El ex senador liberal de Manizales Mario Castaño (parapolítico de la Dorada y ficha consentida del expresidente Cesar Gaviria) murió en la cárcel la Picota de Bogotá el pasado 18 de noviembre del 2023, como consecuencia de un infarto ocasionado por los descuidos con su salud, pues tenía aplazado un cateterismo con angioplastia para instalarle una prótesis en la coronaria descendente anterior.

Su presencia en la cárcel estaba relacionada con numerosos delitos de corrupción denunciados por las comunidades en el Quindío de las que hacemos parte, por lo cual fuimos objeto de amenazas, persecución e intimidación sicarial desde el 2018.

Mario Castaño, un verdadero mago de la corrupción con dineros públicos, organizo una potente red de criminales de cuello blanco con muchos tentáculos para apropiarse de manera delincuencial de dineros públicos en entidades nacionales, departamentales y municipales, como se ha denunciado con mucho detalle por la prestigiosa revista Vorágine (Ver https://voragine.co/bajo-reserva/las-revelaciones-de-las-dos-marionetas-que-declararon-contra-mario-castano/ ) .

Con Mario Castaño fueron detenidos alcaldes (Víctor Franco, de Piendamó, Cauca), gerentes de institutos descentralizados, integrantes de la UTL y contratistas. Entre ellos su testigo estrella, Pablo Cesar Herrera exgerente de Proyecta en la gobernación del Quindío, que se acogió a un principio de oportunidad y ha contado el modo de operar del concierto para delinquir y los participantes.

El papel del senador uribista Ciro Ramírez.

Entre las personas comprometidas en las ilicitudes detectadas a Castaño está el prominente senador ultraderechista de la cuerda del ex presidente Uribe Vélez y vocero del Centro Democrático en la Comisión Trercera del Senado (Asuntos económicos y fiscales), señor Ciro Ramírez, oriundo de Moniquira (Boyacá), donde heredo los caudales electorales de su Papa (q.e.p.d), reconocido parapolítico (pájaro chulavita) conservador y propietario durante años de entidades claves del Estado como el Inpec (prisiones) y la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal, la que se robó todas las veces que le dio la gana.

Ramírez fue capturado el pasado 13 de diciembre del 2023 por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y trasladado a la cárcel la Picota. Los jueces lo acusan de tres delitos: concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

La orden de captura se impartió en medio de una investigación que se adelanta en contra del congresista en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto (CSJ), por irregularidades en el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el Departamento de Prosperidad Social DPS y la empresa Proyecta de la gobernación del Quindío que fue controlada hasta el 31 de diciembre del 2023 por Roberto Jairo Jaramillo, un ridículo personaje conocido por el desparpajo y la frivolidad en la gestión de los asuntos estatales, declarado enemigo del presidente Gustavo Petro y artífice de una red inmobiliaria que gerencia su hijo aprovechando privilegios urbanos en la prospera región cafetera de Armenia y la Tebaida.

El legislador Ciro parece que pidió (y recibió) entre el 10% y el 15% de cada contrato, más o menos la media pendejada de unos 8 mil millones de pesos (casi dos millones de dólares). Las indagaciones revelan que las irregularidades identificadas con esta red de contratación ilegal ascienden a más de ochenta mil millones de pesos (80.000$).

Este senador sería uno de los integrantes del cartel de corrupción que otorgaba contratos irregulares desde el Departamento para la Prosperidad Social DPS, en diferentes departamentos para saquear recursos públicos

En principio, las irregularidades se centraron en un acuerdo interadministrativo (entre entidades de carácter público) suscrito en 2021 entre el Departamento de Prosperidad Social DPS y la entidad Proyecta de la gobernación del Quindío, gerenciada por un tal Pablo Cesar Herrera.

La investigación judicial, que se inició en junio de 2023, indica que Ciro Ramírez habría intervenido de manera indebida en más de doce contratos, manipulando la adjudicación de proyectos en los departamentos de Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Estos hechos se habrían dado durante dos años: de finales de 2020 a finales de 2022, cuando el congresista favorecía a ciertas empresas a cambio de pagos en efectivo y en tulas que eran entregados por mensajeros de los contratistas.

La Corte Suprema subrayó que, según las pruebas recopiladas, Ramírez habría aprovechado el cargo de senador para ejercer presión sobre funcionarios públicos del DPS como Pierre García (ex director de esa entidad), instándolos a adjudicar contratos a las empresas vinculadas a sus intereses personales. Estos hallazgos sugieren una posible manipulación de la esfera pública en beneficio propio, lo que refuerza las acusaciones en su contra.

Ciro Ramírez tal parece que direccionó dos contratos interadministrativos de $24.173 millones y de $59.460 millones en los departamentos del Quindío y Tolima.

En todo este entramado, el "pez gordo" del uribismo no estaba solo. Ahí había una patota de senadores y políticos bastante conocidos como Enrique Cabrales Baquero (cuñado de uno de los hijos de Uribe Vélez), Sammy Merheg (el artífice del robo multimillonario al Ocad paz), Carlos Abraham Jiménez (socio de la baronesa Dilian Toro del valle del Cauca), Juan Felipe Lemos (un vivazo oriundo de Antioquia) , Carlos Motoa (mafia de Palmira), Miguel Ángel Barreto (del clan Barreto del Tolima), Julio Cesar García (diputado del Valle del Cauca) y Pierre García, director del DPS, hijo del senador parapolítico Carlos García (escondido en Paris) y ficha del clan Barreto del Tolima, de Ivan Duque y de Susana Correa, la ex ministra de Vivienda dueña de un ingenio azucarero en Palmira, protagonista del escándalo de las viviendas a sobre precio en Providencia.

El nefasto papel del Departamento para la Prosperidad Social DPS.

De todo este acontecimiento delincuencial lo que quiero resaltar es la bochornosa situación y el nefasto papel del Departamento para la Prosperidad Social DPS, importante entidad que fue creada en el gobierno de Juan Manuel Santos para atender varias estrategias sociales contra la pobreza absoluta, que desde sus inicios (2012) fue capturada por mafias criminales que se dedicaron a despojarla de sus principales presupuestos, tal como ocurrió con el primer director de esa entidad el señor Nemesio Raúl Roys (santista perfumado y del círculo íntimo de JMS), quien fue destituido como gobernador de la Guajira en el año 2021.

Durante el gobierno de Ivan Duque (2018-2022), el DPS fue convertido en una verdadera y pestilente alcantarilla de la corrupción del uribismo.

Su directora Susana Correa (dueña del Ingenio Mayagüez, en Palmira y Candelaria), junto con funcionarias como la abogada y ex fiscal Diana Sandoval, montaron un descomunal tinglado de corrupción para adjudicar contratos a dedo e interadministrativos a Operadores de bolsillo como la Fundación Andes de Bucaramanga y otras de propiedad de Diego Moreno (Dibulla), Rosalba Gualdron, Ángela Garzón (Fundación Progreso) y Alejandro Cárdenas (Cimitarra), en programas sociales como Familias en Acción, Familias en su Tierra, Iraca (afros e indígenas) y otros que fueron gestionados discrecionalmente por la alta gerencia de esa entidad llevando a la perdida y el siniestro de grandes partidas presupuestales, facilitada por reportes tramposos con evidencias falsas que justificaron los multimillonarios desembolsos sobre los cuales ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni la Oficina de Transparencia de Presidencia, ni la Oficina de Control Interno del DPS (Ingrid Milay Leon Tovar) tomaron en su momento cartas en el asunto pese a que las redes de Veedurías y Auditorias ciudadanas (Veeduría Derechos sociales para todos) hicieron decenas de peticiones (2017, 2018, 2019, 2020) para dar transparencia a este tipo de programas estatales.

El papel de las Veedurías y auditorias sociales.

Como Veeduría ciudadana al DPS, junto a varios líderes sociales relacionados con los programas el DPS, realizamos centenares de denuncias contra la corrupción en el DPS, que fueron ignoradas y descalificadas en su momento por sus directivos (Diana Sandoval) y objeto de procesos en la Fiscalía Anticorrupción de Bogotá.

Tales denuncias las hicimos en el marco de los procesos de participación constitucional establecidos en el DPS, que desde hace años coordina (y distorsiona) un señor Edwin Giovanny Torres, duquista enchufado en la burocracia de planta y contumaz saboteador de la participación ciudadana, empeñado en dañar la gestión reformista del gobierno del Pacto Histórico que en principio se encargó a la prestigiosa jurista Cielo Rusinque y que en la actualidad ostenta Laura Sarabia, la inteligente y capaz funcionaria encargada por el presidente Gustavo Petro para entregar la Renta ciudadana, ejecutar el Programa de Acompañamiento Familiar y ejecutar obras civiles de interés social.

Reestructurar el DPS es una prioridad.

El escándalo del Cartel de la Marionetas, la detención del senador Ciro Ramírez y las investigaciones penales contra el ex director del DPS Pierre García y contra otros senadores comprometidos en el saqueo de los dineros de dicha entidad, está mostrando la necesidad de hacer una profunda reestructuración y remodelación del Departamento para la Prosperidad Social DPS en el que las redes burocráticas de la corrupción siguen muy bien acomodadas direccionando contratos para favorecer conocidos negociantes de la contratación con convenios en los programas Familias en su Tierra, Iraca, obras civiles y otros.

Ojalá el cambio que se viene en la dirección de la Fiscalía aporte al esclarecimiento de las ilegalidades contractuales con la acción contundente de la Unidad Anticorrupción de la misma.

Lo cierto es que una obra de ingeniería institucional en el DPS es prioritaria para garantizar que la filosofía transformadora del Plan de desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la vida" impregne programas como el de Renta ciudadana y Acompañamiento Familiar, para que los mismos no sean un ejercicio de asistencialismo estéril y sean un aporte real a la constitución de una subjetivad popular comprometida con el cambio que lidera el presidente Gustavo Petro, cosa que a mi juicio no es claro tanto en Renta ciudadana como en el Acompañamiento Familiar, en donde lo que prima es una rutina neoliberal maquillada orientada a la simple entrega de unos subsidios y acompañamientos, desconociendo las orientaciones puntuales del presidente Petro para realzar el protagonismo de los hogares encabezados por mujeres en condiciones de absoluta pobreza.

Un protagonismo que debe incursionar en procesos de auditoria, control social y veeduría ciudadana para dar transparencia y erradicar de manera definitiva el robo de los dineros públicos enfocados en la lucha contra la pobreza y miseria de millones de mujeres y campesinos que están recibiendo la Renta ciudadana como una conquista del triunfo popular expresado en la elección del presidente Gustavo Petro desde el primer semestre del 2022, como reflejo de la gran protesta y rebelión social de abril del 2021.