Cualquier política responsable y patriótica hoy, especialmente después de los resultados de las elecciones del pasado 20 de mayo, tiene que exigir nuevas elecciones sin ventajismo, extorsiones ni chantajes al elector, y un inmediato referéndum acerca de las tareas de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la redacción de una nueva constitución, para someterla a la voluntad popular.
Hablamos de “política responsable” porque cualquier propuesta hoy no puede basarse únicamente en una reacción puramente hormonal, en pataleos emocionales, que deje para un momento indefinido un cambio, acerca del cual no se propone nada concreto, o se hace demagogia. Tampoco una solución responsable puede estar orientada al desconocimiento de cualquiera de las fuerzas políticas existentes, mucho menos a la consolidación de un régimen autoritario. Si bien no se pude tapar con un dedo el mantenimiento de unos 6 millones de votos del madurismo, tampoco pueden obviarse las proporciones de la abstención y la votación de los otros candidatos.
Los resultados de estos comicios no son solamente un asunto aritmético, los números que sacó cada candidato, sino también y sobre todo la crisis de la legitimidad la cual empeora los otros aspectos de la crisis que vivimos, comenzando por la profunda crisis del capitalismo rentístico que sufrimos y que usufructúa una cúpula burocrático-militar sustentado por un aparataje estatal clientelar.
La alta abstención y la votación de los candidatos de la oposición, demuestran que mucho más de la mitad de la población votante no acepta al gobierno, desea castigarlo por sus responsabilidades obvias en la crisis. Este problema de legitimidad le da elementos a una coalición injerencista internacional, encabezada por los Estados Unidos, que evidentemente está preparando una salida violenta de la crisis. Frente a esto, el gobierno quiere jugar oportunistamente a la geopolítica y tratar de aprovechar las diferencias entre los intereses de las grandes potencias que hoy pretenden repartirse el mundo y que acuerdan entre ellas luego de episodios de polémica. El núcleo del déficit de legitimidad lo tiene, ya no sólo el gobierno, sino todo un sistema que se sostiene en las fuerzas armadas y la dádiva rentista, que pretende instalar indefinidamente un poder de facto supraconstitucional, la entrega de los activos mineros del país al capital transnacional y el control político sobre la población mediante las redes de distribución de alimentos y otros bienes de primera necesidad, como las medicinas.
La legitimidad, por supuesto, obstaculiza cualquier salida a la espantosa crisis económica que golpea a la población y que está ocasionando importantes transformaciones en las estructuras sociales del país, comenzando por el aumento de la pobreza extrema y horrenda, la práctica desaparición de los sectores medios, por la vía de la migración y por el empobrecimiento masivo, el crecimiento de la influencia del crimen organizado, la desintegración de los lazos de solidaridad social.
Otros elementos de la crisis social son la fuga de la capacidad profesional, la cual ya está afectando sistemas de primera relevancia, como lo son los servicios de electricidad, agua, salud, y, más doloroso, la educación y las universidades. La inmensa deuda externa, que afecta sectores claves de la economía venezolana, en primer lugar la industria petrolera, obstaculizará cualquier intento de reproducir indefinidamente el clientelismo, basado en la importación sistemática de los bienes de primera necesidad. El gobierno ha priorizado el pago de esa deuda externa porque desea reintegrarse al sistema financiero internacional. Recurre a las criptomonedas para eludir las sanciones norteamericanas y hacer pagos directo. Pero esta política es de patas cortas, aparte de los efectos de refuerzo de la ideología de la riqueza fácil y sin producción, basada en la especulación con activos financieros.
Por otra parte, la orientación de la cúpula burocrático-militar hacia la entrega se evidencia con la tan denunciada Ley de Protección de las Inversiones Extranjeras y la creación de las Zonas Especiales. A esta línea de entrega, se agrega la apertura de un camino de privatización de la explotación de nuestro petróleo con la autorización presidencial a modificar los términos de los contratos de servicios de PDVSA con las transnacionales, en un intento desesperado de reactivar la producción petrolera, justo en un momento favorable a los precios internacionales de los hidrocarburos.
Esta propuesta política inmediata que hacemos, está dirigida a proseguir el agrupamiento de quienes apostamos a la construcción de una nueva referencia política que propone la profundización de la democracia, el rescate de la moral pública, la reafirmación de la independencia nacional, una nueva racionalidad socialista de la organización de la economía venezolana que aproveche nuestros recursos resguardando los equilibrios con el ambiente, que impulse el trabajo y la innovación, el conocimiento y la valorización de nuestra gente.
