Los maleficios económicos que imponen los Tratados de Libre Comercio de Centroamérica (similares a los promovidos por brujos hechiceros) al parecer comienzan a caer sobre uno de los países de la región: Guatemala.

Como reza el refrán popular, nadie escarmienta por cabeza ajena y las naciones centroamericanas (El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua—Costa Rica los pospuso—junto a República Dominicana) firmaron el TLCCA-RD con Washington pese a conocer los desastrosos resultados que ha tenido para México un acuerdo similar suscrito con Estados Unidos y Canadá hace 12 años.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) los sectores humildes del pueblo mexicano se han perjudicado aún más; 1 500 000 campesinos perdieron sus empleos, la desocupación (sumando a los que se encuentran en el sector terciario) alcanza al 53 % de la población y las transnacionales se han adueñado de numerosas empresas de producción y servicios.

En la nación azteca ya operan 16 000 empresas con participación mayoritaria de capital norteamericano que representan el 58 % de las 27 295 sociedades económicas que componen los receptores de inversiones extranjeras, los que a su vez también se han ido adueñando del control del gas y el petróleo mexicano que hace cinco décadas fue nacionalizado por el gobierno de Lázaro Cárdenas.

Estadísticas del Fondo Monetario Internacional del año 2006 indican que México cuenta con un Producto Interno Bruto de 850 000 millones de dólares, mientras que las cinco naciones centroamericanas y Dominicana, en conjunto, disponen solo de 100 386 millones. Hasta la persona más neófita en economía podrá comprender que esas naciones prácticamente están atadas de pies y manos ante las ventajas que le ofrecen los TLC a las transnacionales. Según un documento de las Naciones Unidas solo la comercialización de las 100 mayores compañías del mundo encabezadas por las estadounidenses alcanzaron en 2005 la impresionante cifra de 3 984 billones de dólares.

Una de las prerrogativas que otorga a las grandes compañías esos Tratados es que estas pueden dirimir los contendidos en tribunales internacionales donde los países afectados no podrían competir por el alto costo de los mismos y con jueces que no les son afines.

Precisamente a esa situación esta abocado el gobierno guatemalteco pues la empresa Railroad Development Corp. (RDC) que opera en el país bajo el nombre de Ferrovías, amenaza con ser la primera compañía norteamericana en presentar un arbitraje bajo los lineamientos del TLCAN-RD.

El diario, El Periódico, editado en Ciudad de Guatemala, reportó que el presidente de la RDC , Henry Posner III, declaró que “el momento de negociar se acabó” tras anunciar que presentó un aviso de intención para plantear un Juicio de Arbitraje contra el Estado de ese país.

El potentado magnate ferrocarrilero arguyó en declaraciones a la prensa que las acciones y omisiones gubernamentales provocan incumplimientos en la concesión otorgada a Ferrovías, filial de RDC, lo que afecta la inversión, que a su vez causa graves pérdidas ante la imposibilidad de obtener créditos, además de la negativa de los clientes a negociar.

El 11 de agosto de 2006 a solo un mes de haber entrado en vigor el Tratado, el gobierno guatemalteco se dio cuenta del perjuicio a su economía que representaba el contrato con Ferrovías y lo declaró lesivo a los intereses del Estado.

Mediante el convenio, la compañía privada podría utilizar las 12 locomotoras de la empresa estatal Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) para proporcionar el servicio de transporte de carga.

Posner III y uno de los abogados de la RDC, Juan Pablo Carrasco argumentaron que se decidió demandar al Estado de Guatemala a nivel internacional tras no poder solucionar (es decir, ganar) el conflicto en los tribunales locales. El Capítulo 10 del TLCCA-RD protege las inversiones de empresas privadas en los países socios, a la vez que obliga a los gobiernos a cumplir estrictamente con las prebendas y facilidades otorgadas.

Para demostrar su importancia, la RDC le esta exigiendo al gobierno una compensación de 15 millones de dólares por la inversión realizada desde 1996 hasta la fecha para restablecer el transporte ferroviario y además, 50 millones por beneficios que dejará de recibir durante los 40 años que dura la concesión.

El colmo de este suceso es que para Regina Vargo, la ex funcionaria estadounidense que negoció el TLC y actual asesora de RDC por el bufete Grenberg Trauriq, “tienen un caso excelente de expropiación indirecta sobre el cual el gobierno guatemalteco tendrá que rendir cuentas bajo el marco del Tratado de Libre Comercio”.

El Centro Internacional de Resolución de Controversias relacionadas con la Inversión (ICSID) donde se dirimirá la demanda, tiene su sede en Washington, Estados Unidos y Guatemala cuenta con tres meses para preparar su apelación.

Si el Tribunal falla en su contra, tendrá que abonar a la Railroad la suma exigida y además deberá pagar una multa por otros 15 millones de dólares, sin contar los gastos que conlleva todo el proceso de juicios que puede durar más de dos años. Mucho dependerá de la postura del gobierno para que Guatemala pueda alcanzar una salida satisfactoria en beneficio del país y de su pueblo como hicieron Bolivia y Ecuador, el primero ante la demanda internacional que intentó imponer la compañía norteamericana Bechtel por el comercio del agua y el segundo ante la también empresa estadounidense Oxy por el petróleo. Numerosas denuncias de pobladores indican que Ferrovías, tras 10 años de actuación en el país, trabaja con los mismos rieles y durmientes que encontró en las vías a su llegada, mientras los vagones y locomotoras están en pésimas condiciones.

Como expresó el guatemalteco Rolando Aparicio al diario El Periódico, “El libre comercio como lo entiende Estados Unidos no es más que una expoliación”.