El Socialismo científico se tiene como una de las dificultades o fase del tránsito hacia la abolición de las clases capitalistas. En la Venezuela actual, la lucha clasista se halla en pleno proceso de socialización y se le llama “socialismo del “SXXI”. Durante su implementación, los burgueses irán perdiendo estímulos para seguir invirtiendo en asalariados y compra de medios de producción, y los proletarios   hallarán   trabajo comunitario libre de enriquecimiento personal. Obviamente, los actuales terratenientes y dueños de edificaciones para alquiler irán perdiendo su clientela   correspondiente porque sin fabricantes ni comerciantes burgueses no habrá quien pague renta alguna.

También durante esta fase transicional, los trabajadores irán homogenizando su participación en los rendimientos técnicos, en sus aportes  al valor agregado, y sus salarios tenderán a igualarse[1] entre todos con independencia de las convencionales diferenciaciones tecnoacadémicas. Habría comenzado la aplicación del principio socialista: “de cada quien según sus cualidades personales, y a cada quien según el valor que vaya aportando”.

Actualmente, los burgueses forman asociaciones fabriles y mercantiles bajo la leonina forma jurídica de la compañía anónima. Se trata de entes políticos comerciales   que sólo responden  como un todo con una personalidad artificial que deja a  sus socios liberados de antemano de cualesquiera sanciones punitivas o comerciales en caso de fraudes, quiebras forjadas y otros delitos en que suelen incurrir la mayoría de los capitalistas, a fin de proteger su patrimonio extracompañia, más allá de sus estrictos aportes accionarios.  

Bien, de acuerdo con semejantes creaciones jurídicas, también es posible y recomendable que los trabajadores actuales vayan haciendo valer sus derechos “burgueses” para que esas compañías anónimas incluyan a todos los trabajadores como sus socios natos.

La ley del trabajo haría obligatoria la admisión de estos asalariados como socios que manifiesten su voluntad de convertirse en tales de la empresa donde operen, digamos, a partir de determinado número de años. Sus alícuotas accionarias podrían depender  de convenios personales entre cada trabajador y la compañía correspondiente.

Estos nuevos socios proletarios seguirían operando como asalariados y muy posiblemente mejoren sus aportes a la compañía en beneficio de todos los socios viejos y nuevos. Tales accionistas proletarios  podrían ir cancelando sus aportes accionarios de capital con sus actuales activos prestacionales y parte de sus ingresos extras anuales. Cuando hayan cancelado la totalidad del valor de las acciones compradas pasarían ipso facto a la nómina de copropietarios de la empresa en juego.

Por esta vía, nuestro SXXI iría aceleradamente transitando hacia la abolición de las empresas privadas capitalistas sin necesidad de expropiaciones traumáticas. Estas se irían convirtiendo en sociedades comunales cuyas “ganancias”[2] se repartirían como aportes al crecimiento de cada compañía  y en parte se destinarían a mejoras salariales que ya no dependerán de conflictos obrero-patronales ya que en esas nuevas empresas los trabajadores fungirían de condueños y trabajadores al mismos tiempo.

De esa manera, el perfil de las nuevas compañías comunales daría características propias a  las empresas del SXXI, sin que sea una novedad, habida cuenta de que antaño,  así se habrían formado   las asociaciones de aquellos primeros artesanos que fueron juntados bajo mando burgués y quienes  terminaron convertidos en simples jornaleros que con la división del trabajo perdieron su  capacidad original para fabricar bienes 100%, y quedaron, como hasta ahora, limitados a la realización de parceladas fases de construcción y eleboaboración de las mercancías.