Adelanto de efectivo por parte de personas no autorizadas, personas jurídicas y naturales, encaja perfectamente dentro de la figura de la USURA. Si el gobierno o ninguna institución penal es capaz de castigar semejante delito, entonces es porque seguimos con un Ministerio Público (MP) y unos tribunales y una policía que dejan mucho que desear.
Todo ese protocolo o papeleo judicial que convierte el delito en un negocio sigue vigente ahora por la tardanza que siempre caracterizó el ejercicio de la justicia en Venezuela.
El actual MP se aboca a casos pasados o engavetados de otrora, pero muy poco-no lo leemos ni oímos por la TV, de casos vigentes que se cometan a diario y ante las narices de policías, de jueces, de tribunales y de todos los usuarios de los comercios donde operan estos usureros dispensadores de efectivo con intereses usurarios, mientras la banca privada no lo hace.
Esta banca privada, entonces, debería ser desautorizada para seguir ejerciendo como tal, si no no cuenta con ejecutivo y tiene estos competidores, suerte e buhoneros o bachaqueros de las finanzas.
04/11/2017 08:44:31 p.m.
