(Caracas, 5 de septiembre de 2018) Tras la acusación presentada por el Ministerio Público, se materializó el pase a juicio de los exoficiales de la Policía Municipal de Los Guayos (estado Carabobo), Óscar José Quintero Díaz (29) y Erik Franklin Chirinos Amaya (27), tras haber sido vinculados con la desaparición forzada y posterior muerte de los hermanos Crisanto y Hormidas Vega Lizarazo, de 29 y 31 años, respectivamente.
El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2014 en el municipio Los Guayos y por ende, los representantes de las fiscalías 62a nacional y 35a de Carabobo acusaron a los exuniformados por el delito de desaparición forzada de personas, de conformidad con el artículo 180 del Código Penal.
La audiencia preliminar se llevó a cabo ante el Tribunal 3º de Control de Carabobo, el cual ordenó el pase a juicio de Quintero y Chirinos. No obstante, también les acordó medidas cautelares sustitutivas de libertad, por lo que deberán cumplir con un régimen de presentación cada 45 días ante el juzgado.
Asimismo, tienen prohibición de salida del país y de comunicarse con las víctimas indirectas, así como la obligación de estar atentos a los llamados del tribunal de la causa.
El día del hecho, las víctimas fueron detenidas por ambos exagentes policiales en medio de un operativo desplegado en el sector El Roble de la citada localidad, cuando se dirigían a buscar un repuesto en una motocicleta.
Los exoficiales obligaron a los hermanos a bajarse de la moto, los golpearon y los llevaron hasta la sede administrativa del referido organismo policial, situada en el sector 3 de la urbanización Las Agüitas.
El paradero de los Vega Lizardo fue desconocido hasta el 23 de octubre de 2014, cuando efectivos del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), con apoyo de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Publico, ubicaron sus cadáveres en la autopista Panamericana a la altura del sector Bellorín, en el municipio Bejuma.
En el lugar fueron colectadas tres conchas de proyectil, dos balas, un segmento de plomo parcialmente deformado de calibre 9 milímetros, entre otros elementos claves para la investigación emprendida por la institución garante de la legalidad en el país.
Tras la denuncia efectuada ante el Cicpc en Valencia, los implicados en el caso fueron imputados por el Ministerio Público el 4 de abril de 2016.
