La decisión de la Corte Suprema de Justicia, de ordenar el encarcelamiento domiciliario, del ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, es un hecho político trascendente, porque apunta a golpear muy seriamente a un poderoso sector, de la oligarquía agroindustrial, financiera y comercial colombiana, penetrada y comprometida con la industria y la comercialización del narcotráfico.

Sí bien el delito por el que la Corte, decidió tomar tal decisión, la acumulación de pruebas deben ser muy sólidas y aunque no es de la mayor gravedad, de otras acusaciones que lo implican, sobre masacres, o por su responsabilidad en las criminales acciones militares, eufemísticamente llamados Falsos-Positivos, cuando en realidad fueron crímenes de guerra. Hoy algunos militares están pagando cárcel, pero no quienes las ordenaban, en este caso, el Presidente y el ministro de Defensa.

La política que, durante sus ocho años de gobierno, siguió con los paramilitares, con los cuales abrió una Mesa de Dialogo, en Santa Fe de Ralito, Córdoba, en el 2003, cuyo fin quedó claro, cuando promovió la ley de Justicia y Paz, y la mayor pena era de 8 años de cárcel, que podía rebajarlas de acuerdo al comportamiento de cada reo, la ley les amparaba para luego de cumplirla, incorporarse a la actividad pública y política. También se le respetaba una parte de sus fortunas.

Todo era para cobijar a grandes capos del narcotráfico con la famosa ley de "justicia y paz", solo unos ocho o diez, fueron extraditados por presión de Estados Unidos y ahora esos sujetos, acusan a Uribe de haberlos traicionado, entre ellos Diego Fernando Murillo (a) Don Berna y Salvatore Mancuso.

Por cierto Mancuso que ya cumplió con su pena, no los 27 años a la que había sido condenado, pero por un error de procedimiento de Colombia, EE:UU negó la extradición de Mancuso, quien por cierto había declarado que en Colombia y ante la JEP, contaría todo lo que conocía sobre Uribe. En los próximos días viajará a Italia de donde es ciudadano.

Richard Maok, investigador del CTI quien investigó el caso de la empresa Air Cargo Line, complicada en el ingreso de 10 tonelada de Cocaína del Cartel de Sinaloa a EE:UU, tuvo que huir de Colombia, cuando dio a conocer los vínculos de Uribe Vélez, y Fernando Sanclemente director de Aeronáutica Civil en el gobierno de Uribe, con dicho contrabando y tráfico de droga.

Las relaciones de Uribe y Sanclemente con el cartel de Sinaloa vienen a través de Dolly Cifuentes y su hija Ana María Uribe Cifuentes, cuñada y sobrina del expresidente, el hermano de Dolly hace varios meses atrás, atestiguó en el juicio que se le sigue al Chapo Guzmán, en New York y se refirió a los mencionados como los implicados en esa operación. Está información fue publicada únicamente por la Nueva Prensa por el periodista Daniel Mendoza. Los grandes medios la ignoraron.

Existen otras muchas acusaciones como lo de la Yidispolítica, comprada para que votara a favor de la reelección de Uribe, su voto era decisivo, por lo que cumple cárcel, pero Uribe no, eso fue un fraude que le permitió reelegirse. La llamada Operación Orión, asesinatos decenas y decenas de pobladores de los barrios y comunas pobres en Medellín, durante su gobierno y a los que llamaban los desechables.

El caso de Agroingeso un hecho delictivo que tiene en una mullida cama en una "cárcel "militar al exministro de Uribe, Felipe Arias, (a) Uribito

Está pendiente el caso de los 12 Apóstoles, una banda de paramilitares que operaban en Yarumal bajo el mando de su hermano Santiago responsables de varias masacres y de la cual Álvaro era cómplice, así lo atestiguo el mayor ® Juan Carlos Meneses, que tuvo que huir a La Argentina.

Muy preocupado estaba el Presidente, cuando llamó personalmente al cónsul Ignacio Ruiz Perea en Argentina para conocer resultados de la indagatoria a Meneses, y que este rendía ante el fiscal, delegado Hernando Castañeda. Quería conocer que había dicho Meneses de Santiago Uribe, su hermano. (1)

Pero todas estos hechos y acusaciones que sindican al expresidente Uribe Vélez y actual senador, han sido totalmente ignorados por la Justicia y por la prensa colombiana esta tiene un fuerte nexo y complicidad o también algunos el temor por tratarse de Uribe, no por la jerarquía, porque otros con igual cargo, fueron atacados ferozmente por los grandes medios de prensa, siempre en poder de esa oligarquía de derecha y proyanqui, cuyos mensajes en las últimas 48 horas, luego de la detención de Uribe, sus publicaciones y comentarios en los medios escritos, televisivos, y radiales, los llamado periodistas prepagos por el uribismo, llaman a la venganza y al odio.

Colombia atraviesa hoy no solo una severa crisis sanitaria, por cierto, muy poco atendida gubernamentalmente, se contabilizan las lamentables muertes de 10 mil colombianos y cerca de los 130 mil contagiados, la falta de camas y equipos para combatir la Covid-19, es un deplorable escenario sobre todo para una población víctima de la ley 100, que, en el año 1993 a propuesta de Álvaro Uribe, dejó sin asistencia social y de salud a la mayoría de los colombianos.

Por otra parte, con la detención domiciliaria, al ex presidente Uribe, sectores de su Partido, están creando una crisis política, al extremo que hemos conocido que la senadora Holguín del Centro Democrático, hizo un llamado a la reserva activa de las FF.MM a pronunciarse, o sea esta incitando a un golpe de Estado. Mientras la senadora Paloma Valencia, del del mismo Partido está llamado a la convocatoria de un plebiscito, para reformar el sistema de Justicia y unificar en una sola Corte Judicial la que se ocupe de impartir justicia, una vieja propuesta de Uribe, todo dirigido para acabar con la Justicia Especial de Paz, (JEP).

Esto es un grave ataque a la Corte Suprema de Justicia y los sectores de la cual se hace eco el propio presidente de la República y con sus acciones y declaraciones a favor de Uribe Vélez y sus insinuaciones de persecución política, es sumamente comprometedor para la credibilidad de la institucionalidad de la Nación y puede provocar un fuerte enfrentamiento entre los uribistas y sus adversarios y cuyas consecuencias son imprevisible, porque desde hace ya mucho tiempo que en Colombia hay una gran polarización.

De esa conducta de odio y venganza no se ha desentendido el propio presidente Iván Duque, quien no solo publica y hace declaraciones que tiende a poner en tela de juicio la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, acaban de promover en el Congreso una llamada Ley de Inocencia y honorabilidad, un verdadero reto a la inteligencia del pueblo colombiano y una forma "legal" de tratar de violar lo que ha juzgado la Justicia Colombiana, que como sabemos, desde hace mucho tiempo ha sido amenazada, el ejemplo del magistrado Velázquez, es un ejemplo.

Los medios de prensa no reaccionan así, cuando se condena injustamente a alguien de la izquierda o un simple ciudadano que se destaca como defensor de la justicia social, no estos lo que pueden es perder la vida o acaso los ya más de 1000 defensores de sus comunidades y de los DDHH, por solo defender sus etnias, o el orgullo de ser afrodescendiente, son asesinados por las criminales bandas de paramilitares, formados y organizados por las famosas convivir, que en la década del 90 creó, el entonces gobernador Uribe Vélez en Antioquia.

Los pueblos se agotan y las manifestaciones del 21 de noviembre el pasado año, así lo demostraron, basta de impunidad rezaban sus carteles, comenzaba la decadencia y el final de uribismo. Amanecerá y veremos.

Esperemos que reine la prudencia, la racionalidad y la inteligencia de los que dirigen ese rico y hermoso país, y no se invite al odio y la violencia que nunca será la solución de las crisis políticas, económicas y sociales de los pueblos.

(1) El Clan de Los Doce Apóstoles. Editorial Icono. 2011. Pg 288. Autora Olga Behar.

 

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