Ha sido una tendencia en los gobiernos de Colombia la de negar la sistematicidad de los crímenes
que se cometen en contra de los líderes políticos, sociales, comunales, sindicales. Se pretende,
“venderle” a la opinión publica el concepto de que estos crímenes son actos cometidos al azar o
en su efecto crímenes cometidos por el hampa. Según Martha Mancera, la encargada de liderar las
investigaciones que tienen que ver con los asesinatos de líderes sociales, mencionaba que el 78%
de estos crímenes obedecen a la orden que dieron personas particulares y el 22% a cargo de una
organización criminal-(El Espectador-1-18-2020). No son hechos fortuitos, la clase política en
Colombia intenta ocultar el sol con un dedo, estamos inmersos en una verdadera política de
terror. El paramilitarismo, nadie pone en duda, que es una política de Estado y desde hace mucho
tiempo se les ha pedido a los diferentes gobiernos su desmonte. Desgarradora fue la respuesta
dada por Carlos Castaño al filósofo francés Bernard-Henry-Levy, cuando este le planteo en una
entrevista, lo de los asesinatos ciegos, Castaño le respondió “¿Atentados ciegos? Siempre hay una
razón, los sindicalistas, ¡por ejemplo! ¡Le impiden trabajar a la gente! Por eso los matamos” Luis
Pedraza, expresidente de la CUT, denunciaba en el 2018, la muerte de 3.127 sindicalistas de esta
central y que en el 2017 habían asesinado a 37 dirigentes sindicales “aquí hay un genocidio contra
la Central Unitaria y a eso se responde con un 99% de impunidad”, señalaba el destacado
dirigente.
En el gobierno de Álvaro Uribe, entre el 2002 y el 2010, se asesinaron 563 dirigentes sindicales y
en aquella oportunidad, el vicepresidente Francisco Santos anotaba: “Esa es una verdad a medias
y muchas cifras son productos de la manipulación. Lo que aquellos no dicen, y tampoco quieren
que se sepa es cuántos asesinatos se dieron por su labor sindical y cuantos por la violencia que
vivimos todos”. En el Gobierno del premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos, se asesinaron cerca
de 532 líderes, según el informe del sistema de información sobre agresiones contra defensores y
defensoras de Derechos humanos en Colombia (SIADDHH) y Santos afirmaba que las autoridades
no habían encontrado “un patrón” para decir que los 47 líderes sociales asesinados (2017) son
sistemáticos. El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, puntualizaba que la “inmensa mayoría
de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas y que, si
fueran homicidios sistemáticos, el sería el primero en denunciarlos (16-12-2017, Noticias Uno)
En el primer año del gobierno de Iván Duque fueron asesinados 226 líderes sociales y defensores
de Derechos Humanos (Indepaz) y el 2020 ha comenzado como un año de gran terror. Como todos
los gobiernos anteriores, el de Iván Duque, también ha dejado claro a través de su Consejero en
Derechos Humanos, Francisco Barbosa, que en los crímenes contra los líderes sociales no hay
sistematicidad. Según su oficina, los crímenes contra líderes sociales están asociados a fenómenos
de criminalidad, que responden a particularidades territoriales, por lo que no existe,
sistematicidad ni relación entre uno y otro homicidio. El señor Francisco Barbosa hoy es nuevo
Fiscal General de la Nación y ha dicho que “Trabajaré para frenar los crímenes en contra de líderes
sociales y lograr una mayor tasa de esclarecimientos.” Por supuesto, el estado saldrá incólumes de
estas investigaciones y los asesinatos quedaran en la impunidad…y al final del camino quedara la
eterna pregunta: ¿Quiénes están asesinando a dirigentes sindicales en el país? … los culpables
son las AUC, las guerrillas y la delincuencia común. Si bien se han asesinado sindicalistas en razón
de su actividad, debe anotarse que un buen número de casos son ultimados por causas ajenas a su
actividad de sindicalistas.
En otros casos, hemos concluido que la responsabilidad es atribuible a miembros de la fuerza
pública, pero no hay un solo caso donde se evidencie que ello es una política del Estado o del
empresariado colombiano”-Charla con Yamid Amat y el Fiscal Mario Iguarán (25-04-2009)
Pero, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, compulsó copias a la Fiscalía
General de la Nación para que investigue las versiones de posibles aportes económicos de la
Compañía Nacional de Chocolate y Galletas Noel, del Grupo Nutresa, Gaseosas Postobón de la
Organización Ardila Lulle y a una planta de producción de cerveza del conglomerado Bavaria al
Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)-Verdad abierta.com.co
Hoy, el genocidio se les atribuye a las disidencias de las Farc, al Clan del Golfo, a los Pelusos, a los
Caparrapos y organizaciones pequeñas del microtráfico. El Genocidio seguirá su senda…y de
pronto estallará algún escándalo, que esconda la trágica verdad.
