La insurrección que transformó a Nicaragua

El modelo de gobierno de Daniel Ortega, construido sobre una alianza con el gran capital nacional y el Ejército, logró contener durante diez años las expresiones de conflicto social. Pero la ola de protestas desarrolladas desde el mes de abril han sacado el descontento a las calles. La represión y la violencia muestran la crisis del gobierno de Ortega, quien intentó sindicar a los manifestantes como criminales y pandilleros. Sin embargo, el movimiento de protesta está liderado por jóvenes estudiantes nacidos en la postrevolución. Nicaragua está en crisis y la insurrección de abril lo ha dejado en evidencia.

El pasado 16 de abril, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, firmó un decreto ejecutivo que reformaba el sistema de seguridad social. Al día siguiente, cuando lo mandó a publicar, no se imaginó la ola de movilización y protesta social que desencadenaría esa decisión. Su gobierno estuvo al borde del colapso. Pero, ¿de dónde viene y hacia dónde va esta crisis inesperada?

Los catalizadores y la represión

Las protestas comenzaron a inicios de abril, cuando el gobierno no atendió adecuadamente el incendio que se produjo en la reserva biológica Indio Maíz, una de las más importantes de Nicaragua. Grupos de jóvenes ambientalistas salieron a protestar demandando una actuación más beligerante por parte del gobierno y fueron reprimidos por la policía. La semana siguiente se firmó el decreto para reformar el sistema de seguridad social y, nuevamente, muchas mujeres y hombres de la tercera edad junto a un importante grupo de jóvenes, se autoconvocaron para protestar. Ese día la represión fue brutal: grupos paramilitares afines al gobierno los atacaron a golpes y patadas, con garrotes y piedras, a la vista y paciencia de la policía. Numerosos manifestantes sufrieron lesiones serias a causa de las golpizas, entre ellos, varios periodistas a los que, además, les robaron sus equipos de trabajo. Lejos de contener y atemorizar, la represión encendió los ánimos de miles de personas que se lanzaron a las calles en numerosas ciudades del país. La estrategia gubernamental se mantuvo: se produjo una represión combinada entre la policía y los grupos paramilitares, pero mientras más aumentaba la represión más multitudinarias se volvían las protestas.

La violencia estatal más intensa ocurrió entre el 18 y 22 de Abril, cuando la policía y los paramilitares asesinaron a más de 40 jóvenes estudiantes universitarios en distintas ciudades del país, desaparecieron a unos 20, hirieron a varias decenas y detuvieron a varios cientos. Cuando el resto de la sociedad se enteró de la brutalidad de la represión a través de los medios y las redes sociales, los ánimos se caldearon aún más. Las protestas crecieron y se multiplicaron en todo el país. En esos días, el gobierno decidió censurar a varios canales de televisión independientes, varios periodistas fueron detenidos de manera arbitraria, una estación de radio fue incendiada por grupos afines al gobierno y un periodista fue asesinado aparentemente por la policía.

Entre el 23 y 30 de abril, la represión bajó de intensidad y los ciudadanos realizaron varias marchas con tranquilidad. El sector privado, por su parte, convocó a una marcha el 23 de abril. Cientos de miles de personas participaron en Managua, la capital, y también en varias ciudades. Sin embargo, el movimiento autoconvocado se apropió de ella. La Iglesia Católica convocó a una peregrinación el 28 de abril que resultó más multitudinaria que la anterior con un estimado de más de un millón de personas solamente en Managua, sin contar miles de participantes en acciones similares en el resto del país. Las demostraciones se enfocaron en dos temas: el restablecimiento de la democracia en Nicaragua y la justicia para las víctimas de la represión del gobierno. El 30 de abril el gobierno convocó a una movilización de apoyo en Managua, en la que participaron principalmente empleados estatales. El propósito era hacer una demostración de fuerza frente al movimiento social. Sin embargo, no lo logró. Muchos empleados estatales no asistieron aun cuando fueron amenazados con represalias.

En los primeros días de mayo se desató un segundo brote de represión por parte de la policía y los paramilitares, cuando grupos de manifestantes pintaban monumentos históricos con los colores de la bandera nacional. Ciudades como Masaya, Niquinohomo –el lugar de origen de Augusto César Sandino-, Matagalpa, Estelí, Juigalpa, León y otras ciudades del país, fueron violentamente reprimidas por las fuerzas policiales. La cantidad de personas asesinadas aumentó a un poco más de 50, mientras que la cantidad de heridos solamente en esos días alcanzó a más de 300 personas. En muchas de las ciudades, la Iglesia Católica intervino tratando de mediar para conseguir el cese de la represión y en la mayoría de los casos los sacerdotes también fueron atacados por la policía.

El presidente Ortega compareció en público hasta el 21 de abril acompañado por varios de sus ministros, la directora de la Policía y el Jefe del Ejército. Atribuyó la responsabilidad de la violencia a los manifestantes y trató de establecer una comparación entre ellos y las maras o pandillas existentes en otros países centroamericanos. Al día siguiente compareció nuevamente, esta vez acompañado por un grupo de inversionistas extranjeros, y aunque insistió en atribuir la violencia a los manifestantes, anunció la revocación del decreto que había desencadenado las protestas y ofreció un diálogo con la mediación de la jerarquía católica.

La propuesta de diálogo fue acogida tanto por la iglesia católica como por el sector privado, los estudiantes universitarios a la cabeza de la protesta y diversos sectores sociales del país, quienes plantearon que éste debía ser amplio, inclusivo y basado en una agenda que recogiera los dos puntos planteados por la sociedad nicaragüense: justicia y restablecimiento de la democracia. Luego de un complejo proceso de selección de los representantes y de un entendimiento básico con el gobierno, la Conferencia Episcopal a la cabeza de la Iglesia Católica, convocó a una primera sesión para el 16 de mayo a la que asistieron el propio Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta. En la sesión, los representantes del movimiento estudiantil le demandaron, a viva voz, el cese de la represión y su salida del gobierno.

La chispa en la hojarasca

La ola de movilización y protesta social protagonizada principalmente por jóvenes universitarios tomó por sorpresa al gobierno, a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional. El modelo de gobierno Ortega, construido sobre una alianza con el gran capital nacional y el Ejército, logró contener durante diez años las expresiones de descontento y conflicto social, pero no las eliminó, de tal forma que éstas se acumularon en la sociedad. Una de las señales antecedentes de ese descontento fue el alto índice de abstención en los procesos electorales del 2016 y 2017 para elegir autoridades nacionales y locales, respectivamente. De tal manera que la chispa de Abril prendió la hojarasca y el fuego se extendió rápidamente.

El movimiento social ha causado sorpresa porque es autoconvocado y liderado por jóvenes estudiantes hasta ahora totalmente desconocidos. Ellos provienen de tres generaciones nacidas en la postrevolución. Es decir, se trata de jóvenes que nacieron después de la guerra y la revolución, creyendo que Nicaragua era una democracia y los ciudadanos, sujetos de derechos. Su aparente apatía y desinterés en la política en realidad expresaba un fuerte rechazo a los actores y la política convencional, de manera que poco a poco dieron vida a prácticas y espacios políticos propios. A sus acciones se han sumado diversos movimientos sociales como los campesinos y las mujeres, así como ciudadanos no organizados. Durante sus acciones, el movimiento le ha disputado al gobierno las calles, los símbolos y los discursos; y sus actuaciones han sido ejemplarmente cívicas.

El ejército, el diálogo y los posibles desenlaces

Uno de los actores clave en cualquiera de los escenarios es el Ejército. Aunque ha mantenido un fuerte protagonismo político a lo largo del tiempo, su perfil público siempre ha sido bajo. En esta ocasión se han mantenido al margen de la situación y solamente se pronunciaron el 12 de mayo afirmando que ningún efectivo militar ha participado en actos de represión y tampoco lo harán apegados a la Constitución y las leyes del país. El posicionamiento generó opiniones a favor y en contra; sin embargo, es una decisión sensata en tanto que la intervención de la fuerza militar significaría escalar los niveles de violencia y cerrar la oportunidad para una salida pacífica y democrática a la crisis.

El ciclo de aun no se ha cerrado. Todos los escenarios de desenlace son altamente complejos e inciertos. Casi todos pasan por el diálogo como mecanismo de solución si el Ejército se mantiene al margen y porque la estrategia del gobierno de contener la movilización social con la represión antes del inicio de las negociaciones, no funcionó. De manera que tanto el gobierno como los representantes de la sociedad, los estudiantes, el sector privado y la misma Conferencia Episcopal, tienen un gran reto planteado. Mucha gente desconfía de sus resultados, pero han decidido darle el beneficio de la duda con la esperanza de que se pueda lograr una salida pacífica y democrática a la crisis. El gobierno lee estos escenarios a partir de lógicas políticas totalmente diferentes a las de los actores sociales. Pero, tanto para unos como para otros, está claro que la insurrección de abril transformó a Nicaragua y el país nunca más será el mismo.



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