El Gobierno Nacional para hacerle frente a la crisis económica Venezolana ha anunciado una serie de medidas económicas que forman parte de lo que denominó "Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica", entre unos de sus objetivos centrales esta en detener la hiperinflación, recuperar el poder adquisitivo y reactivar la industria nacional, para ello, el Gobierno llevo a cabo acuerdos en materia de precios con empresarios y productores agroindustriales, esto con el fin de "proteger el salario", La medida se dio a conocer a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.397, el cual muestra los precios acordados de 25 productos, esta política de control se encuentra enmarcada bajo el Programa de Precios Acordados establecido en la Ley Constitucional de precios Acordados, dicha Ley permite la fijación del precio máximo de bienes y servicios basados en los costos de producción, sumando a este el margen máximo de ganancia convenido entre ambas partes (Gobierno y Empresas).
Los precios expuestos en la Gaceta antes mencionada presentan el mismo error cometido cuando se trató de fijar precios regulados a ciertos bienes, que a continuación empezare a desarrollar;
En la lista de precios acordados omitieron las diversas presentaciones que posee un producto por ejemplo; la Mantequilla, atún, pasta alimenticia, mortadela, entre otros. Esto puede traer como consecuencia la posibilidad que el productor fabrique presentaciones que no estén bajo el acuerdo e incluso llegar a la simplificación de la producción, por otra parte la ausencia de precios fijados a los actores dentro de la cadena de distribución (Centro de distribución, Mayoristas, Minoristas) pudiera generar como resultado la escasez de bienes dado a falta de información, de manera que la comercialización se desarrollaría según a conveniencia del sujeto de aplicación.
En segundo lugar los empresarios y productores agroindustriales que acordaron precios con el Gobierno Nacional son los siguientes; Alimentos Polar, Cargill de Venezuela, La Lucha C.A, Pastas Capri C.A., Pastas Sindoni, Pastas Allegri, Aves JHS, Avícola La Guasima, Industrias Pollo Premiun, Grupo Botalón, Arroz Cristal, Central Azucarero El Palmar, El Tunal, La Caridad, Monaca, entre otros. Las empresas mencionadas pactaron precios que ya se encontraban en el mercado (en algunos rubros) o por lo menos cercanos al establecido en gaceta, de tal manera que estos precios fueron fijados considerando los costos de producción de estas empresas, con el fin de no generar desabastecimiento, partiendo de la lógica empresarial en que el precio debe cubrir los costos de producción.
El haber acordado precios con estas empresas se corre el riesgo de eliminar pequeñas y medianas empresas así como emprendedores, debido que los costos de producción de estas empresas pudieran ser superiores en comparación con los costos de producción de las empresas que participaron en el acuerdo, motivado al poder económico y productivo (Producción a escala) que poseen dichas empresas, permitiendo de esta manera generar mayor concentración y poder de mercado (Monopolios y oligopolios), de llegar a darse este escenario existiría la posibilidad de ocasionar escasez en el mercado interno, originado por la desaparición de pequeñas y medianas empresas y por la falta de respuesta en cuanto a producción de las grandes compañías por limitaciones tecnológicas, capital de trabajo, entre otros.
El desafío al que se enfrenta el Programa de Precios Acordados en estas circunstancias es enorme, dicho programa debe incorporar paulatinamente más bienes, buscando tener una cesta representativa del consumo de los venezolanos de ingresos medios y bajos, intentando incorporar cestas de bienes de consumo estacional como útiles escolares, un esquema similar al que se aplicó exitosamente es el programa denominado "Precios Cuidados" en la República Argentina en el año 2014 bajo el mandato de la expresidenta Cristina Fernández y que aún sigue vigente con el actual presidente Mauricio Macri.
En conclusión el Programa de Precios Acordados es una herramienta que debe estar acompañado de una política que incentive la libre competencia, pero que a su vez este regulado desde el punto de vista contable (contabilidad analítica regulatoria) con el fin de obtener el costo real de los bienes y servicios, como se aplica en empresas públicas o privadas en países tales como; Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, Perú, República Dominicana, Reino Unido, entre otros.
Econ.
Especialista en Costos.