Hace un par de semanas se publicó en este mismo espacio un articulo de Ali Rodríguez Araque y Bernard Mommer titulado Primer centenario de la Venezuela exportadora de petróleo en el cual se realiza un esplendido y completo análisis histórico de la industria petrolera venezolana. Cada secuencia histórica narrada por estos dos autores, aparecen como una saga de batallas políticas e institucionales en las que poco a poco, se va redefiniendo la relación entre las potencias industrializadas, las compañías internacionales de petróleo y el estado venezolano para determinar los mecanismos de captación y distribución de la renta petrolera. Esa misma renta que a su vez permitirá a la población de entonces, franquear las fronteras del desarrollo económico y social del país. La misma renta que finalmente nos conducirá de la Venezuela agraria y semi feudal a la Venezuela moderna y capitalista que es actualmente.
A pesar de que hay muchos elementos que se revelan problemáticos en el análisis elaborado por Mommer y Rodríguez -tales como la posibilidad de continuar con el proyecto de "sembrar el petróleo" o el uso de la renta petrolera para sostener el "bienestar social" de todos los venezolanos; creo que es de capital interés no solamente leer y examinar las ideas que estructuran el mencionado articulo, sino también y aun más, tomarle la palabra a estos dos autores cuando afirman que es necesario "crear una plataforma nacional que incorpore tales reflexiones, (esta plataforma) tiene que ser el resultado de un debate nacional pues se trata de algo que concierne a todos los sectores de nuestra sociedad. Sólo disponiendo de semejante plataforma, podremos encarar exitosamente los gravísimos problemas que hay que enfrentar en lo inmediato".
La propuesta es clara. Se trata de debatir abiertamente los lineamientos generales de la política energética nacional y su relación con el resto de los sectores económicos, sociales y políticos del país. Esto no es poca cosa, ya que como lo sabemos, el petróleo irriga capilarmente todo el tejido socioeconómico y político de la sociedad venezolana, y representa hoy más que nunca el 90% de nuestro presupuesto público.
Este debate es acaso más urgente cuando advertimos el estado alarmantemente crítico en el cual se encuentra PDVSA, nuestra principal industria de hidrocarburos. Pues es injustificable que a un siglo de relaciones económicas, políticas y diplomáticas tejidas a partir del petróleo, hoy tengamos una industria en tan lamentable estado de desinversión y de deuda como es el caso actual.
Un diagnóstico somero nos indica que la deuda actual de PDVSA asciende a 40 millardos de dólares solamente en bonos, de los cuales tendrá que pagar 2,4 millardos en el primer trimestre del año que viene. A esto se añade el declive de la producción de crudo el cual, de acuerdo con el reporte de este mes de la OPEP, fue de 1,8 millones b/d, es decir 800 mil barriles menos que en 2015, lo que representa una caída de más del 30%, la mas baja desde el paro petrolero en 2003. Este declive proviene esencialmente de la baja producción registrada en los campos maduros del occidente del país, lo cual es una consecuencia de la falta de inversión y de mantenimiento.
Aguas abajo la situación no es menos desalentadora. El parque refinador nacional se encuentra técnicamente paralizado operando a un tercio de su capacidad instalada, lo cual ha hecho que PDVSA tenga que importar la mayor parte de la gasolina que consumimos a nivel doméstico. Gasolina que como todos sabemos, pagamos a precios subsidiados.
A este propósito deberíamos preguntarnos ¿Sigue siendo sostenible económica y ambientalmente mantener la dualidad de precios (un precio internacional y un precio doméstico) en los productos y servicios que nos brinda PDVSA? Y si la repuesta es positiva, ¿cuáles serán los criterios para determinar el "precio Justo" de un recurso natural que nos pertenece a todos los venezolanos, pero el cual comporta costos operativos y de distribución considerables?
A este panorama de limitada disponibilidad financiera y operacional con la que cuenta nuestra industria petrolera, habría que añadir la también pobre disponibilidad de capital humano que viene arrastrando la industria estatal desde el paro petrolero de 2003-2004. Esto es uno de los tópicos señalados en el articulo de Mommer y Rodríguez, el cual merece particular importancia, ya que se trata del personal técnico capacitado para la gerencia y el manejo de sectores claves de la industria petrolera y gasífera del país.
Si bien es cierto que la experiencia traumática de 2003 y 2004 nos legó una empresa estatal con un personal técnico que en algunos casos, por mostrarse adversos al proyecto político del presidente Chávez, atentaron contra la estabilidad técnica y operativa de la empresa. No menos cierto es que la incorporación de personal "militante" y " comprometido" políticamente pero sin formación, ni experiencia en el delicado manejo de las operaciones industriales de una empresa clave como lo es PDVSA, termina siendo un error con altísimos costos para la empresa y para todo el país.
Ante todos estos retos que PDVSA tiene en lo inmediato, es necesario elaborar un plan de acción que permita ante todo elevar los niveles de producción de crudo, al mismo tiempo que establecer un balance financiero honesto, transparente y realista que permita determinar la disponibilidad de recursos que serán invertidos en la capacidad operativa de la industria, en el pago de la deuda y en la inversión social. A este respecto, creo que una reestructuración de la deuda y una auditoria ciudadana de esta, se revelan acciones urgentes para transparentar las cuentas de nuestra principal industria nacional.
El acuerdo logrado el pasado 30 de noviembre en Viena entre los miembros de la OPEP y No-OPEP para extender la reducción de 1,8 millones de b/d de petróleo hasta finales del 2018, nos permite presagiar que el precio del crudo se estabilizará entre 60 y 70$ por barril el año que viene. ¿Este precio es suficientemente alto para satisfacer las necesidades tanto de PDVSA como del presupuesto publico nacional? Si lo es, ¿Cuáles y como se determinarán las prioridades de inversión? ¿Cuál será el plan para PDVSA y para el país si este precio se desploma como ocurrió en 2014? ¿Seguiremos endeudándonos? ¿ Qué vamos hacer con el excedente si, por el contrario, este precio se eleva a 20 o 30 puntos más?
En este como en otros asuntos claves vinculados al petróleo, la problemática principal se reduce a saber a qué parte de la renta tenemos acceso y bajo qué condiciones. Y en estos temas la economía se detiene para dar paso a la política, pues es en la toma de decisiones colectivas en donde se determina quien (¿el Estado?, ¿las compañías internacionales de petróleo?, ¿La nación?, ¿las empresas privadas o contratistas?) y a través de qué mecanismos (asignaciones, subsidios, distribución clientelar o no) se capta la renta.
Este asunto se vuelve aún más importante si tomamos en cuenta que el recurso natural es de propiedad pública nacional, cuyo administrador es el Estado. Y visto que el petróleo es un recurso natural estratégico en el cual están implicados muchos otros actores sociales, el Estado no puede continuar manteniendo el monopolio de la política energética nacional. Esta debe ser construida tomando en cuenta no solamente las propuestas de los gobiernos de turno junto a las demandas de las compañías petroleras nacionales e internacionales, sino también incorporando las demandas de actores sociales no menos importantes como las comunidades indígenas, los movimientos ambientalistas y todas aquellas propuestas que coadyuven a la formulación de un programa de desarrollo económico sostenible a nivel nacional.
La invitación lanzada por Mommer y Rodríguez Araque a crear una plataforma nacional para el debate, debería apuntar en este sentido y abordar estos asuntos de una manera amplia, pluralista y sin discriminación de ningún tipo. Dejar la política energética nacional solamente en manos del Estado, de las multinacionales y del capital financiero internacional sería -a juzgar por la situación actual de nuestro sector energético- repetir los mismos errores del pasado reciente, en los que el patrimonialismo y el uso discrecional de nuestros recursos terminan en las manos de unos pocos. Este tipo de prácticas en nada tributan con los principios de democracia participativa y de control ciudadano de los asuntos públicos tan caros a nuestra constitución.
La unidad nacional es, tal como lo subrayan Mommer y Rodríguez, una prioridad política en estos tiempos aciagos que vive el país, pero preservar la unidad no significa ceder ante el dogma y el cesarismo, ante la homogeneidad discursiva y la unilateralidad impenitente. La participación de todos los sectores de la sociedad venezolana en la formulación de propuestas que enriquezcan la nueva política energética nacional es una necesidad y un primer paso para la orientación de las políticas económicas y sociales que necesitará el país para superar estos momentos críticos.
En este sentido, me uno al llamado de Mommer y Rodríguez con el celebre grito de Páez en las Queseras del Medio:
Vuelvan Caras!
leninbandres@gmail.com