El # 1 del Art. 21 de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no permite la discriminación social fundada en el sexo ni en la raza de las personas. El propio texto de esta Constitución respeta esta disposición y se cuida de no excluir ni dejar sobreentendido el sexo de las personas aludidas en ella.

Así, como precio de ese cumplimiento, estamos en presencia de un texto constitucional viciado de imprecisiones gramaticales que entorpecen la comunicación escrita y oral entre sus ciudadanos, entre la burocracia y el ciudadano común.

La discriminación sexual en todos los aspectos de la vida social no se fundamente ni expresa con la omisión del sexo femenino cuando se emplee en la literatura y comunicación oral. Por ejemplo, cuando hablamos de la “explotación del hombre por el hombre”, damos por existente la “explotación de la mujer por la mujer”, aunque la palabra explotación suele omitirse en esa misma Constitución, como si la explotación social no fuera un asunto de Estado, o como si ella no existiera. Con semejante omisión se está tolerando la peor de las discriminaciones, cual es la de que algunos sean propietarios de los medios de producción y otros no, y ante   esa discriminación básica,   el hecho de que los hombres tengan algunos privilegios frente a la mujer pierde toda relevancia. Además, la mujer obrera es tanto o más explotada que el hombre.

De manera que estamos ante un texto constitucional respetuosamente burgués que protege esta situación de manera evidente. Obsérvese que ese mismo Art.  no admite la discriminación fundada en la condición social, pero se refiere a la división entre “ricos” y “pobres”, para evadir la verdadera discriminación reinante entre “explotadores” y “explotadoras” de “explotados” y “explotadas”. La riqueza de unos y unas, y la pobreza de otros y otras son un efecto y no una causa de la condición social de hombres y mujeres en las sociedades clasistas.

Un Estado socialista, la Constitución contendría la disposición expresa de no tolerar clases sociales, y esto va más allá de esas demagógicas prohibiciones y aberraciones asexistas gramaticales y clasificación entre ricos y pobres.

Bien, entendemos que una vez aprobada esa Constitución, resulta obligatoria seguir el texto sugerido, de tal manera que cacofónicamente se escriba y hable sobre el diputado y la diputada, el presidente y la presidenta, el gobernador y la gobernadora, el adolescente y la adolescente, redundancias harto fastidiosas por no decir estúpidas.

Pero hay más de un desaguisado    en esa intención asexista de los honorables legisladores quienes dejaron mucho qué desear con semejantes actuaciones legislativas. Resulta que a pesar de señalarse expresamente el sexo femenino, de todas maneras este aparece subordinado al sexo masculino. En este caso, si bien, antes, el sexo femenino (la mujer) se omitía por razones gramaticales, ahora, contradictoriamente, tal discriminación queda convalidada, habida cuenta de que esa Constitución se cuida de señalar primero el sexo masculino y en segundo plano al otro.

Entendemos que siguieron el aberrante estilo usado por la realeza española y que se recoge en sus diccionarios oficiales: DRAE y afines. En sus léxicos se dice, pero ejemplo: callado y callada, bueno y buena, pesado y pesada, gafo y gafa, estúpido y  estúpida, en flagrante contradicción con el riguroso orden alfabético que cruza todos sus diccionarios en materia de entradas y voces en general.