19-10-18.-La organización considera que el funcionario debe responder por presuntas violaciones de derechos humanos
Al director del Sebin, Gustavo González López, lo señalan por presuntamente desconocer boletas de excarcelación de presos políticos, por no permitir las visitas a presos como el diputado Juan Requesens. También, por la muerte del concejal Fernando Albán, que ocurrió en una de las sedes de la policía política. Por eso, organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) no solo han reparado en sus actuaciones, sino que han pedido que sean investigadas.
Inti Rodríguez, coordinador de Provea, planteó que el funcionario no solo debe salir del cargo, sino que debe establecerse su supuesta responsabilidad en "muchas de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos cuatro años".
Por considerar que no hay instancias nacionales que garanticen una investigación sin sesgos, Provea subraya que se puede apelar a instancias internacionales, como Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de DDHH.
Gustavo González López, militar de carrera, ha desempeñado varios cargos en la administración pública, tales como presidente del Metro de Caracas y comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Interiores, donde tuvo a su cargo las OLP, y ahora dirige el Sebin. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá lo sancionaron.
Dejar de tener "silencio cómplice"
El defensor de derechos humanos acudió este jueves 18 de octubre a la protesta convocada por gremios, partidos y dirigentes en las puertas del Ministerio Público. A criterio de Rodríguez, el fiscal designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, debería ser un funcionario independiente y ponerse al frente "de las investigaciones contra los abusos de derechos humanos", pero "ya hemos perdido toda esperanza" de que lo haga.
En la lista de reclamos también figura Alfredo Ruiz, defensor del pueblo y activista de derechos humanos.
"Estos dos funcionarios han guardado un silencio cómplice" que "no es de ahora", comentó Rodríguez, quien recordó que cuando Saab y Ruiz estaban en la Defensoría -uno como defensor y otro como director general- comenzaron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), con ejecuciones, allanamientos y desalojos.
Ya en ese momento -cuando ocurrió el desalojo del barrio La Invasión, en Táchira, y fueron deportados más de 1.000 ciudadanos colombianos- González López tenía altas responsabilidades: "Era el ministro de Relaciones Interiores".