueños de los supermercados: Supercundi, Merkandrea y Mercafusa. La Fiscalía había presentado en audiencia unas pruebas para imputarles cargos por lavado de activos, delito que no aceptaron.