NOTA DE APORREA.ORG: En una segunda entrega se publicarán los anexos a este documento. 

 

“Yo no vi las casas, ni vi las ruinas. Yo sólo vi las llagas de los hombres. Se están derrumbando como las casas, como el país en el que nacimos. No es posible soportar más. A este país se lo han cogido cuatro bárbaros, veinte bárbaros, a punta de lanza y látigo. Se necesita no ser hombre, estar castrado cómo los bueyes, para quedarse callado, resignado y conforme, como si uno estuviera de acuerdo, como si uno fuera cómplice”[1].

 

Introducción

Como sabemos la situación actual de Venezuela despierta mucho interés a nivel mundial, no solo para el mundo académico, sino también para la militancia de izquierda, porque, entre otras razones, la Venezuela de la Revolución Bolivariana innegablemente fue el primer intento por construir el socialismo en el siglo XXI.  Pues bien, para los venezolanos y venezolanas, la situación actual de nuestro país, nos confronta con una realidad, que aunque no la deseamos, existe y nos obliga, desde una visión histórica y desde un análisis de complejidad, a tratar de comprender y explicar cuáles son las causas de la actual crisis, cual ha sido su desarrollo y como entendemos las que pudieran ser sus perspectivas en el futuro inmediato.

 

Si queremos explicar con pocas palabras la situación actual del país, tenemos que decir, que Venezuela atraviesa una compleja crisis de carácter societal como nunca antes había vivido en toda su historia republicana.  Dicha crisis, que resulta ser la confluencia dialéctica y sistémica de un conjunto de factores multidimensionales tanto internos como externos, refleja hoy en día, lamentablemente, una realidad que pareciera no tener salidas en el corto plazo y que involucre una mejoría en las precarias condiciones de vida del pueblo venezolano. Pero también debemos decir que la comprensión de esta crisis requiere y exige, para evitar cometer errores y justificar lo injustificable, caer en una interpretación lineal y binaria de la realidad, que nos retrotrae a los errores básicos en los que se asienta en esa visión el conocimiento científico que se fundamenta en el “principio del tercio excluso” que, como es conocido, se ha elaborado bajo una «lógica binaria», la conocida lógica del sí-no, blanco-negro, y que de alguna manera, conlleva erróneamente a reducir en el campo enemigo-amigo la compleja realidad que vive mi país.

En este papel de trabajo tratamos de comprender y explicar, desde nuestra verdad, cuales son las causas y el desarrollo de la actual crisis venezolana en el marco de la geopolítica mundial del presente siglo, pero también cuales son las perspectivas futuras a partir de los últimos resultados electorales, realizados el 15 de octubre, donde indudablemente  se siguen profundizando las condiciones de la crisis política que tiene el país y donde, hoy más que nunca, se obliga a pensar que la situación de crisis estructural y profunda que tiene Venezuela debe resolverse a partir de la gente y no del capital, de la misma manera que tener que construir una nueva referencia política que diseñe una propuesta de proyecto país que se fundamente en un aprendizaje consciente y militante de las debilidades y errores del pasado reciente, pero también que tome en cuenta, desde una visión de complejidad -porque los procesos sociales, políticos, económicos y culturales son heterogéneos, no lineales y multidimensionales- los grandes problemas y desafíos que enfrenta la humanidad toda en este siglo XXI, el cual lleva en sus entrañas la profundización de las contradicciones estructurales de un sistema, que como todos sabemos, amenaza la permanencia de la humanidad en el planeta tierra. 

 

Los Antecedentes de la Revolución Bolivariana

Pretender caracterizar a la actual crisis, pasa irremediablemente por reconstruir los antecedentes de la misma, a partir de identificar los problemas medulares de la estructura económico social de Venezuela que están y estuvieron  presentes durante el período anterior a la revolución bolivariana, es decir, entre 1980 y 1997. Todo ello, tomando en consideración la articulación que tiene el país a la geopolítica mundial y a los impactos que esta le ocasiona a partir de la dinámica cambiante que presenta el sistema capitalista mundial, en especial teniendo como referencia el agotamiento[2] del régimen de acumulación Fordista-Keynesiano y el surgimiento del régimen Neoliberal Monetarista, presente éste con mucha fuerza a partir de los años 80 del siglo pasado.

Veamos entonces algunos elementos que dan cuenta de la situación planteada:

En el año de 1974 la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, Cordiplan invitó al país al economista Celso Furtado, con el fin de preparar una visión de la situación de Venezuela y las perspectivas para su desarrollo (previo a la preparación del V Plan de la Nación[3]), de los resultados del informe que presentara para entonces Furtado, podemos extraer esta cita de síntesis de sus reflexiones en torno a la economía nacional:

“Se ha creado un sistema económico que genera escaso excedente bajo la forma de ahorros y de impuestos, y que obtiene un bajo rendimiento de las cuantiosas inversiones que el excedente petrolero permite realizar. Se trata, por lo tanto, de un sistema económico fundamentalmente orientado hacia el consumo y el despilfarro y en el cual el ingreso es muy concentrado y probablemente tiende a concentrarse de forma permanente. De ello resulta una extraordinaria diversificación en los patrones de consumo con efectos negativos secundarios sobre la productividad del sistema. Las dimensiones relativamente reducidas del mercado interno y las exigencias de una demanda altamente diversificada conspiran contra la integración del sistema industrial, el cual permanece altamente articulado al exterior”.

La cita de Furtado da cuenta de una economía en donde la renta petrolera ha permitido la expansión de una  demanda interna, basada en patrones de consumo propio de los llamados países desarrollados, que no tiene respuesta en la capacidad productiva nacional, la cual se caracteriza por un bajo nivel de productividad que no se corresponde con las significativas inversiones que el excedente petrolero ha permitido realizar. Es menester acotar aquí que ese importante excedente petrolero ha ido, a lo largo de toda la historia del país,  prefigurando a un “estado petrolero” que en cierta forma se ha convertido en el mediador para asignar la renta entre los grupos económicos, tanto tradicionales como emergentes, y el resto de la sociedad venezolana.  Esta relación: renta petrolera, estado petrolero, élites de poder y sociedad, ha ido definiéndose por el desarrollo de una “cultura rentística”[4] que se ha convertido en la savia que ha amalgamado un modelo mafioso[5] de acumulación de capitales y que se sustenta en lo que se define como un capitalismo rentístico[6].  

Mientras ello ocurría nacionalmente, en el sistema capitalista mundial, se estaban gestando cambios, los mismos posteriormente daban cuenta de un proceso de agotamiento del modelo de acumulación industrial, es decir, el fordista- keynesiano  como parte de los problemas estructurales del sistema, lo que generó en los países latinoamericanos y concretamente en Venezuela, el debilitamiento de las bases de sustentación del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, orientador de las políticas públicas y de los planes de desarrollo puestos en marcha en el país a partir de la “era cepalista”[7].

A la consolidación del agotamiento del régimen Fordista-Keynesiano, hecho ocurrido a mediados de los años setenta del siglo XX, le siguió el planteamiento teórico neoliberal como respuesta de solución a la crisis. En Venezuela a partir de la década de los ochenta, entramos en un clima de incertidumbre económica, caracterizado por la imposibilidad de mantener el equilibrio de las principales variables macroeconómicas, así como de un profundo deterioro de las condiciones de vida de la población venezolana, con incrementos significativos de la pobreza[8]. Todo ello, como consecuencia de un pésimo desempeño en la dinámica económica del país, donde las propuestas de salida a la crisis por parte de los diversos gobiernos que surgieron durante el período 1983 hasta 1997 estuvieron enmarcadas en los programas de ajuste estructural del Consenso de Washington:

Esta crisis que si bien se inició en el ámbito económico donde se presentaron eventos como[9]: la devaluación de la moneda, desequilibrios en las importantes variables macroeconómicas como altas tasas de interés activas, importantes niveles de inflación, cuantioso déficit en la balanza comercial, incremento del déficit fiscal, entre otras, acompañada de la crisis financiera de 1994, fue progresivamente tomando fuerza hasta convertirse en una crisis estructural de carácter societal, a tal punto que se manifestó en el ámbito político-social-militar, con los eventos históricos que se suscitaron en torno al levantamiento popular denominado “El Caracazo” en 1989 y la “rebelión militar” de 1992. Todo ello daba cuenta de una pérdida de credibilidad popular hacia la institucionalidad creada y representada por la élite política del “Pacto de Puntofijo”[10].

 

Debemos decir también que a esta pérdida de credibilidad del pueblo al proyecto de país que encarnaba la dirigencia y la élite política de entonces, se fue incorporando, en el imaginario de la gente, una disposición a un proceso de cambio que encontró eco y orientación política estratégica en las banderas de lucha que levantó para entonces, el discurso político de Hugo Rafael Chávez Frías y consecuentemente el proceso de cambio revolucionario que se abrió con su llegada al Palacio de Miraflores[11] como Presidente de la República en 1998. 

(La síntesis de esta crisis la podemos resumir como la confluencia de: En el ámbito mundial por un cambio en la geopolítica mundial caracterizada por el desarrollo del régimen de acumulación - neoliberal – globalizador y, en el ámbito nacional por el agotamiento del modelo de capitalismo rentístico y del modelo político del “pacto de puntofijo” sustentado en la Democracia Representativa. Deslegitimación de los partidos tradicionales y de sus liderazgos). 

 

El Proceso Bolivariano y sus Diversos Momentos.

Esa disposición al cambio que se entronizó en el imaginario colectivo del pueblo venezolano, en cierta forma, se institucionalizo a partir de la iniciativa que tuvo el presidente Chávez de consultar, mediante referéndum,  al pueblo venezolano su disposición a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para “transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa”[12]. De esta manera, ocurre un hecho político de especial transcendencia para el país y que de alguna forma va perfilando el carácter del proceso bolivariano y del nuevo gobierno, y es que por primera vez en toda la historia de Venezuela, se realiza no solo una consulta al pueblo para refundar la República, sino que se genera un amplio, democrático, transparente y dinámico proceso nacional de participación protagónica de la gente en el debate y decisiones que dan como resultados  la construcción de la nueva constitución, es decir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).  Es menester recordar, que si bien esa Constitución ganó un amplio apoyo del pueblo venezolano que abiertamente la legitimó a través de un referéndum aprobatorio, realizado en diciembre de 1999, también atrajo el rechazo y desconocimiento por parte de los sectores tanto políticos[13] como empresariales[14] que se habían visto relegados o desplazados del poder convirtiéndose en el núcleo opositor del gobierno de Chávez.

Con la vigencia de la CRVB se inicia y se van sustentando las bases de un proceso de cambio revolucionario, cuyos elementos centrales quedaron consignados en torno a lo que la propia Constitución del 99, esgrime en su preámbulo cito:

“… con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”

Indudablemente esta Constitución era un extraordinario avance no solo porque fue, como mencionamos anteriormente, producto de un amplio debate nacional que la llevó a un extraordinario proceso de legitimación popular, sino que ella llevaba en su seno las bases para la instauración de una democracia participativa y protagónica que diera al traste con la agotada democracia representativa, sustento del modelo político que surgió del pacto de puntofijo. Ni que hablar del conjunto de avances en el marco de los derechos humanos, así como del reconocimiento de los pueblos indígenas y del respeto a la naturaleza como parte del patrimonio de la humanidad.

Si bien, podemos decir que la Revolución Bolivariana se inicia con la puesta en marcha de la Constitución del 99. El desarrollo de la misma, no estuvo exenta de altibajos y contradicciones. Estas contradicciones no eran solamente entre el movimiento chavista y los sectores de la oposición al proceso, eran inclusive muy marcadas entre los diversos sectores, militares y exmilitares que estuvieron involucrado con el comandante Chávez el 4F[15],  de la misma manera los movimientos de izquierda, sociales, intelectuales, empresarios y personalidades que apoyaban al presidente Chávez. Era natural y hasta necesario que existieran diversas posiciones y opiniones en torno al “proyecto país” que el propio Chávez iba dibujando en sus muy diversos y permanentes discursos. Sin embargo, esas contradicciones en el seno del chavismo no llegaban a convertirse en un obstáculo para el avance del proyecto, porque en cierta forma, lo que matizaba los potenciales enfrentamientos, era, por un lado, el indudable liderazgo fuerte y carismático que emanaba del líder de la revolución y, por otro lado, la permanente oposición, poco democrática y en muchos casos anticonstitucional e irracional[16], que siempre estaba interesada en el desarrollo de una polarización política, lo que a la postre beneficiaba al movimiento chavista, porque sus contradicciones internas pasaban a un segundo plano.

Veamos ahora cuales han sido, a nuestro modo de ver, los distintos momentos por los que ha pasado el proceso bolivariano, resaltando algunos aspectos que se pueden considerar como medulares.

1.      Inicios del proceso bolivariano en su carácter popular y antiimperialista, 1998-2004: caracterizado por un auge de masas[17], por un proceso permanente de legitimación electoral, por un liderazgo fuerte centrado en el presidente Chávez  y una conexión emocional entre el líder del proceso (Chávez) y el pueblo venezolano. Los aspectos que a mi modo de ver definen mejor este momento están en la desmitificación del poder[18], en la puesta en marcha de los organismos microfinancieros[19] como una herramienta para empoderar al pueblo y así lograr el desarrollo de proyectos socio-productivos, y en el inicio de los programas de inclusión social denominados como: Misiones Sociales[20]. Si bien este período, se caracterizó por un importante proceso de auge de masas, también debemos decir, que el mismo tuvo que lidiar con un conjunto de hechos violentos[21], antidemocráticos y anticonstitucionales[22] que, de alguna manera, expresaban el carácter poco democrático de la derecha venezolana y de los grupos económicos que se sentían amenazados y, como es natural, con una correlación de fuerzas en el plano internacional que si bien fue adversa en sus inicios, con la llegada al poder, en América Latina, de gobiernos progresistas[23], esa correlación de fuerzas termino siendo favorable a la revolución bolivariana.

Cabe destacar, que durante este período, también se genera en el plano internacional un proceso sostenido de auge de los precios del barril de petróleo al pasar estos de 10USD el barril en 1998 a 60.50USD en el 2006[24], dicho incremento, más allá de los otros factores, que en la geopolítica energética mundial inciden, en cierta forma su comportamiento tiene que ver con la política que a nivel petrolera promovió el presidente Chávez, para apuntalar el liderazgo de la OPEP, estrategia que en cierta forma contradecía los intereses del lobby petrolero norteamericano, lo que condujo a que las administraciones de Estados Unidos de Norteamérica, que siempre objetaron y vieron con  mucho recelo la presidencia de Chávez, comenzaran a diseñar e instrumentar estrategias para controlar o boicotear su gestión.

Es así como, el auge de los precios del petróleo, el repunte del liderazgo de la OPEP en materia petrolera y el control de PDVSA, hecho ocurrido luego del paro petrolero, le permitieron a Chávez, profundizar las Misiones Sociales, a través del incremento de la inversión social, es decir, se generó una mayor distribución de la renta petrolera hacia los sectores populares, aunque esa misma renta petrolera sirvió también para profundizar la dependencia económica del país al modelo extractivista petrolero o como lo definen algunos, al muy particular capitalismo rentístico venezolano, lo que contribuyó también al surgimiento de grupos económicos emergentes.

 

2.      La profundización de la revolución bolivariana y sus contradicciones. Este momento lo ubicamos entre 2004 – 2007.

Una vez derrotado el golpe de estado del 2002,  el paro petrolero de finales de ese mismo año e inicios del 2003, así como haber ganado[25] Chávez el referéndum revocatorio convocado por la oposición a su mandato, el proceso se fortalece políticamente y es en enero del 2005, y en el marco del Foro Social Mundial de Porto Alegre, cuando Chávez declara el carácter no solo antiimperialista de la revolución bolivariana, sino también socialista, planteando levantar las banderas del Socialismo del Siglo XXI como un claro indicio de diferenciarse de lo que fue el Socialismo del Siglo XX, aunque no se pudo deslastrar de su carga histórica.

Durante este período de tiempo, por demás muy corto, son varios los aspectos que lo caracterizan. Uno, tiene que ver con el control absoluto por parte del gobierno de la empresa estatal petrolera (PDVSA) que como pivote central facilitó los recursos necesarios para el desarrollo de las diversas políticas tanto sociales como económicas (internas y externamente) que emprendió el gobierno a partir de este momento de profundización del proceso, con una mirada más definida sobre el plano internacional, sobre todo de Latinoamérica[26] y hacía otros países cuyos gobiernos planteaban una política contraria a la de Estados Unidos como es el caso de Irán, Libia y otros considerados de economías emergentes como lo son, fundamentalmente, Rusia, China y Brasil.

Es así como, en diciembre del año 2005, con la derrota que los gobiernos progresistas le propinan, en la IV Cumbre de las Américas, al gobierno de los Estados Unidos y concretamente al ALCA, que es cuando se perfila con mayor precisión una alianza de los países de Suramérica,  que si bien se venía trabajando durante los años previos, empieza a tener mayor perfil a nivel latinoamericano, surge así con mayor fuerza diversas iniciativas de integración regional con una cualidad más política que económica, me refiero concretamente a la Unión de Países del Sur (UNASUR), Petrocaribe[27] y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), donde en estas iniciativas era obvio el liderazgo que tenía el presidente Chávez.  

Por otro lado, se avanza en el diseño y en el intento de puesta en marcha de lo que se denominó el primer plan socialista de la nación, cuyo título era: Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013[28], el cual a pesar de contener un conjunto de principios sobre los que se sustentaba la revolución bolivariana, el mismo no llegó a establecer con claridad las estrategias que permitieran sentar las bases de un modelo productivo no rentista y no estatista, por el contrario su visión del socialismo estaba muy enmarcado en la lógica del Estado-céntrico[29]. Lógica esta que acompañó al proceso desde sus inicios. Por otra parte,  a pesar de que en su cuerpo teórico se hablaba de la importancia de la democracia protagónica haciendo alusión al pueblo en la toma de decisiones en materia de política de estado, el mismo no se planteaba con independencia ni tampoco sobre la base de una discusión plural y abierta, sino de la mano del gobierno nacional o mejor dicho de la burocracia que controlaba el estado petrolero.

A pesar de las fortalezas[30] del proceso bolivariano, era innegable el conjunto de contradicciones existentes en el seno del mismo. Durante este periodo de tiempo, se comienza a hablar de la conformación de un sector chavista[31] que viene manejando y controlando, de forma inclusive corrupta, ingentes cantidades de dinero. Se hacen denuncias que a la postre fueron minimizadas, porque en el marco de la “polarización política”, todo aquel que era critico al proceso, lamentablemente, era tildado de contrarrevolucionario que le hacia el “juego a la derecha apátrida y al imperialismo”.

Es así como, un proceso complejo surgido de una disposición al cambio y a la participación por parte de un pueblo que había perdido la esperanza en un futuro mejor y, que posteriormente la recobra en el proceso de cambio bolivariano, en el marco de un país cuya estructura económica estaba determinada por las relaciones que definen el capitalismo rentístico y su vinculación con una geopolítica mundial también compleja y cambiante, que a finales del 2007 se comienzan a evidenciar síntomas de agotamiento de la revolución. Dichos síntomas se producen con una pérdida en el 2008 de las elecciones regionales en las principales ciudades del país[32], pero también en lo que fue la no aprobación de la reforma a la Constitución planteada en diciembre del año 2007 por el propio presidente Chávez.  

A partir de entonces, con la amenaza permanente de que la oposición comienza a tomar espacios institucionales y regionales, cualquier crítica surgida del propio proceso de cambio era automáticamente aplastada, se minimizan los debates y se asume una posición extremamente pragmática de la política, cobra mucha fuerza el desarrollo de prácticas clientelares y populistas a todo nivel y se fortalece una relación perversa entre partido (PSUV), gobierno y movimiento popular, que no deja espacio para la crítica, ni para la autonomía de los movimientos sociales y mucho menos para la rectificación de errores y debilidades. Esta situación de alguna manera va favoreciendo la consolidación de una elite de poder[33] que si bien asume el discurso revolucionario y socialista en la práctica comienza a vivir de ciertos privilegios y de recursos económicos, que son producto de una renta petrolera que comienza a llegar a niveles de incremento como nunca antes había vivido el país. Se perfecciona el mecanismo mafioso de acumulación de capitales, típico de países del capitalismo rentístico, y se genera a partir del año 2007 una fuga y apropiación ilegal de capitales, utilizando para ello el crecimiento de la deuda soberana y de PDVSA con doble denominación[34].      

Es así como, gobierno y dirigencia partidista son la misma cosa y ésta  permanentemente busca cooptar a la dirigencia del movimiento popular. A pesar de los diversos discursos del presidente Chávez haciendo alusión a la importancia que como sujeto protagónico de la revolución tenía el poder popular autónomo y con “consciencia política revolucionaria”, esto se soslayó por parte de toda la dirección del Partido y de la mayoría de la alta cúpula de gobierno. Es más, el día siguiente a las elecciones presidenciales (8 de octubre del 2012), en donde fue claro ganador, el Presidente Chávez reconvenía a sus ministros y especialmente a su vicepresidente por haber dejado de lado el propósito fundamental de la revolución de constituir un nación basada en el poder popular revolucionario (Consejo de Ministros y Golpe de Timón.

En el plano estricto de la política económica, podemos decir que se profundiza el capitalismo rentístico, que sirve de sustento a dos posiciones contrapuestas en los diversos sectores que apoyan al gobierno. Por un lado, un sector no homogéneo[35] con mucho poder, que va adquiriendo perfil propio y desarrolla vínculos expresos con el sector financiero[36] y con empresas productoras e importadoras, así como con empresas surgidas de los convenios que en el plano de la geopolítica mundial va estableciendo el gobierno con países como: Brasil[37], Argentina, China, Rusia, Irán, entre otros. Para este sector su visión de socialismo del siglo XXI es la del control que el Estado debe tener en parte importante de la actividad económica[38],  lo que se manifiesta indefectiblemente en el control de la renta petrolera. Este sector no niega la puesta en marcha de políticas sociales, pero ya no como un derecho que tiene la población, sino como un mecanismo de control social y de clientelismo político.

 

Por otra parte, al  gobierno, se van alineando también, ciertos grupos de poder económico tradicionales, quienes luego de la derrota sufrida durante el paro petrolero, ven necesario seguir recibiendo su cuota como parte de la renta petrolera, un ejemplo de ello es la alianza entre el gobierno de Chávez y el empresario Gustavo Cisneros[39]. Mientras que otros sectores económicos, comprometidos más con la oposición política tradicional[40] y emergente[41] y sus vasos comunicantes con grupos de poder en Estados Unidos, continúan en la búsqueda de diversos mecanismos, constitucionales o no, para salir del gobierno de Chávez. 

Simultáneamente del lado de la revolución, desde el punto de vista político,  se dan otros sectores, bastante dispersos y extremadamente heterogéneos, sin poder de decisión en la política económica,  de allí se pueden conjeturar dos grandes actores. Uno relacionado con diversos grupos e individualidades (académicos, lideres revolucionarios, del movimiento popular entre otros) con una visión muy ortodoxa del socialismo del siglo XXI, enclavado en los prejuicios de la vieja izquierda, que ubica la lucha en el plano del campismo (enemigo principal y el enemigo secundario) que tiene una concepción de la geopolítica mundial sustentada en que el enemigo a derrotar es el imperialismo norteamericano, por lo tanto niega la crítica abierta y directa a la concepción proburguesa y a la relación del PSUV y del gobierno con sectores del capital corporativo y los oligopolios nacionales, y asume que la misma debe quedar en un segundo plano, ante la lucha que se debe librar contra el enemigo “estratégico fundamental”.

El otro sector, más débil aun en términos; organizativo y mediático, pero no menos en términos de contenido, el cual concibe la construcción de una propuesta de “proyecto de país” a partir de la lucha en procesos de emancipación que den al traste con la lógica del capital y sus diversas modalidades, donde se asume que la construcción de una propuesta distinta es un proceso histórico social que es imposible lograr, sino se trasciende el modelo extractivista, si no se profundiza el desarrollo del poder popular y no se toma en cuenta a la naturaleza. Este sector con muy poco despliegue a nivel nacional, viene planteando la necesidad de un proceso profundo de críticas y de revisión de la propia revolución bolivariana, pero también de los liderazgos y el tipo de  política que estos han venido encarnando, que para nada, se diferencia de la política realizada por los partidos que representan el puntofijismo.     

 

3.      Agotamiento del proceso y el desmontaje de los referentes de la revolución bolivariana. Este proceso se profundiza luego del 2013, con la muerte del presidente Chávez.

Con la pérdida del referéndum para modificar la constitución y con una correlación de fuerzas favorable en la Asamblea Nacional (AN), el presidente Chávez decide avanzar, en el marco de una ley habilitante otorgada por la AN, aprobando un conjunto de leyes con las cuales buscaba profundizar, desde el punto de vista normativo (legal), los referentes de la revolución, me refiero concretamente, al tema del poder popular, la creación de las comunas como instancias de autogobierno y desarrollo del poder popular y las empresas de propiedad social, entre otras.

En el plano internacional, luego de la crisis financiera del 2008, cuyo epicentro fue la economía de los Estados Unidos, los precios del petróleo comienzan a subir hasta lograr máximos históricos manteniéndose durante los años 2011,2012 y 2013 por encima de los 100USD por barril, situación que obviamente beneficia las finanzas del estado petrolero aunque paradójicamente, en el marco del control cambiario[42], se incrementa la deuda total y se sigue generando la fuga de capitales.

Cabe señalar que aunque en Venezuela existe un control cambiario desde 2003, en el país se ha venido produciendo de manera gradual y acelerada una fuga de capitales que llego a ubicarse entre 1998 y 2013 en un monto estimado de 259.234 millones de USD[43], siendo emblemático el año 2008 y el 2011, cuyo monto se estima en promedio anual en 53.327 y 48.548 millones de USD, respectivamente.

A partir del 2013 confluye la muerte del presidente Chávez con una baja significativa en los precios del petróleo, al pasar estos de 103,60 USD por barril durante el tercer trimestre del 2013 a ubicarse en 24,71 USD por barril durante el primer trimestre del 2016. Esto contribuye para poner de  manifiesto una profunda crisis en Venezuela, que como hemos calificado a comienzos de este documento, es una crisis compleja de carácter estructural.

La élite de poder que controla la política económica del país y que se expresa en el control nacional que tienen del PSUV, una vez que fallece el presidente Chávez, comienza a tener perfil propio y pone en marcha el desarrollo de una estrategia que se inicia con el desmontaje de los referentes políticos e institucionales de la revolución bolivariana, desarrollando una política económica que busca garantizar y desarrollar las inversiones del capital internacional expresado en una nueva correlación de fuerzas internacionales, donde es obvio el auge de los capitales chinos y rusos, aunque ello signifique, como efectivamente está ocurriendo, un profundo revés de los logros que en materia social[44] y de derechos humanos[45] había obtenido el proceso de cambio venezolano.

En cuanto a los referentes de la revolución, que han sido desmontados progresivamente, podemos mencionar, el tema del poder popular y la creación de las comunas considerados los sujetos protagónicos de la revolución bolivariana, se han ido sustituyendo progresivamente, en términos de discurso e importancia, por la construcción de lo que el gobierno denomina como: los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que no es más que la venta, a los sectores populares identificados con el gobierno, de bolsas de comida a precios subsidiados.

Por otra parte, han sido progresivamente eliminados los organismos microfinancieros o por lo menos diezmados en cuanto a su actuación en la política socioproductiva, regulándolos por la Ley de bancos y supervisándolos a través del ente (SUDEBAN) que controla al sector financiero bancario, es decir, entran en las normas de Basilea[46].

De igual forma, se crea por primera vez en toda la historia republicana del país más de diez empresas asociadas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una clara mercantilización[47] de esta fuerza,  que no tiene nada que ver con la Doctrina Militar bolivariana, porque una cosa es que la FANB participe en el desarrollo nacional, tal como está contemplado en el artículo 328 de la CRVB y otra muy diferente es lo relacionado con la creación de empresas mercantiles, lo que nos lleva a inferir que existe una clara política dirigida a un proceso de corporatización de la FANB.  La función de mercantilización de la FANB, se puede revisar en la política asociada al Motor Industrial Militar creado en fecha 18/11/2014 en el marco del Decreto[48] que crea las zonas económicas especiales. Por otra parte en diciembre 2016 se excluye a las empresas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del ámbito de control y supervisión de la Contraloría General de la República[49], es decir, su actuación administrativa y financiera queda al margen de la Contraloría General de la República, otorgándole dicha responsabilidad a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana[50]. 

La Actual Crisis como Expresión de un Modelo Rentístico que no fue superado y de un proceso político que se fue agotando y desvirtuando en el marco de sus propias contradicciones.

Es innegable que después de casi dieciocho (18) años de iniciado el proceso de cambio en Venezuela liderizado por Chávez, nos encontramos hoy en día con una realidad que, lejos de haber generado unas bases sólidas que permitieran construir una independencia de la renta petrolera o por lo menos un colchón[51]para soportar los vaivenes del mercado petrolero mundial, es claro que la disminución a nivel internacional del precio del petróleo, nos ha demostrado que muy poco ha cambiado la estructura económica de nuestro país y que lamentablemente, en algunos aspectos, hemos profundizado nuestros problemas estructurales, teniendo como corolario una mayor dependencia de la renta petrolera y por ende con una situación muy vulnerable al manejo de la geopolítica energética mundial.

Pero también debemos decir, que una vez que estalla la crisis, la elite de poder que controla al Estado[52] termina, en aras de mantenerse en el mismo, enfrentando varias contradicciones.

1.      La contradicción entre el mantenimiento de los compromisos internacionales[53] versus la inversión social que hasta el 2013 era uno de los grandes logros que había tenido la revolución bolivariana. Según fuente INE[54] durante el 2013, el país importó la cantidad de 9.800 millones de kilogramos de alimentos, mientras que en el 2016 se importaron apenas 3.900 millones de kilogramos, es decir, la importación de comida se redujo en un 60%. Mientras tanto el presidente Nicolás Maduro declaro  el 25 de agosto del presente año que su gobierno había pagado, durante los últimos 24 meses, en compromisos internacionales la suma de 65.000 millones de USD[55], aduciendo dudosamente que a pesar de cancelar dichos compromisos, ello no ha significado la “reducción de los programas sociales”.

 

2.      La otra contradicción que surge entre asumir autocríticamente los errores y debilidades de no haber sentado las bases para cambiar o hacer menos dependiente al país del modelo productivo rentista petrolero,  lo que innegablemente conllevaba a tener una clara y decidida voluntad política para reorientar la política económica y emprender un proceso firme, transparente y ciudadano para investigar y detener el desfalco a la nación o, lo que efectivamente ocurrió, que fue la evasión de responsabilidades, construyendo un discurso donde se le atribuyó toda la responsabilidad de la crisis a una “guerra económica”[56], que al principio se asociaba a los empresarios y al contrabando de extracción[57] y  posteriormente a un sector del pueblo que como forma de buscar paliar sus mermadas condiciones de vida[58]  empieza a vivir de una economía de arbitraje que se sustenta en el diferencial entre el precio regulado de los productos y el precio que como consecuencia de la escasez –generada por una disminución significativa de las importaciones[59] y por ende de la producción nacional- va estableciendo el mercado y la especulación generalizada. Dicha economía de arbitraje o economía “bajo la sombra”[60] se convierte progresivamente en el mecanismo que determina la dinámica de la economía venezolana, muy sensibilizada por el efecto pernicioso que la propia crisis económica y política genera sobre el tipo de cambio y los intereses especulativos que en torno al enorme diferencial cambiario se aglutinan, por parte de ciertos sectores que tuvieron y siguen teniendo acceso a dólares preferenciales[61].

 

3.      La otra contradicción se presenta en torno a la profundización del modelo extractivista  versus el principio de soberanía, respeto y preservación de la naturaleza. Es así como ante el evidente agotamiento del modelo rentista petrolero, el gobierno de Nicolás Maduro, en el marco del Decreto que crea las Zonas Económicas Especiales, crea el Decreto 2.248 de fecha 24 de febrero de 2016, mediante el cual se define la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco (AMO), que contempla un aproximado de 112.000 Km²  del territorio nacional que está siendo entregado para su explotación indiscriminada a empresas transnacionales[62]. Por otra parte, este Decreto es un evidente desmontaje de la Constitución del 99 y de los referentes que en materia de logros en derechos sociales y ambientales se había sustentado la revolución, ya que, a través de la megaminería a gran escala, se dañará irreversiblemente los frágiles ecosistemas mega-biodiversos protegidos que son patrimonio natural intergeneracional de la nación, en virtud de que se afectan (como efectivamente está ocurriendo con la minería ilegal) importantes ríos y cuencas, así como una megadevastación forestal y de los suelos. De igual modo, se estima que generara un etnocidio masivo a nuestros pueblos originarios que habitan en esa zona[63]. 

 

4.      El dilema entre un discurso democrático y revolucionario en defensa de la Constitución y su desmontaje progresivo deslizándose hacia una modalidad de gobierno autoritario. Esta situación conduce a la contradicción entre buscar mantenerse en el poder versus respetar el marco electoral que sustenta el Estado de derecho y el orden constitucional, a pesar de que los procesos electorales les sean adversos. Luego de que la oposición ganara las elecciones parlamentarias en diciembre del 2015, donde indudablemente ocurre un quiebre histórico al obtener la coalición de partidos organizados en la MUD las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN)[64] con 112 diputados de los 167 en total y el PSUV y los partidos aliados organizados en torno al Gran Polo Patriótico obtener 55 diputados. A partir de esta situación la crisis política del país se profundiza, caracterizada por una polarización que queda atrapada en una lógica de violencia y de violación abierta y permanente, por parte de ambos bandos, a la Constitución del 99, donde para el gobierno se plantea el dilema de mantenerse en el poder a como dé lugar aunque ello implique, como efectivamente viene ocurriendo, la ruptura del orden constitucional y por ende el desconocimiento del modelo de Estado que está consagrado en nuestra Constitución, y en el caso de la oposición-MUD en una situación similar, al pretender sacar, por cualquier vía, al presidente Nicolás Maduro de la Presidencia de la República antes de finalizar su mandato como está contemplado en la propia Constitución. Es en este ámbito de la polarización política, atrapada en una racionalidad de exterminio mutuo como actores políticos, que se suscitaron los siguientes eventos que de alguna forma determinaron la profundización de la crisis política - institucional:

a.       Antes de ocurrir la toma de posesión de los nuevos diputados a la AN, en diciembre del 2015, la AN saliente reestructura al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al nombrar nuevos magistrados cercanos al PSUV-gobierno, inclusive sin contar estos, con las credenciales necesarias para ejercer dicho cargo, es decir, como magistrados del TSJ[65].

b.      Una vez nombrados los nuevos magistrados y al tener el PSUV-gobierno una correlación de fuerzas favorables en el TSJ, este actuando a petición de la dirigencia del PSUV declara fraude en las elecciones de los diputados (indígenas) del estado Amazonas, anulando la designación de estos, a pesar de que habían sido juramentados por el Poder Electoral, y dejando sin representación en el parlamento al estado Amazonas.

Es así como, a partir de estos eventos, que se genera un proceso progresivo de desmontaje de la Constitución del 99, donde el nuevo TSJ se convierte en la punta de lanza del PSUV-gobierno para impedir el avance político-institucional de la oposición-MUD y, por ende, de cualquier factor de oposición al gobierno. En este sentido, se debilita a la AN al declararla en “desacato” por parte del TSJ[66], se le otorga poderes extraordinarios al Presidente de la República para legislar en materia económica y de toda índole[67], se impide la realización del referéndum presidencial del año 2016, a pesar de que la oposición había logrado cumplir con los parámetros establecidos para ello, tal como lo definen tanto la Constitución como el marco electoral.

El punto álgido de desconocimiento y de desmontaje de la Constitución y, por ende, de todo el orden constitucional vigente, ocurre cuando en una flagrante violación a los artículos 347 y 348, se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, erigiéndose  esta, a partir del 30 de julio del presente año, en un poder supra constitucional  ilimitado,  rebasando en esencia los propios límites que a ella le consagra la vigente Constitución del 99, que no es más que se convoca a una ANC “... con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, donde para que así sea, una vez diseñada la nueva constitución, su aprobación (legalización y legitimación) deberá ser a través de una aprobación por parte del pueblo, mediante el llamado a referéndum, tal como lo establece todo el articulado de la Constitución, mientras ello no ocurra, el orden constitucional actual y por ende la Constitución no perderá su vigencia tal como lo establece el artículo 350 de la propia CRBV cito:

“Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

5.      Finalmente, la contradicción que se genera entre el discurso socialista y antiimperialista,  mientras se van creando las bases y las alianzas para la consolidación de un proceso abierto de entrega de territorio, de facilidades y de recursos al capital internacional, caracterizado por la nueva correlación de fuerzas que viene ocurriendo en la geopolítica mundial con la activa participación de China y Rusia. Es por ello que, quienes conducen los destinos del país post Chávez y, partiendo de la lógica Estado-céntrico, buscan promover y consolidar estas alianzas a través, entre otros aspectos, de la puesta en marcha de lo que se denomina las Zonas Económicas Especiales[68],  buscando convertirse en una opción segura para el desarrollo y la inversión de dichos capitales, a diferencia de los grupos y sectores aglutinados en torno a la oposición-MUD que busca disputarles el poder.

 

Perspectivas

Sin lugar a dudas que todos los eventos; antes, durante y después, de los resultados electorales obtenidos el pasado 15 de octubre[69], lejos de generar condiciones para conjurar, por lo menos desde el punto de vista político, la crisis venezolana y abrir cauces que permitan perfilar acuerdos para atender el profundo drama social y económico que tiene el país, no parece ser una opción en el corto plazo.  Nos encontramos entonces, con una oposición desmoralizada y una dirigencia opositora deslegitimada y corrompida, que no tiene nada, por lo menos declarativamente hablando, que ofrecerle al pueblo venezolano como opción creíble para salir de la crisis. Por otro lado, tenemos a un gobierno que en su afán por mantenerse en el poder, ha tenido que sacrificar buena parte de lo que habían sido los referentes del proceso bolivariano y del modelo político contenido en la Constitución vigente, deslizándose cada vez más hacia un régimen autoritario. 

Es obvio que tanto ayer como hoy, somos más dependientes de la renta petrolera y por ende seguimos padeciendo del manejo geopolítico que existe detrás del control petrolero mundial y del reacomodo de la geopolítica, el gran desafió que nos confronta con el futuro inmediato y el tiempo de la carga histórica que significa habernos atrevido como pueblo a soñar con la construcción de “otro mundo posible”, nos obliga hoy más que nunca a retomar las banderas de la revolución y a seguir atreviéndonos a soñar para culminar la tarea pendiente, que significa sentar las bases de una estructura económica social que transite en la construcción de un modelo productivo no extractivista que privilegie la propiedad social y colectiva sobre los medios de producción, que reafirme la soberanía y logre la eficiencia de las industrias estratégicas del país, respetando la biodiversidad y que le declare la guerra al capital especulativo, combatiendo con firmeza la corrupción en cualquier ámbito y nivel donde se desarrolle.   

Para finalizar y mirar al futuro, creo que tiene mucha vigencia la siguiente cita de José Saramago, publicada en cuadernos de Lanzarote:

 “…nuestra elección no tiene por qué ser hecha entre socialismos que fueron pervertidos y capitalismos perversos de origen, sino entre la humanidad de lo que el socialismo puede ser y la inhumanidad que el capitalismo siempre ha sido. Aquel capitalismo de “rostro humano”, del que tanto se habló en décadas anteriores, no pasaba de una máscara hipócrita. A su vez el “capitalismo de Estado”, funesta práctica de los países  llamados del “socialismo real”, fue una caricatura trágica del ideal socialista.  Pero ese ideal, a pesar del pisoteado y escarnecido, no murió, perdura, continúa resistiendo: tal vez por ser, simplemente, aunque como tal no venga mencionado en los diccionarios, un sinónimo de la esperanza”.[1]