Con alta estima dirijo a Usted la siguiente reflexión. Luego de los anuncios emitidos del 20 de agosto del presente se puede evidenciar en los anaqueles de las bodegas, abastos, supermercados e hipermercados un incremento del 2000% de los productos de la cesta básica y de bienes y servicios, según el portal de noticias de VTV, sin contar con las acciones especulativas y de usura de los bachaqueros.
Osadamente, bajo una ignorancia supina algunas personas se atreven a inquirir que es culpa del gobierno nacional por el proceso de reconvención monetaria; más sin embargo, estas medidas económicas neoliberales que sufre el pueblo venezolano tiene nombre y apellido y es derivada de la Ley Habilitante de la Superintendencia Nacional de Precios Justos SUNDDE, quien actuando de manera inoperante, negligente, inobservante de las leyes y reglamentos tal cual como lo establece el artículo 1185 del Código Civil Venezolano vigente que reza: "El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho". Por lo tanto ésta entidad no cumple, no ha cumplido ni cumplirá con las funciones de inspección, fiscalización seguimiento y control de los procesos de producción y distribución nacional.
Ahora bien, para tratar de explicarlo en argot popular, la Ley de la Superintendencia de Precios Justos es un vil plagio de la Ley de Precios de Venta al Público (PVP) elaborada en el período de gobierno de Jaime Lusinchi en conjunto con el Código Orgánico Tributario vigente, con respecto a los antes mencionados procedimientos de inspección y fiscalización para garantizar el adecuado uso de bienes y servicios a los ciudadanos.
En este sentido, no responde a los intereses del pueblo en sus funciones mencionadas en materia de protección, seguridad y soberanía alimentaria por su soez sentido neoliberal. Es decir, la Sundde copia del COT, desde el punto de vista legal no permite que las regiones del país puedan realizar un proceso de inspección y fiscalización; puesto que, debe estar atestado bajo una orden o providencia administrativa, tal cual los procesos de fiscalización de los Servicios del SENIAT, es por ello que es incorrecto confundir tributación o pago de impuestos con protección social y económica de los usuarios.
En este sentido, pasaremos a explicarlo de la siguiente manera: la SUNDDE se encuentra dizque desplegada en el Distrito Capital y en el Estado Carabobo, pero no atiende la realidad especulativa de las otras regiones del país como si no existieran, puesto que un Coordinador o Director en las regiones debe esperar que San Juan agache el dedo o que el Superintendente Nacional debe dar la orden por medio de dicha providencia administrativa que nunca llega para los 23 estados y más de 486 Municipios que conforman toda la República Bolivariana de Venezuela. Situación que no ocurría por la diligencia oportuna del extinto Instituto para la Defensa de las personas en el acceso a los Bienes y Servicios INDEPABIS.
Señor Presidente, por la falta de éstas actuaciones la revolución pende de un hilo, está en Usted rectificar a tiempo y extinguir toda la plaga neoliberal de la SUNDDE y reconocer la labor que se hiciera en los años anteriores con un organismo que realmente obedeció y que obedezca a lo establecido en CRBV donde se establece la igualdad social y suma felicidad posible para el pueblo venezolano