La insolencia de las Empresas Prestadoras de Salud EPS parece no tener límites. Se trata de un macro poder corporativo sustentado en el modelo neoliberal que estableció la Ley 100 de 1993 (de Uribe Vélez), la misma que desplazó el servicio y el derecho a la salud a los ámbitos del libre mercado, de la oferta y la demanda para dar forma a unas fuerzas desenfrenadas volcadas en la acumulación de riqueza, como en efecto ha ocurrido en los últimos 20 años.
Las EPS son la plena concreción del biopoder y de la biopolitica como expresión del control y la sujetacion de los cuerpos al mercado, especialmente el de los trabajadores y los sectores en condiciones de absoluta pobreza, entre quienes sobresalen las mujeres cabezas de hogar.
Sanitas, Sura y Compensar, las tres más poderosas EPS, con 13 millones de afiliados, han amenazado con suspender, desde el mes de septiembre (2023), los servicios de salud a esta población. Argumentan retardos en los desembolsos de Adres y la bancarrota financiera.
Se trata de un vulgar chantaje al que el gobierno ha contestado con determinación para indicar que tal reclamo es una vulgar mentira cuyo objetivo es extraer más rentas del Estado, que se agregan a las descomunales ganancias alcanzadas durante la pandemia.
Estas EPS mas parecen unas alcantarillas financieras que se tragan, en la integración vertical, miles de millones de pesos, mientras se deteriora la salud de sus afiliados.
El presidente Petro ha dicho que el gobierno está listo para asumir este descarado chantaje y atender adecuadamente a la ciudadanía, tal como ha ocurrido con las recientes quiebras de EPS como Coomeva y otro tanto de estas entidades que se han arruinado como consecuencia de la corrupción de sus directivos.
Hay que fortalecer la auditoria social sobre estos monstruos financieros que azotan a los colombianos.
