Se torna extremadamente preocupante que luego de más de 90 días transcurridos luego de la aplastante derrota del 6D, aún no se han percibido acciones importantes de la tan anunciada revisión, la tan anunciada Autocritica, todo lo contrario, el país transcurre en un ambiente de impotencia e indignación generalizados.
Cada instante se agota la confianza y la esperanza en la toma de decisiones transcendentales, que deriven en el aumento de la popularidad del gobierno revolucionario, peor aún, se desprecia la voz del pueblo, a través de adjetivos tales como: mayorías circunstanciales, pueblo engañado, etc. Me imagino que de seguir así, no sería profético adivinar, una derrota en las elecciones de gobernadores "circunstancial", una pérdida de la patria "circunstancial", sólo por tomar dos casos matemáticamente equiposibles.
Dá la impresión de un doble discurso en el gobierno, por un lado, la premisa de defender la nueva ley Orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, pero por el otro existe cierta empresa expropiada, supuestamente socialista, que no la respeta, para lo cual me permito tomar el caso particular de la Empresa nacional del Café S.A en mi contra. El gobierno pregona que estas empresas están en manos de los trabajadores, cuando los que luchamos por la participación de todos los trabajadores en la gestión somos despedidos, sin ni siquiera poder gozar de la supuesta protección Constitucional al derecho al trabajo que tanto afirma el Presidente Nicolás Maduro y más aún la propia Constitución en su capítulo V, ya que la propia Inspectoria del trabajo de guácara aplica la derogada ley del trabajo del año 1997. Cómo podríamos pensar que una inspectoria del trabajo del gobierno decida en contra de una empresa del gobierno?, a pesar de las normas constitucionales, sería una utopía.
El Presidente Obrero, patrióticamente ordena la recolección de firmas en contra del decreto genocida de Barak Obama, sin embargo es curioso que esta empresa supuestamente socialista, ni siquiera toma en cuenta firmas de sus propios trabajadores, rechazando acciones como esta.
Podemos presumir que no hay ningún interés en una revisión derivada de una autocritica profunda, cuando vemos todavía, en altos del cargos del gobierno a funcionarios con cierto poder supra constitucional. Sin embargo no podemos darnos el lujo de desistir en nuestra lucha por estimular que el trabajador con más bajo rango se sienta participe en la gestión pública, aquel que no posea ningún tipo de investidura, es decir el trabajador común, sólo así podemos rescatar verdaderamente la productividad.
A continuación se anexan: La arbitraria Carta de Despido y posteriormente las ignoradas firmas de trabajadores en rechazo a esta acción.
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