(Especial para Qué Pasa)

En la Sección “Oro negro y caja negra”, de su obra “Dictadura mediática en Venezuela, investigación de unos medios por encima de toda sospecha”, Colección Tilde, publicaciones del Correo del Orinoco, febrero 2012, su autor, el laureado intelectual Luis Britto García, señala, bajo el subtítulo, “Oro negro y caja negra”, entre otras consideraciones, y en referencia al sabotaje petrolero de diciembre 2002 – enero 2993, lo siguiente: “Hay algo de podrido en Pdvsa. En su entrevista con Juan Fernández -Jefe de la nómina mayor de Pdvsa-el periodista opositor Hugo Prieto le pregunta: “¿Por qué una corporación que supuestamente es de todos los venezolanos ni siquiera tiene la transparencia de publicar sus estados de ganancias y pérdidas?”. El gobierno es el que no quiere que se difundan, responde Fernández. Increíble, porque desde mediados de ese año Pdvsa está sublevada contra su único accionista, la nación venezolana. Si Pdvsa es, según expresión de Francisco Mieres, una “caja negra” autonombrada “meritocracia”, es porque, al igual que Fedecámaras, con el golpe de mano político intenta esconder su ineficacia económica”. Debemos aclarar que, ya “en 1991, la corporación conquista el lugar de tercera firma petrolera del mundo, por la magnitud de sus activos y de sus operaciones, que alcanzan una cifra de producción de 2.488.000 barriles diarios. Sin embargo, ya desde 1985 avanzaba una política de reprivatización bajo el eufemismo de “apertura petrolera”. Desde entonces vuelve a otorgar concesiones a empresas privadas para que exploten los hidrocarburos. A partir de 1986 Pdvsa gasta 2.500 millones de dólares comprando refinerías “chatarras” y acciones de empresas petroleras en Alemania, Bélgica, Curazao, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, todas con equipos anticuados o inadecuados para refinar los crudos venezolanos, y con graves problemas financieros. Ese año adquiere la mitad de las acciones de Citgo, empresa con una red de estaciones de servicio en Estados Unidos, a la cual subsidia rebajándole entre dos y cuatro dólares el precio de cada barril de crudo, regalándole así un total de 7.600 millones de dólares. Ya en 1996 el presidente de la empresa, Luis Giusti, proclama alegremente el credo privatizador afirmando que “la apertura petrolera deberá apuntar hacia una política de privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales”. A lo cual añade que “debemos diseñar una política más agresiva para la apertura de Pdvsa y las empresas filiales al sector privado” (Economía Hoy, 25/1/1996, p.10). La estrategia más adecuada para forzar la privatización es procurar la quiebra de la empresa mediante inversiones ruinosas, ventas irrestrictas que procuren la caída de los precios del petróleo, y una disminución progresiva de los aportes al fisco. Se especula que los venezolanos permitirían sin problemas la venta de una empresa en bancarrota, productora de un bien cuyos precios caen y cuya contribución fiscal disminuye. Así, a partir de 1990 Pdvsa acude a la “tercerización” u “outsourcing” de gran parte de sus operaciones con empresas extranjeras. A partir de ese año la exploración quedó casi totalmente en manos de consorcios de afuera y de empresas a las cuales no se podía exigir cuentas porque su sede estaba situada en el exterior. El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, en su interpelación ante la Asamblea Nacional el 25 de mayo de 2005 denuncia que en una política de privatización subrepticia, la empresa estatal había entregado verdaderas concesiones disfrazadas de contratos de servicios o convenios operativos, a compañías que “declararon consistentemente haber sufrido pérdidas y de tal manera evitaron tanto el pago de dividendos como de impuesto sobre la renta. Desde 1992 Pdvsa aumenta su producción un 50 %, pero eleva el costo de sus operaciones un 175 %. A partir de 1995, traspasó desde sus cuentas en Venezuela a sus filiales extranjeras un promedio de 500 millones de dólares anuales en ganancias. En cambio, las filiales extranjeras nunca le pagaron dividendos, hasta que el gobierno las obliga a hacerlo en diciembre de 2001. Estas políticas terminaron convirtiéndola en una de las empresas petroleras más ineficaces del mundo. Su porcentaje de productividad por empleado gerencial descendió hasta menos de la mitad del promedio de productividad de empresas como la Exxon, la Texaco, la Amoco o la Shell. También terminó siendo menos rentable que las empresas petroleras estatales latinoamericanas. El año 2002 Petroecuador alcanzó una rentabilidad del 57,9 %; Pemex del 18,8%, Petrobras del 14,8 % y Pdvsa apenas del 13,2 %. En los diez años entre 1976 y 1979, de cada 100 bolívares que ganó Pdvsa, le aportó más de 80 a Venezuela con menos de 20 bolívares en costos operativos. Mientras que el año 2000, de cada cien bolívares que ganó, Pdvsa le aportó apenas 20 a Venezuela, y se guardó 80 para sus gastos. En los últimos dos años antes del conflicto, Pdvsa obtuvo ingresos que superan dos veces y media la cifra de Todos los ingresos ordinarios del Estado venezolano en el mismo período, sin rendir cuentas. Con razón se la llamaba “un Estado dentro del Estado” y se la consideraba “caja negra”. El intento de destaparla desencadenó la participación de una nómina mayor ansiosa de conservar sus privilegios en las tentativas golpistas de abril y diciembre de 2002. Los seis mil ejecutivos de la nómina mayor, secundados por unos 14.000 empleados, destruyeron o paralizaron instalaciones, clausuraron pozos y refinerías, secuestraron tanqueros venezolanos, hicieron declarar inseguros por las aseguradoras los puertos nacionales para impedir que cargaran y descargaran en ellos los buques tanques extranjeros, y abandonaron sus puestos de trabajo luego de sabotear la totalidad de los sistemas informáticos. El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, en su interpelación ante la Asamblea Nacional el 25 de mayo de 2005, calcula los daños totales del sabotaje en 14.000 millones de dólares.

(*) El autor es Miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia

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