Los dueños de empresas en Venezuela, quieren costear las respuestas de las maquinarias de sus Corporaciones con el pírrico salario de los trabajadores en mi país, aunado a las mafias de los comerciantes que guinchan el aumento salarial con los elevados precios de sus alimentos. Y es que a las ciudades más productivas llegarían nuevas empresas, que permitiría un crecimiento económico adicional, en varios frentes como los servicios de transporte, alimentación, construcción y otras actividades productivas.

Para Alexander Ríos, analista de Estratégica en Colombia y José Guerra, economista, los salarios deben reflejar la productividad de la mano de obra y la propuesta de que haya un salario mínimo diferencial para las regiones es una buena manera de lograrlo.

Como toda medida, esta propuesta tiene cosas negativas y positivas.

Sin embargo, en las regiones donde el salario sea menor, podría ocurrir el efecto contrario, desincentivando la productividad y provocando migraciones a otros territorios con sueldos mayores. La discusión sigue abierta.

Terminándose ya el 2017, cabe reflexionar sobre los riesgos económicos para el próximo año. El primero será la dificultad que enfrente el nuevo gobierno para aprobar en el Congreso las iniciativas de su plan de desarrollo y las reformas estructurales que requiere el país como resultado de la agudización de la polarización política que se vive.
El segundo, de cierta forma derivado del anterior, pero también de la baja actividad económica predominante, es la acentuación de la pérdida de confianza de los inversionistas con la consecuente caída de la inversión privada y desaceleración del crecimiento económico de mediano plazo.

El tercero es que las normas, leyes y decretos del denominado fast track para poner en marcha los acuerdos de paz no se adelanten de manera transparente y generen mayor incertidumbre para el sector privado. El cuarto factor, que puede traer consigo un impacto adverso en la confianza inversionista, está originado en los poderes otorgados por la Corte Constitucional a las comunidades locales para decidir sobre el uso de la tierra, sumado a la falta de información y conocimiento para evaluar los beneficios netos de largo plazo para su región y el país de una explotación minera responsable y una expansión de áreas para cultivos y explotaciones agroindustriales, lo cual puede poner freno al desarrollo del país.

El quinto son los retardos que se puedan presentar en el desarrollo de las obras de infraestructura , derivados del temor a que se acentúen casos de corrupción, como el originado por Odebrecht, que puedan estrechar el acceso al financiamiento; la falta de legislación para dar garantías de reembolso de los recursos invertidos a los bancos, en caso de suspensión de las concesiones, y de los problemas para finalizar las obras por problemas con las comunidades y los permisos ambientales.

Otros dos riesgos están vinculados con los desequilibrios fiscales. El sexto riesgo, este de carácter legal, pero con implicaciones económicas profundas, es la continuación de la incertidumbre, originada por las decisiones de las cortes, sobre todo, en lo que hace a los mandatos de extender beneficios sociales derivados de nuestro Estado Social de Derecho que impliquen más gastos públicos y un desequilibrio mayor en las finanzas públicas. De otro lado, y como séptimo riesgo está la posible dificultad política de incrementar la carga tributaria general del país y la de reducir y hacer más eficiente el gasto público, según los lineamientos y recomendaciones que salgan de la Comisión de Gasto Público.

Del lado externo también existe, como octavo riesgo, la probabilidad de enfrentar una reducción del acceso a los mercados externos y una continuada baja de la inversión extranjera directa, si algunos de los riesgos señalados atrás se materializan. Asimismo, y en noveno y décimo lugar, están el impacto adverso que pueda traer al país un freno en la actividad económica mundial y un desarreglo en las relaciones económicas con Estados Unidos.

En fin, la realidad es que, aunque el manejo económico en estos años ha sido adecuado, el crecimiento de la economía es débil y el país enfrenta riesgos tanto internos como externos que deberá enfrentar y solucionar el próximo gobierno. Esta situación ilustra la importancia del proceso electoral que se avecina.

El científico Stephen Hawking, aseguró que el mundo está cambiando y lo seguirá haciendo con el pasar del tiempo, tanto así que ya no tendríamos una tierra para vivir.

El científico se refirió a la Cumbre Tencent WE que se llevó a cabo en China, el cual manifestó que en unos 600 años el planeta Tierra pasará a ser una bola de fuego.

Según Stephen, esto se dará por una la sobrepoblación que incrementará el consumo de energía en los pobladores, con el fin de seguir sosteniendo las actividades humanas.

Hawking agrega que“ Hay que ir audazmente a donde nadie ha ido antes”, dijo el científico.

Las revelaciones del nuevo informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) dejan claro que miles de millones de dólares se mueven libremente en los llamados paraísos fiscales, y que gran parte de los más importantes líderes del mundo se lucran de negocios que afectan negativamente el fisco de sus propios países. Los Paradise Papers corresponden a una filtración de cerca de 14 millones de documentos desde 1950 al 2016, 13 millones de ellos provenientes de la firma Appleby, constituida hace 119 años en las islas Bermudas, y que ofrece servicios financieros a élites de todo el planeta.

De hecho, la promesa básica de los servicios de Appleby es ayudarles a las personas adineradas a reducir sus cargas fiscales y esconder evidencias de propiedad de bienes suntuosos como yates, aviones privados, bienes raíces, así como establecer fideicomisos. Es un caso muy similar al de los Papeles de Panamá, que también surgió del trabajo inicial de dos reporteros del periódico alemán Süddeutsche Zeitung, quienes compartieron la información con ICIJ, y luego de examinarla se decidieron a difundirla. Aunque allí aparecen muchos nombres de personajes internacionales de todo tipo, no podría decirse que cometieron delitos, pero sí deja en entredicho las razones que tuvieron para tener capitales en dichos paraísos.

Llama mucho la atención de compañías internacionales, como Apple el gigante de tecnología, por ejemplo, tengan gruesas sumas de dinero en estos lugares, de acuerdo con las revelaciones, lo que implicaría una estrategia de evasión de impuestos que llegaría a cifras escandalosas. Nadie puede afirmar que es ilegal establecer compañías en el extranjero, además porque muchas veces las corporaciones lo hacen para facilitar las transacciones internacionales legales, pero las condiciones en las que algunos ricos han puesto su dinero en lugares que son reconocidos como paraísos fiscales, sí dejan la sospecha de que, por lo menos, pretendían evadir impuestos. Lo peor es que allí mismo son escondidos los rendimientos de lucrativos negocios vinculados al crimen internacional como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y demás actividades mafiosas.

Para los Estados Unidos no es nada cómodo que Wilbur Ross, secretario de Comercio del gabinete del presidente Donald Trump, esté en el ojo del huracán luego de quedar en evidencia su participación en una empresa naviera que tiene como clientes a compañías en Rusia y Venezuela, muy cercanas a los gobiernos de ambos países, y que además tiene actividades financieras en tales paraísos fiscales, sin tenerse claridad acerca de las razones para funcionar allí.

Tampoco fue bien recibida la mención del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en dos sociedades offshore creadas en Barbados, en las que no obstante no se habrían dado transacciones financieras. Fue oportuna su respuesta al publicar su declaración de renta en la que no figura ningún bien que esté bajo sospecha y que haya afirmado que desde el 2000 no tiene relación alguna con este tipo de compañías, pero para muchos la duda queda. El hecho de que firmas colombianas como Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Ecopetrol aparezcan en los Paradise Papers también causa sorpresa.

En el caso de nuestro país, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y, la Fiscalía General deben emprender investigaciones para establecer si hay delitos en los casos de colombianos y venezolanos que tienen inversiones sin reportarlas al Estado colombo- venezolano. Para ello es importante una mayor cooperación con otros países, como es el caso de Panamá, para lograr un ejercicio transparente de información que evite evasiones de impuestos perjudiciales para las finanzas nacionales. De hecho, las grandes potencias mundiales deberían ejercer una fuerte presión a estos paraísos fiscales, para que las transacciones financieras en todo el mundo sean transparentes, con reglas claras para todos, y que no haya forma de esconder capitales legales o ilegales en ninguna parte del mundo.