Recientemente el diario norteamericano The Wall Street Journal publicó la información en la cual el Banco Central de Venezuela habría cajeado bonos emitidos por PDVSA en 2014 y cuyo vencimiento es en el año 2022. En dicha negociación, el BCV obtendría liquidez por el orden de 865 millones de dólares, a cambio de un activo cuyo valor facial es de 2.800 millones de dólares, lo cual supone un descuento del 69%. La información señala que los bonos fueron adquiridos por el grupo financiero Goldman Sachs, el cual emitió un comunicado confirmando la transacción.
Al momento de escribir la presente nota, el Gobierno venezolano no ha desmentido la operación, pero de confirmarse oficialmente implica una desmejora en la situación financiera de PDVSA y el conjunto de la nación, ya que se estaría cambiando deuda interna e intergubernamental por deuda con agentes externos, específicamente con una firma ampliamente señalada de lucrarse con operaciones financieras que involucra a países que atraviesan por crisis económicas como en el caso de Grecia e Italia luego de la crisis financiera de 2008.
En los países capitalistas atrasados, es recurrente la actuación del capital financiero sacando provecho de situaciones de falta de liquidez e insolvencia relacionada con las acreencias externas de dichas naciones. En ese sentido, Venezuela no es la excepción y a lo largo de las últimas décadas se han presentado situaciones similares. Por ejemplo en 1984, el gobierno de Jaime Lusinchi firmó un acuerdo restructuración de la deuda externa en la cual se reconocieron 7000 millones de dólares de deuda privada, aumentando con ello en 25% la deuda externa total, sentando las bases de la crisis que se desataría en 1989.
Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se emitieron los Bonos Cero Cupón como instrumento de política monetaria, al tiempo que se liberaron las tasas de interés. Esto llevo a que los rendimientos de dichos bonos alcanzaran tasas muy elevadas que tenían que ser pagadas con fondos públicos y tipos de interés cercanos al 100% en la banca comercial. Lo insostenible de dicha política derivó en la crisis financiera de 1993, la cual produjo erogaciones equivalentes al 4% del PIB por parte del Ejecutivo Nacional para el “rescate financiero” que se implementó.
En 1997 durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, se realizó el canje de Bonos Brady por Bonos Globales, cambiando deuda de vencimiento de largo plazo por nueva deuda a un interés mayor, elevando con ello la deuda en 8.000 millones de dólares. Dicha operación se realizó sin la autorización del extinto Congreso Nacional y se acusó a dos ministros de recibir comisiones para la realización de dicho canje. Algo parecido ocurrió con los “Ven18”, bonos emitidos en 1998 a una tasa muy superior a los estándares internacionales.
Durante el proceso bolivariano no han faltado operaciones similares, con el aditivo de que se obtienen beneficios del diferencial entre la tasa cambio oficial y la del mercado paralelo. El caso de las notas estructuradas y de los bonos SITME son similares, ya que se emitieron bonos que podían ser comprados en bolívares, pero que se cambiaron por dólares a una tasa superior a la oficial, con ello se realizaron operaciones irregulares de al menos 20 mil millones de dólares. Todos los casos anteriores confirman el carácter burgués del Estado venezolano, y de una economía capitalista atrasada, que mantiene lazos de dependencia con el capital financiero internacional.
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